Roberto Pineda Esteban

Expediente 321/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
321/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Roberto Pineda Esteban

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 321/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridades responsables el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 321/2018-I, promovido por Roberto Pineda Esteban, por propio derecho. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado de Distrito ese mismo día, Roberto Pineda Esteban, por propio derecho, solicitó el amparo y protección contra actos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Ayuntamiento Municipal Constitucional, presidente Municipal Constitucional, síndico del Ayuntamiento Municipal Constitucional, todos de Puente Ixtla, Morelos y éste último también miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio, regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario y Patrimonio Municipal, regidor de Hacienda, Programación y presupuesto, Bienestar Social y Turismo, regidor de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico y Servicios Descentralizados, regidor de Asuntos Indígenas, Patrimonio Cultural, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, regidor de Educación, Derechos Humanos y Planeación Urbana, regidor de Asuntos de la Juventud, Equidad e Igualdad de Género, Vinculación Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social, regidor de Gobernación y reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios, todos miembros del Cabildo Municipal del mismo Municipio y Tesorería Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia cuya omisión se reclama. SEGUNDO. Radicación y trámite. Mediante auto de veintiséis de febrero siguiente, se radicó la demanda como juicio de amparo 321/2018-I y se admitió a trámite; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se solicitaron a las autoridades responsable sus informes con justificación; se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, sin que exista persona alguna con el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). Así, se precisan como actos reclamados: De la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: La omisión de tomar las medidas legales necesarias para hacer cumplir la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016. De las autoridades municipales señaladas como responsables: La negativa, abstención y omisión de dar debido e íntegro cumplimiento a la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016. TERCERO. Inexistencia del(los) acto(s). Al rendir su informe justificado, la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (fojas 44 y 45), negó la existencia del acto reclamado, no existiendo prueba de parte del quejoso que desvirtué dicha negativa. Asimismo, la negativa de la autoridad, toda vez que el acto que se le reclama, se trata de un acto omisivo, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe. A lo anterior, tiene sustento la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de Justicia de la Nación, décima época, libro 18, mayo de 2015, tomo I, página 392, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR." En efecto, la responsable manifestó que mediante diversas resoluciones, ha requerido a las autoridades demandadas en el juicio principal, el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete. Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a su informe con justificación, relativas al juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016, documentos que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De las que se advierte que mediante sentencia de veinte de junio de dos mil diecisiete (fojas 104 a 121 del anexo I), la responsable: ? Declaró la nulidad lisa y llana de la Negativa Ficta en que incurrieron las autoridades demandadas respecto a la solicitud del actor, aquí quejoso, con sello de acuse de recibo de once de junio de dos mil diecisiete, por lo que, declaró procedente que la autoridad demandada, emitiera el acuerdo en el que se decretara a favor del ahora quejoso, la pensión por cesantía en edad avanzada a razón del 75% de su remuneración y una vez hecho lo anterior deberían realizar el pago correspondiente. ? Asimismo, condenó a la autoridad demandada Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, para que en el plazo de diez días diera cumplimiento e informara a la aquí responsable respecto a lo señalado en el párrafo que antecede, ordenando también que las autoridades demandas otorgaran al quejoso y sus beneficiarios la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, ya fuera ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ajustándose a las disposiciones legales que regulen dichos institutos. ? De igual forma condenó a las autoridades demandadas a efecto de pagar al quejoso la cantidad de $33,390.95 (treinta y tres mil trescientos noventa y cinco pesos 95/100.N), por concepto de prima de antigüedad por todo el tiempo que duró la relación administrativa y finalmente condenó al Ayuntamiento y presidente Municipal Constitucional, ambos de Puente Ixtla, Morelos, para que en el término de diez días dieran cumplimiento a la sentencia referida, una vez que ésta causara ejecutoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable también se desprende que dicha resolución causó ejecutoria el cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 156 y 157 del anexo I), por tanto, en dicho auto, la responsable requirió a las autoridades demandas para que dieran cumplimiento a los resolutivos descritos con anterioridad, sin que así lo hubieran hecho. Por lo que, mediante auto de diecisiete de