Roberto Quintero Hernandez
Expediente 1020/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Roberto Quintero Hernandez
Actuaciones
- Principal
En ese orden, por lo que hace a la diversa certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Roberto Quintero Hernández, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veinte. V I S T A la demanda de amparo presentada por Roberto Quintero Hernández, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción en Nezahualcóyotl, Estado de México; fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número 1020/2020-V. Del estudio integral de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito estima que resulta notoriamente improcedente, por las razones y fundamentos legales siguientes: A efecto de dar mayor claridad en el presente asunto, es conveniente precisar el acto reclamado, que hace consistir en: "Del C. agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción en Nezahualcóyotl, Estado de México, reclamo la abstención del Ministerio Publico de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, en la carpeta de investigación NIC: FSP/NSP/00MPI/184/00177/19/05. NUC: NEZ/FSP/SPN/062/141949/19/05." Pues bien, con relación a tal acto reclamado, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para la procedencia de la demanda de amparo; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, citado en párrafos que anteceden. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En el caso concreto, este juzgado advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, los citados preceptos constitucionales y legales, establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". CONSTITUCIÓN POLÍTICA "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido I. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: I. [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En ese orden, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido pueden impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce ese derecho fundamental en el precepto 109, fracción XXI, y del diverso precepto 258, del mismo ordenamiento legal, se obtiene que ese tipo de actos omisivos podrán ser impugnados ante el Juez de Control, quien en audiencia, previa cita a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su defensor, decidirá en definitiva. De lo anterior, se obtiene que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deban estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones de la representación social en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones de la fiscalía, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o adopte las medidas adecuadas para garantizar la satisfacción en la reparación del daño, motivando así que cesen las omisiones en perjuicio de las partes intervinientes. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Es aplicable al respecto, las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época, con registros 2017641 y 2017640, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto 2018, tomo I, materia penal, pagina 943 y 945, cuya observancia es obligatoria para este juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, del título y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De lo anterior se desprende que el Constituyente, previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones en que la representación social incurra al ejercer su facultad investigadora; no obstante, dicha prerrogativa no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley (como en el caso, contra las omisiones que reclama -omisión de realizar actos de investigación y ejercitar acción penal-), previo a la promoción de un juicio de amparo, pues con la incorporación de dicho derecho para el pasivo del delito, se buscó que contara con una defensa de sus intereses, ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el impetrante acudir a las instancias comunes que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. De ahí que, contra las omisiones que reclama (omisión de realizar actos de investigación y ejercitar acción penal) en la denuncia número NIC:FSP/NSP/00MPI/184/00177/19/05y NUC: NEZ/FSP/SPN/062/141949/19/05, en las que dice, incurre el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción en Nezahualcóyotl, Estado de México, no es procedente el juicio de amparo, dado que primero debió combatir las omisiones de que se duele mediante el medio de impugnación innominado correspondiente, ante el Juez de Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna en favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII; e incluso, se enfatiza que el propio artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala como derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias del Ministerio Público en el desempeño de su funciones, por ejemplo, omitir investigar en los plazos que marcar la ley o no determinar sobre el ejercicio o no de la acción penal, entre otros supuestos; de ahí la improcedencia de la demanda que nos ocupa. Lo anterior, dicha cuestión también se traduce en omisiones o negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, que deben ser impugnados ante el Juez de control correspondiente. Máxime, que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; esto es, no se está en el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. En ese orden de ideas, resulta improcedente la demanda de amparo, al tomar en cuenta, de la lectura integral de ésta, que la intención del promovente es combatir conductas omisivas en que dice, incurrió la representación social, relativa a la abstención del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción en Nezahualcóyotl, Estado de México, de integrar debidamente la denuncia número NIC: FSP/NSP/00MPI/184/00177/19/05y NUC: NEZ/FSP/SPN/062/141949/19/05. De donde se sigue que tales omisiones no pueden impugnarse a través del amparo, pues, se reitera, por mandato constitucional la víctima u ofendido deben impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público relacionadas o derivadas de la investigación de los delitos, y más aún cuando no esté satisfecha la reparación del daño, como sucede en el caso, en los términos previstos por el artículo 20, apartado c), fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que la víctima u ofendido tienen el derecho a impugnar, por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, ante un Juez de Control. Sin que pase inadvertido que el acto reclamado pudiera causar una ejecución de imposible reparación, pues aún en esos supuestos, la parte quejosa debió agotar los recursos o medios ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir dichas omisiones, tal como fue resuelto en la jurisprudencia por contradicción número 11/2018, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, junio de dos mil dieciocho, Décima Época, con número de registro 2017117, del texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y los diversos 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna y 109, fracción XXI, así como 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En otro orden, como lo solicita el promovente, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Por otra parte, respecto al teléfono celular y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Yuriana Rangel López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, encargada del Despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante oficio 3881/2020, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y conforme a los artículos 5 y 10 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por el secretario; Ramón Lucio Cortes Vásquez, que da fe.
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