Roberto Rafael Cuevas Hernández

Expediente 1321/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1321/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Roberto Rafael Cuevas Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintidós. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Roberto Rafael..., por propio derecho, regístrese bajo el número de juicio de amparo 1321/2022-I. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: a) El proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 22/2022, en la que el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que dejó sin efectos el emplazamiento de cuatro de octubre anterior a la parte demandada. b) La determinación dictada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 22/2022, en la que el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, inadmitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecinueve de octubre. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. I. El proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 22/2022, en el que el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dejó sin efectos el emplazamiento de cuatro de octubre de dos mil veintidós a la parte demandada. En el presente asunto, este órgano de control constitucional advierte que, por lo que hace al acto mencionado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo , debido a que cesaron sus efectos por haber sido sustituida procesalmente por la diversa determinación emitida el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós en el expediente 22/2022. Dicho precepto legal prevé la figura de cesación de efectos, la cual se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad responsable la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal suerte que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Es precisamente en atención a ello que se genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera jurídica de la parte quejosa, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso, es constitucional o no. Asimismo, es importante señalar que de dicha hipótesis normativa se desprenden dos supuestos de cesación de efectos, a saber: por revocación o por sustitución. El primer supuesto opera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo de los supuestos, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto que lo sustituye; por ejemplo, cuando: a) Se interpone un recurso o medio de defensa idóneo contra el acto reclamado: la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria; o bien, b) Cuando se emite una resolución determinada y, al no impugnarse en los plazos legales a través del recurso idóneo procedente, se dicta el auto que la declara firme; en ese supuesto, éste sustituye a la determinación inicialmente adoptada, porque el efecto que genera es que la resolución primigenia adquiera firmeza; y será entonces tal determinación la que rija la situación jurídica del peticionario del amparo. Sirve de apoyo la Tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, diciembre de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Bajo ese contexto, el suscrito advierte que se actualiza la cesación de efectos por sustitución, en virtud de que el acto que En el caso concreto, como se dijo, el amparista se duele de la determinación que dejó sin efectos el emplazamiento de la parte demandad el expediente 22/2022. Sin embargo, tal determinación ha sido sustituida procesalmente por la diversa de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, pronunciada por el juez responsable en el expediente 22/2022, en la cual inadmitió el recurso de revocación formulado en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Ante ello, resulta evidente que esta nueva determinación (veinticuatro de octubre de dos mil veintidós) es la que actualmente rige, porque las partes deberán ceñirse a lo ahí determinado. Por lo anterior, es claro que la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, de manera alguna violenta los derechos fundamentales del impetrante por haber cesado sus efectos, ya que ahora es la emitida el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la que impera sobre aquella. Se invoca en apoyo a lo expuesto la tesis I.2o.P.4 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado." II. La acción de amparo también se torna improcedente por lo que hace al acto resumido en el inciso b), consistente en el proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 22/2022, en la que el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, inadmitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecinueve de octubre del año en curso, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado en sentido contrario-, por no ocasionar un perjuicio de imposible reparación en la esfera jurídica del impetrante. El motivo de improcedencia analizado radica en que cuando a través del juicio de amparo indirecto se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente, por tratarse de actos intraprocesales que son susceptibles de ser reparados al momento de dictarse la sentencia de fondo correspondiente o, en su caso, reclamables a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, el caso de excepción a la citada regla de improcedencia se presenta cuando se reclama un acto emitido dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la propiedad, la libertad, la vida, entre otros. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. El Alto Tribunal del país enfatizó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivos, ya que en éstos últimos, la afectación que pueden llegar a causar no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como quedó apuntado, la parte agraviada se duele de la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, pronunciada por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el expediente 22/2022, la cual inadmitió el recurso de revocación en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós en el que dejó sin efectos el emplazamiento de la parte demanda en dicho juicio. Sin embargo, pese a lo sostenido por la parte promovente, con la emisión de la determinación impugnada no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo, en razón que sus consecuencia no tienen injerencia sobre de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; por el contrario, la única consecuencia que conlleva la actuación de la responsable radica en que se continúe substanciando el juicio de origen. Es más, los perjuicios que pudiera irrogar la determinación combatida podrán ser reparados en la sentencia que llegue a dictarse en el expediente 22/2022, en el cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si las infracciones que ahora argumenta la parte impetrante le deparan o no algún perjuicio, pues pudiera darse el caso que el juez responsable dictara fallo a su favor, o en su defecto, podrá hacer valer como conceptos de violación los actos procesales que aquí reclama al momento de impugnar dicha resolución en amparo directo, conforme lo establecido por el artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que expone, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia ya analizadas, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Roberto Rafael Cuevas Hernández. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este recinto judicial, toda vez que el correo electrónico y el número telefónico que señala para tal efecto no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo, como medios de notificación; sin embargo, se podrá entablar comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para la práctica de diligencias. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, suprima dicha información o datos sensibles al elaborarse la versión pública de las sentencias y resoluciones que aquí se dicten. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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