noviembre del año pasado, volvió a requerir a las referidas autoridades, con el apercibimiento que de no dar cumplimento, se les impondría como medida de apremio una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, la cual, ante la contumacia de éstas, en auto de cinco de diciembre de ese año, ordenó hacer efectiva, girando para tal efecto oficio a la Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y requirió de nueva cuenta a las autoridades, aumentando el apercibimiento de multa a treinta unidades de medida y actualización. Asimismo, en auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, a las autoridades condenadas, requiriéndolas de nueva cuenta; aumentando el apercibimiento de multa a cuarenta unidades de medida y actualización, el cual volvió a hacer efectivo mediante auto de catorce de marzo de dos mi dieciocho, aumentando en dicho proveído el apercibimiento de multa a cincuenta unidades de medida y actualización. De lo que se sigue, que de la relación de constancias descritas con anterioridad, se aprecia que desde el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que causó ejecutoria la determinación de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016, a la fecha en que se presentó al demanda, es decir, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, no existe la omisión reclamada, toda vez que con lo anterior, se acredita que la autoridad ha tomado las medidas legales necesarias para hacer cumplir la sentencia referida, pues está haciendo efectivas las medidas coercitivas necesarias a efecto de hacer cumplir su determinación, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara lo anterior. Bajo este contexto, de las constancias remitidas por la Sala responsable, tampoco se observa que el quejoso haya realizado algún requerimiento, petición o reclamó por la falta de actuar en el expediente de nulidad referido en el párrafo anterior, estando en aptitud de hacerlo; entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo, es imprescindible que exista el obligación de realizar una conducta y que alguien la haya incumplido a fin de que pueda exigírsele que obre en el sentido que ese deber le impone. Es aplicable la jurisprudencia de la décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto del acto destacado y la autoridad señalada. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, del juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que las autoridades:  Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla.  Presidente Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos.  Síndico del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario y Patrimonio Municipal y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Hacienda, Programación y presupuesto, Bienestar Social y Turismo y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico y Servicios Descentralizados y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Asuntos Indígenas, Patrimonio Cultural, Seguridad Pública y Tránsito Municipal y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Educación, Derechos Humanos y Planeación Urbana y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Asuntos de la Juventud, Equidad e Igualdad de Género, Vinculación Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Gobernación y reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Tesorería Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia cuya omisión se reclama. Fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante de estar debidamente notificadas para ello, como se aprecias de las constancias de notificación glosadas en autos (fojas 33 a 43). Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza de los actos reclamados a dichas autoridades y se tienen por ciertos. QUINTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que antes de entrar al análisis de los actos reclamados, es necesario efectuar un pronunciamiento expreso sobre tal punto. En el caso, la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior, toda vez que aduce que el quejoso no agotó el principio de definitividad, en el sentido de que tenía el derecho de impugnar el acuerdo decretado mediante el recurso de reconsideración previsto en el artículo 104 de la Ley de Justicia Administrativa. Sin embargo, este Juzgado Federal no considera que se actualice dicha causa de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado en este juicio de amparo no lo constituye algún acuerdo emitido por la autoridad responsable, contra el cual la ley ordinaria de la materia conceda algún recurso, sino la omisión de tomar las medidas legales necesarias para hacer cumplir la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016; acto que como se aprecia incluso se tuvo por inexistente; de ahí que no se actualice la causal invocada. Una vez asentado lo anterior, respecto a las autoridades cuya existencia de acto se tuvo por presuntamente cierto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado en sentido inverso, que señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ello es así, porque las autoridades señaladas con anterioridad a quienes el quejoso les atribuye la negativa, abstención y omisión de dar debido e íntegro cumplimiento a la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no tienen el carácter de autoridad para los efectos de este juicio de amparo, pues si bien el juicio de nulidad que nos ocupa, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, instaurado por la Sala señalada como responsable, ello pone de manifiesto que en dicha ejecución, las autoridades referidas están sujetas al imperio y las medidas coercitivas que establece la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De