Roberto Ponce Ricardo

Expediente 1264/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1264/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Ponce Ricardo
  • ROBERTO PONCE RICARDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia, a través del cual, informa que para estar en aptitud de dar cumplimiento a la resolución de mérito, es necesario contar con la suficiencia presupuestal, por lo que se encuentra a la espera de que el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, de la citada dependencia, emita dicha documental, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte, que la autoridad responsable informa las gestiones que aduce realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin embargo, es omisa en acreditar que solicitó la suficiencia presupuestal a la autoridad que indica, por lo que no puede tenerse desahogado del requerimiento formulado en autos. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última vez previo a aplicar la multa, a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de siete días improrrogables, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita al Director General de Programación, Organización y Presupuesto los documentos siguientes... Lo anterior, a fin de que el citado Director General de Programación, Organización y Presupuesto se encuentre en posibilidad de otorgar la suficiencia presupuestal a favor de la quejosa * por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil ocho a dos mil catorce, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, por un importe neto de * Se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que de acuerdo al artículo 17 Constitucional... Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, requiérase a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en carácter de superior jerárquico, en el plazo de cuatro días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite que ordenó a la Directora General de Recursos Humanos acatar el presente requerimiento. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 párrafo tercero, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia... Con el apercibimiento que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a ... Por último, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo siendo la única parte legitimada para interponer el medio de impugnación referido de conformidad con el artículo 87 del ordenamiento legal en cita. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Ahora bien, toda vez que en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós se formó un tomo de pruebas, con las documentales exhibidas por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en el expediente del juicio de nulidad 27558/17-17-07-8 de su índice, las cuales ya no son necesarias; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase las constancias en cita a su lugar de origen. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tendrá como tal, la constancia de notificación del oficio que se gire en el presente acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el oficio suscrito por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que por diverso oficio de nueve de agosto actual, en su carácter de superior jerárquico, instruyó a la Directora General de Recursos Humanos de la citada fiscalía para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; al efecto exhibe copia de ese oficio. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el exhorto 980/2022 con orden 1322/2022, del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 56/2022 orden 56/2022 del índice de este Juzgado, el cual se remitió de conformidad con lo ordenado en auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, a fin de notificar al Roberto Ponce Ricardo y Germán Armando Uribazo Gallo. Ahora bien, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, y en virtud de que sigue subsistente la suspensión de plano que a la letra dice: (.)Por lo anterior, y dado que la suspensión de oficio y de plano constituye un mecanismo de garantía de la libertad personal, de la prohibición de incomunicación y de la integridad personal, con fundamento en los artículos 15, 48, 112, 125 y 126 de la Ley de Amparo procede concederla para que las autoridades responsables lleven a cabo los siguientes efectos: 1. En principio, toda vez que el promovente, alega que en virtud de que México es un país con más justicia, los quejosos prefieren quedarse en territorio nacional y realizar las gestiones correspondientes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, debe precisarse que la suspensión concedida implica la abstención de devolver a los peticionarios a su país de origen. 2. Por lo que hace a la situación jurídica concreta de los quejosos, en caso de que la estancia en el país de los accionantes de amparo presenten inconsistencias en su documentación migratoria, procederá de manera inmediata efectuar los trámites relativos para determinar e informar a este Juzgado su situación migratoria, de conformidad con los artículos 81 a 115, y demás aplicables, de la Ley de Migración, informando a este Órgano Jurisdiccional la parte quejosa se encuentran en calidad de "presentados", en términos del artículo 68 de ese ordenamiento; "alojados" en una estación migratoria, de conformidad con lo que establece el artículo 111 de aquél; o bien en alguna calidad jurídica distinta. 