Roberto Pérez Zepeda
Expediente 2293/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2293/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/01/2018
Partes del expediente
- Roberto Pérez Zepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la razón secretarial, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 22 a 24), dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario Adjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a través del cual informa que el Magistrado Presidente conminó al Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio. Por otra parte, téngase por recibido el oficio con anexo suscrito por el aludido juez responsable por medio del cual informa que mediante auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, asimismo, solicita que se le proporcione el domicilio de la aquí quejosa, a fin de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación procesal. [...]
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, del Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. En consecuencia, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora, tomando en consideración que la junta responsable remite el original del expediente laboral D-4/329/2015 de su índice, recábese copia certificada de las constancias que tienen relación con el acto reclamado y devuélvanse los autos originales del citado expediente a su lugar de origen, a fin de evitar dilaciones innecesarias dentro del citado juicio laboral y se prosiga con el impulso procesal que le corresponda, en términos de los artículos 14 y 17 constitucionales, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Ahora, dada la voluminosidad de las aludidas constancias, existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que con fundamento en los artículos 91 y 92 del ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, de conformidad con la parte final del mencionado artículo 92, se digitaliza el acto reclamado materia de la litis, que resulta necesario para el dictado de la sentencia. Toda vez que por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se reservó el acuerdo respectivo a la prueba documental pública ofrecida por el quejoso en su escrito inicial de demanda, consistente en el informe justificado que rindiera la mencionada autoridad y como lo anterior ya aconteció; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba del quejoso la referida probanza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el quince de noviembre de dos mil diecisiete, acordó lo relativo al escrito presentado por la parte quejosa el uno de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 de su índice, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable para acordar el escrito presentado por el quejoso el uno de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 de su índice, deviene inexistente como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, en relación a la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el uno de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 de su índice, la autoridad responsable el quince de noviembre de dos mil diecisiete emitió el acuerdo correspondiente, tal y como se advierte de las documentales remitidas por la misma y que anexa al informe justificado. De todo lo anterior se advierte la inexistencia de que se habla, en virtud de que el acuerdo respectivo se emitió con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo; esto es, la autoridad responsable acordó el escrito referido el quince de noviembre de dos mil diecisiete y, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Por tanto, se concluye que en el caso el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso el uno de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 del índice de la autoridad responsable, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio, lo cual tuvo verificativo el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, toda vez que la autoridad responsable en esa fecha, ya había emitido el acuerdo respectivo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO." La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que la responsable acordó el escrito presentado por el quejoso el quince de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 del índice de la autoridad responsable antes de la instauración del presente juicio constitucional, es inconcuso que deviene inexistente la omisión. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente la omisión reclamada de la autoridad responsable en los términos apuntados en este considerando, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, del Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. En consecuencia, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora, tomando en consideración que la junta responsable remite el original del expediente laboral D-4/329/2015 de su índice, recábese copia certificada de las constancias que tienen relación con el acto reclamado y devuélvanse los autos originales del citado expediente a su lugar de origen, a fin de evitar dilaciones innecesarias dentro del citado juicio laboral y se prosiga con el impulso procesal que le corresponda, en términos de los artículos 14 y 17 constitucionales, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Ahora, dada la voluminosidad de las aludidas constancias, existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que con fundamento en los artículos 91 y 92 del ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, de conformidad con la parte final del mencionado artículo 92, se digitaliza el acto reclamado materia de la litis, que resulta necesario para el dictado de la sentencia. Toda vez que por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se reservó el acuerdo respectivo a la prueba documental pública ofrecida por el quejoso en su escrito inicial de demanda, consistente en el informe justificado que rindiera la mencionada autoridad y como lo anterior ya aconteció; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba del quejoso la referida probanza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el quince de noviembre de dos mil diecisiete, acordó lo relativo al escrito presentado por la parte quejosa el uno de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 de su índice, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable para acordar el escrito presentado por el quejoso el uno de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 de su índice, deviene inexistente como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, en relación a la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el uno de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 de su índice, la autoridad responsable el quince de noviembre de dos mil diecisiete emitió el acuerdo correspondiente, tal y como se advierte de las documentales remitidas por la misma y que anexa al informe justificado. De todo lo anterior se advierte la inexistencia de que se habla, en virtud de que el acuerdo respectivo se emitió con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo; esto es, la autoridad responsable acordó el escrito referido el quince de noviembre de dos mil diecisiete y, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Por tanto, se concluye que en el caso el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado por el quejoso el uno de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 del índice de la autoridad responsable, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio, lo cual tuvo verificativo el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, toda vez que la autoridad responsable en esa fecha, ya había emitido el acuerdo respectivo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO." La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que la responsable acordó el escrito presentado por el quejoso el quince de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral D-4/329/2015 del índice de la autoridad responsable antes de la instauración del presente juicio constitucional, es inconcuso que deviene inexistente la omisión. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente la omisión reclamada de la autoridad responsable en los términos apuntados en este considerando, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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