lo que se sigue, que las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, tienen el carácter de demandadas en el diverso juicio de nulidad que nos ocupa, por lo que éstas intervienen y nunca dejan de estar sometidas al imperio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en una relación de supra a subordinación, por lo que no resulta posible tener a las demandas con el carácter de responsables para los efectos de juicio de amparo, al no situarse en un plano de desigualdad con el actor, aquí quejoso. Lo anterior, a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas establece el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, que implica que aquellas determinaciones que han causado estado, se materialicen en su totalidad. De lo que se sigue, que las autoridades están sujetas en ejecución de la sentencia al imperio y las medidas correctivas que establezca el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de ahí que no resulte posible tenerlas como autoridades para los efectos del amparo, además que en el caso, están condenadas a la restitución de los derechos vulnerados establecidos en la sentencia de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016, y por tanto, no tienen dentro de su esfera de atribuciones la posibilidad de modificar o extinguir el derecho del quejoso; es decir no pueden actuar con poder de imperio de manera unilateral y coercitiva, sino que están obligadas a acatar las medidas que imponga el Tribunal Administrativo, hasta el cumplimiento conforme a derecho de dicha sentencia. Lo que se hace extensivo respecto a la autoridad señalada como Tesorería Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos, pues al tener calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, conserva el carácter de parte, por ello el hecho de que no figure como demandado en el juicio de nulidad que nos ocupa no conduce a considerarlo como autoridad para los efectos de este juicio. Lo anterior, se corrobora por identidad de razón con la jurisprudencia 2ª./J. 34/2018 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado éste último en sentido inverso, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio promovido por Roberto Pineda Esteban, contra los actos reclamados en el considerando segundo de esta sentencia que reclamó de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras autoridades. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Pineda Esteban, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cuatro de mayo de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante de la Secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de cuatro de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos del juicio de amparo 321/2018-I, promovido por Roberto Pineda Esteban, por propio derecho. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado de Distrito ese mismo día, Roberto Pineda Esteban, por propio derecho, solicitó el amparo y protección contra actos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Ayuntamiento Municipal Constitucional, presidente Municipal Constitucional, síndico del Ayuntamiento Municipal Constitucional, todos de Puente Ixtla, Morelos y éste último también miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio, regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario y Patrimonio Municipal, regidor de Hacienda, Programación y presupuesto, Bienestar Social y Turismo, regidor de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico y Servicios Descentralizados, regidor de Asuntos Indígenas, Patrimonio Cultural, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, regidor de Educación, Derechos Humanos y Planeación Urbana, regidor de Asuntos de la Juventud, Equidad e Igualdad de Género, Vinculación Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social, regidor de Gobernación y reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios, todos miembros del Cabildo Municipal del mismo Municipio y Tesorería Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia cuya omisión se reclama. SEGUNDO. Radicación y trámite. Mediante auto de veintiséis de febrero siguiente, se radicó la demanda como juicio de amparo 321/2018-I y se admitió a trámite; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se solicitaron a las autoridades responsable sus informes con justificación; se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, sin que exista persona alguna con el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). Así, se precisan como actos reclamados: De la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: La omisión de tomar las medidas legales necesarias para hacer cumplir la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016. De las autoridades municipales señaladas como responsables: La negativa, abstención y omisión de dar debido e íntegro cumplimiento a la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016. TERCERO. Inexistencia del(los) acto(s). Al rendir su informe justificado, la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (fojas 44 y 45), negó la existencia del acto reclamado, no existiendo prueba de parte del quejoso que desvirtué dicha negativa. Asimismo, la negativa de la autoridad, toda vez que el acto que se le reclama, se trata de un acto omisivo, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe. A lo anterior, tiene sustento la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de Justicia de la Nación, décima época, libro 18, mayo de 2015, tomo I, página 392, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR." En efecto, la responsable manifestó que mediante diversas resoluciones, ha requerido a las autoridades demandadas en el juicio principal, el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete. Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a su informe con justificación, relativas al juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016, documentos que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De las que se advierte que mediante sentencia de veinte de junio de dos mil diecisiete (fojas 104 a 121 del anexo I), la responsable: ? Declaró la nulidad lisa y llana de la Negativa Ficta en que incurrieron las autoridades demandadas respecto a la solicitud del actor, aquí quejoso, con sello de acuse de recibo de once de junio de dos mil diecisiete, por lo que, declaró procedente que la autoridad demandada, emitiera el acuerdo en el que se decretara a favor del ahora quejoso, la pensión por cesantía en edad avanzada a razón del 75% de su remuneración y una vez hecho lo anterior deberían realizar el pago correspondiente. ? Asimismo, condenó a la autoridad demandada Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, para que en el plazo de diez días diera cumplimiento e informara a la aquí responsable respecto a lo señalado en el párrafo que antecede, ordenando también que las autoridades demandas otorgaran al quejoso y sus beneficiarios la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, ya fuera ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ajustándose a las disposiciones legales que regulen dichos institutos. ? De igual forma condenó a las autoridades demandadas a efecto de pagar al quejoso la cantidad de $33,390.95 (treinta y tres mil trescientos noventa y cinco pesos 95/100.N), por concepto de prima de antigüedad por todo el tiempo que duró la relación administrativa y finalmente condenó al Ayuntamiento y presidente Municipal Constitucional, ambos de Puente Ixtla, Morelos, para que en el término de diez días dieran cumplimiento a la sentencia referida, una vez que ésta causara ejecutoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable también se desprende que dicha resolución causó ejecutoria el cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 156 y 157 del anexo I), por tanto, en dicho auto, la responsable requirió a las autoridades demandas para que dieran cumplimiento a los resolutivos descritos con anterioridad, sin que así lo hubieran hecho. Por lo que, mediante auto de diecisiete de noviembre del año pasado, volvió a requerir a las referidas autoridades, con el apercibimiento que de no dar cumplimento, se les impondría como medida de apremio una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, la cual, ante la contumacia de éstas, en auto de cinco de diciembre de ese año, ordenó hacer efectiva, girando para tal efecto oficio a la Dirección General de Recaudación de la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y requirió de nueva cuenta a las autoridades, aumentando el apercibimiento de multa a treinta unidades de medida y actualización. Asimismo, en auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, a las autoridades condenadas, requiriéndolas de nueva cuenta; aumentando el apercibimiento de multa a cuarenta unidades de medida y actualización, el cual volvió a hacer efectivo mediante auto de catorce de marzo de dos mi dieciocho, aumentando en dicho proveído el apercibimiento de multa a cincuenta unidades de medida y actualización. De lo que se sigue, que de la relación de constancias descritas con anterioridad, se aprecia que desde el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que causó ejecutoria la determinación de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016, a la fecha en que se presentó al demanda, es decir, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, no existe la omisión reclamada, toda vez que con lo anterior, se acredita que la autoridad ha tomado las medidas legales necesarias para hacer cumplir la sentencia referida, pues está haciendo efectivas las medidas coercitivas necesarias a efecto de hacer cumplir su determinación, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara lo anterior. Bajo este contexto, de las constancias remitidas por la Sala responsable, tampoco se observa que el quejoso haya realizado algún requerimiento, petición o reclamó por la falta de actuar en el expediente de nulidad referido en el párrafo anterior, estando en aptitud de hacerlo; entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo, es imprescindible que exista el obligación de realizar una conducta y que alguien la haya incumplido a fin de que pueda exigírsele que obre en el sentido que ese deber le impone. Es aplicable la jurisprudencia de la décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto del acto destacado y la autoridad señalada. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, del juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que las autoridades:  Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla.  Presidente Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos.  Síndico del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario y Patrimonio Municipal y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Hacienda, Programación y presupuesto, Bienestar Social y Turismo y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Económico y Servicios Descentralizados y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Asuntos Indígenas, Patrimonio Cultural, Seguridad Pública y Tránsito Municipal y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Educación, Derechos Humanos y Planeación Urbana y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Asuntos de la Juventud, Equidad e Igualdad de Género, Vinculación Social, Relaciones Públicas y Comunicación Social y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Regidor de Gobernación y reglamentos, Protección Ambiental y Asuntos Migratorios y miembro del Cabildo Municipal del mismo Municipio.  