Roberto Ramírez Bracho
Expediente 852/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Roberto Ramírez Bracho
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, informa que acepta la competencia declinada por este órgano de control constitucional, por lo que registró el juicio de amparo directo bajo el número 446/2018. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, aceptó la competencia declinada del presente asunto, en esas condiciones, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en ********************del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que requirió constancias a efecto de calificar la legalidad de la competencia declinada por este Juzgado; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, quien autoriza y da fe.Ser*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Roberto Ramírez Bracho y Celia Ramírez Barajas, contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 852/2018-IV que por orden le corresponde. Incompetencia Ahora, de conformidad con lo establecido en el numeral 34, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por las razones siguientes: Los promoventes de amparo reclaman en esta vía la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho emitida en el toca 90/2018-2 emitida por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la que confirmó la sentencia definitiva del expediente 333/2017-3, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Tales circunstancias ponen de relieve la incompetencia de este Juzgado Federal, para conocer de dicha demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." De las anteriores disposiciones legales se desprende que las resoluciones que pongan fin al juicio aun sin decidirlo en lo principal, deben ser combatidas en la vía directa, cuyo conocimiento es competencia del Tribunal Colegiado, hipótesis normativa que se actualiza al presente asunto, toda vez que el acto impugnado es la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho emitida en el toca 90/2018-2 emitida por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la que confirmó la sentencia definitiva del expediente 333/2017-3, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dada la naturaleza de la resolución que se combate y de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, incluso, cuando existiese un medio ordinario pendiente por agotar, es el Tribunal Colegiado el competente para pronunciarse al respecto, pues cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. A mayor abundamiento, como se ha precisado en párrafos que anteceden, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, cuando se trate de: a) Una sentencia definitiva o laudo; o, b) Una resolución que ponga fin al juicio. Es decir, que la cualidad de sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio ya no depende de que se haya o no agotado el recurso ordinario, sino que para establecer si son materia de amparo en la vía directa ha de atenderse a su contenido; mientras que el determinar si la ley de la materia que rige el acto establece o no recurso, bastará para definir la procedencia del juicio de amparo, puesto que si el recurso no se agotó el amparo será improcedente y debe ser desechado de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La conclusión anterior, conlleva establecer que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para desechar una demanda de amparo promovida contra una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, por no haberse agotado el recurso ordinario que en su caso sea procedente y con el que pudo modificarse o revocarse esa sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio. De ahí que, en ese supuesto, no procede declarar la incompetencia legal del Tribunal Colegiado de Circuito. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de la Décima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, pág. 2362, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA DESECHAR LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA O UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, POR NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO PROCEDENTE". De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, o de resoluciones que lo den por concluido sin decidirlo en lo principal, aun, cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia o resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Pág. 95, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Roberto Ramírez Bracho y Celia Ramírez Barajas, por lo que deberá remitirse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo de Circuito, para los efectos legales a que haya lugar. Con una copia del escrito de demanda, así como con la presente determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Medios electrónicos Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza a la parte quejosa, la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Domicilio procesal y personas autorizadas Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas; asimismo, se tienen por autorizados para los mismos efectos a todas las personas indicadas en la demanda, toda vez que ninguna acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registren su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se les autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
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