3. En cuanto a la libertad de los peticionarios, aspecto, debe tenerse presente lo que establecen los siguientes artículos de la Ley de Amparo: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". "Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal". "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida". "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad". De acuerdo con lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que es jurídica y materialmente factible conceder la suspensión para el efecto de que los quejosos sean puestos en libertad, en tanto que su detención, por la forma como ha sido narrada por el promovente del amparo, no tiene relación con la comisión de un delito. Sin embargo, en atención a lo dispuesto en el artículo 162 de la ley de la materia, se considera pertinente establecer medidas que aseguren que los quejosos no evada la acción de la justicia, y en el caso se estiman apropiadas las siguientes: a) Que se presenten ante la autoridad migratoria encargada de registrar las firmas de las personas sujetas a procedimiento administrativo, en los días y horas que establezca dicha autoridad. b) Proporcionen a la estación migratoria en la que se encuentran, un domicilio en el que se les pueda localizar dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad ante quien se están realizando sus trámites administrativos. c) No abandonen la demarcación que corresponda al domicilio indicado, quedando a disposición de las responsables para continuar con el procedimiento respectivo. Lo anterior, a criterio de este órgano jurisdiccional y con apoyo en las consideraciones expuestas en la tesis l.20°.A.20 A (10a), visible en la página 3550, libro 51, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo 2018, Décima Época, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada". Así, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que, en cuanto los quejosos ratifiquen su demanda y acepten expresamente las condiciones anteriormente determinadas, sin mayor demora deben proceder a ponerlos en libertad, por así haberlo ordenado este Órgano Jurisdiccional y por así establecerlo la Ley de Amparo. Lo anterior sin perjuicio de que, de manera alternativa a elección de los quejosos, la Ley de Migración prevea otras opciones para seguir el procedimiento migratorio en libertad, como lo pudiera ser la figura de la custodia que prevé su artículo 101; la cual es un derecho de los migrantes, de modo que el peticionario, si así lo estima conveniente, podrá optar por dicha figura, en lugar de satisfacer las condiciones de esta suspensión, acatando en su caso lo que la Ley de Migración y su reglamento establezcan con respecto a dicha custodia; en el entendido de que ello será solamente a elección del extranjero y no es un mandato que forme parte de esta medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro digital: 169268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: l.1o.P.99 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1745, Tipo: Aislada, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos". Finalmente, al notificar y comunicar esta determinación, ordénese al Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal para que de fe de cualquier acto de aislamiento o maltrato en contra de los quejosos. Comuníquese a las autoridades responsables la suspensión para que, en el plazo de veinticuatro horas, informen sobre su cumplimiento; y hágaseles saber que la violación a cualquiera de las exigencias derivadas de la presente suspensión entraña la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de no atender este mandamiento judicial, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, cabe precisar que, desde luego, la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno si la detención decretada en contra del quejoso deriva de actos distintos a los actos aquí impugnados o emana de un procedimiento de naturaleza penal, así como, si la detención derivada de la comisión de algún ilícito penal que se le atribuya, sea o no por un delito grave así calificado por la ley penal federal o del orden común, para evitar el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia; que se le haya sorprendido en flagrancia cometiendo uno o varios delitos en cualquier modalidad; por lo que en dichos supuestos quedan expeditas las facultades de las autoridades para actuar como en derecho corresponda. Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Por tanto; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese nuevamente atento exhorto mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a la Oficina de Correspondencia de Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al juzgado a su cargo, para que se constituya en el domicilio oficial de la Estación Migratoria en Tapachula, y les notifiquen personalmente a los quejosos Roberto Ponce Ricardo y Germán Armando Uribazo Gallo, con copia del proveído de cuatro de agosto del presente año, así como de la demanda, y ante la presencia judicial, manifiesten si es su deseo ratificar la demanda promovida en su favor en los términos señalados en el citado acuerdo. Asimismo, se les deberá hacer del conocimiento a las autoridades responsables y/o vinculadas la suspensión de plano dictada en ese proveído, a fin de que den cumplimiento en sus términos, apercibidas que de no hacerlo se aplicará lo previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Finalmente, con fundamento en el arábigo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez federal exhortado, a fin de que habilite días y horas inhábiles, para llevar a cabo la notificación encomendada. Notifíquese.

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