Tesorería Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia cuya omisión se reclama. Fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante de estar debidamente notificadas para ello, como se aprecias de las constancias de notificación glosadas en autos (fojas 33 a 43). Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza de los actos reclamados a dichas autoridades y se tienen por ciertos. QUINTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que antes de entrar al análisis de los actos reclamados, es necesario efectuar un pronunciamiento expreso sobre tal punto. En el caso, la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior, toda vez que aduce que el quejoso no agotó el principio de definitividad, en el sentido de que tenía el derecho de impugnar el acuerdo decretado mediante el recurso de reconsideración previsto en el artículo 104 de la Ley de Justicia Administrativa. Sin embargo, este Juzgado Federal no considera que se actualice dicha causa de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado en este juicio de amparo no lo constituye algún acuerdo emitido por la autoridad responsable, contra el cual la ley ordinaria de la materia conceda algún recurso, sino la omisión de tomar las medidas legales necesarias para hacer cumplir la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016; acto que como se aprecia incluso se tuvo por inexistente; de ahí que no se actualice la causal invocada. Una vez asentado lo anterior, respecto a las autoridades cuya existencia de acto se tuvo por presuntamente cierto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado en sentido inverso, que señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ello es así, porque las autoridades señaladas con anterioridad a quienes el quejoso les atribuye la negativa, abstención y omisión de dar debido e íntegro cumplimiento a la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no tienen el carácter de autoridad para los efectos de este juicio de amparo, pues si bien el juicio de nulidad que nos ocupa, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, instaurado por la Sala señalada como responsable, ello pone de manifiesto que en dicha ejecución, las autoridades referidas están sujetas al imperio y las medidas coercitivas que establece la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De lo que se sigue, que las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, tienen el carácter de demandadas en el diverso juicio de nulidad que nos ocupa, por lo que éstas intervienen y nunca dejan de estar sometidas al imperio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en una relación de supra a subordinación, por lo que no resulta posible tener a las demandas con el carácter de responsables para los efectos de juicio de amparo, al no situarse en un plano de desigualdad con el actor, aquí quejoso. Lo anterior, a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas establece el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, que implica que aquellas determinaciones que han causado estado, se materialicen en su totalidad. De lo que se sigue, que las autoridades están sujetas en ejecución de la sentencia al imperio y las medidas correctivas que establezca el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de ahí que no resulte posible tenerlas como autoridades para los efectos del amparo, además que en el caso, están condenadas a la restitución de los derechos vulnerados establecidos en la sentencia de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad TJA/1ªS/274/2016, y por tanto, no tienen dentro de su esfera de atribuciones la posibilidad de modificar o extinguir el derecho del quejoso; es decir no pueden actuar con poder de imperio de manera unilateral y coercitiva, sino que están obligadas a acatar las medidas que imponga el Tribunal Administrativo, hasta el cumplimiento conforme a derecho de dicha sentencia. Lo que se hace extensivo respecto a la autoridad señalada como Tesorería Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente Ixtla, Morelos, pues al tener calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, conserva el carácter de parte, por ello el hecho de que no figure como demandado en el juicio de nulidad que nos ocupa no conduce a considerarlo como autoridad para los efectos de este juicio. Lo anterior, se corrobora por identidad de razón con la jurisprudencia 2ª./J. 34/2018 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado éste último en sentido inverso, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio promovido por Roberto Pineda Esteban, contra los actos reclamados en el considerando segundo de esta sentencia que reclamó de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras autoridades. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Pineda Esteban, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cuatro de mayo de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante de la Secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las pates que mediante oficio SEADS/362/2018, de catorce de marzo del año en curso, el Secretario Ejecutivo de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que la Comisión de Adscripción del citado órgano, en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano, designándolo como Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las ONCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

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