Roberto Quevedo Zárate

Expediente 922/2023 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
922/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Roberto Quevedo Zárate

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido y de conformidad con lo ordenado en artículo 20, fracción IV, del Capítulo Sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que estableció como SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; lo anterior una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir del día en el que se haya ordenado su archivo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Ha causado estado el proveído que desechó la demanda. Devuélvanse los autos del juicio ejecutivo mercantil 224/2021, al Juez Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    En aras de una justicia pronta y expedita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; se advierte que el presente juicio es improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 del ordenamiento legal citado, debe desecharse la demanda en cita. Lo anterior es así, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Roberto Quevedo Zárate, por propio derecho, se estima que este asunto debe desecharse, en virtud de que se presentó de manera extemporánea. Del juicio ejecutivo mercantil referido en párrafos precedentes, se desprende que el acto reclamado de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se le notificó personalmente al quejoso través de su autorizado el veintiocho de junio del año en curso, diligencia que surtió efectos al día siguiente, toda vez que el artículo 1075 del Código de Comercio, señala expresamente el momento en el que surtirán efectos las notificaciones, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado; de modo que, el plazo para promover el juicio de amparo directo transcurrió del treinta de junio al tres de agosto del año en curso, descontándose el uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de julio del año en curso, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como del diecisiete al veintiocho de julio del año en curso, por ser el primer periodo vacacional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, de conformidad con la Circular 01/2023, emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. De ahí que, si la demanda de amparo se presentó el siete de agosto de dos mil veintitrés, ésta es notoriamente extemporánea, ya que el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su oportuna presentación feneció el tres de agosto del año en curso. En consecuencia, la causal de improcedencia invocada y transcrita con antelación se ve materializada en el presente caso, habida cuenta que la demanda de amparo fue promovida fuera del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que, como anteriormente se dijo, ésta fue recibida por la autoridad responsable el siete de agosto de dos mil veintitrés; por lo que debe entenderse como tácitamente consentido el acto señalado como reclamado. Sin que sea óbice que en el escrito de demanda de amparo directo, concretamente en el apartado V. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, se refiere que: ".Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la sentencia que por esta vía se impugna me fue notificada el día 29 de junio del año 2023, por lo cual el presente escrito se presenta en tiempo y forma, considerando el periodo vacacional de la autoridad responsable, así como el horario de labores de la oficialía de partes de la autoridad responsable, por lo que se presenta a la primera hora del día."; sin embargo, tal circunstancia no la acredita, y contrario a ello, de las constancias enviadas por la responsable, en específico de la certificación a la que alude el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la constancia de notificación que obra a foja doscientos ochenta y cuatro de los autos del juicio ejecutivo mercantil en comento, se advierte que la sentencia impugnada se le notificó de manera personal a su autorizado Roberto Rodríguez León, personalidad que se le reconoce en foja ochenta y uno del juicio ejecutivo mercantil en comento, el veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, se desecha por extemporánea la demanda de amparo. En cuanto a las personas que autoriza el promovente, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Instrúyase al oficial judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), adscrito a este tribunal, a efecto de que autorice el usuario "NESTOR2020", y pueda consultar el expediente electrónico de este asunto, además de recibir las notificaciones correspondientes por la misma vía. En atención a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.

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