Roberto Peña Tovar

Expediente 546/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
546/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/06/2018

Partes del expediente

  • Roberto Peña Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    ...., se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ****, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Se tiene al Secretario de del Juzgado Cuarto de Distrito remiendo la constancia de notificación realizada al quejoso...

  3. Principal

    Por recibido el oficio 18553/2018 signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez y anexos consistentes en cuaderno de amparo 751/2018-1 y cuatro copias simples de escrito de demanda, en virtud de carecer de competencia para conocer del mismo. Acúsese recibo correspondiente y por los motivos que se vierten en la resolución dictada en los autos del juicio de amparo 751/2018-1, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 y 107 de la Ley de Amparo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 546/2018-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo , procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dicho numeral aduce: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Al respecto, el principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que pudieran revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces, de la simple lectura al arábigo transcrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificado, revocado o nulificado. e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto. (.) En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ***/2016, por medio del cual se ordena el pago de la cantidad líquida de $**** por concepto de adeudo de pensión alimentaria, y el embargo de bienes que garanticen dicha cantidad en caso de no hacerse el pago respectivo. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, se considera necesario hacer una relación de antecedentes conforme lo expone el propio quejoso en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, siendo estos: 1) El seis de diciembre de dos mil dieciséis, se solicitó divorcio incausado, conociendo del mismo el Juzgado Tercero Familiar de Cuautilán, Estado de México. 2) Dicha autoridad como dictó medidas provisionales, una pensión alimenticia a favor de los menores como de la progenitora. 3) Mediante notificación de siete de mayo de la presente anualidad, el amparista es requerido del pago de la cantidad líquida de $**** por concepto de adeudo de pensión alimentaria, y el embargo de bienes que garanticen dicha cantidad en caso de no hacerse el pago respectivo. (siendo este el acto reclamado) En esas condiciones, la parte quejosa debió cumplir con el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar el medio de impugnación que tenga el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al proceso constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que, en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Cierto, en lo atinente a la resolución señalada, el quejoso debió interponer el recurso de apelación, conforme lo disponen los artículos 1375 y 1378 y el capítulo II del título único, de las Controversias sobre el Estado Civil de las personas y del Derecho Familiar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que disponen: (.) De los transcritos numerales se desprende con toda claridad, en lo que interesa, la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones que expresamente se señalan en el código en cuestión. De ahí que el propio código establece que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza. En esas condiciones, tomando en consideración los elementos anteriores, resulta válido afirmar que contra la resolución de que ordena el pago de cantidad líquida por concepto de adeudo de pensión alimenticia, procede el recurso de apelación, en términos de los numerales antes citados, por tratarse de una resolución sobre alimentos. Además de que el demandado en el juicio de origen, se encuentra facultado para interponer ese medio de impugnación en virtud de que el recurso de apelación se concede, entre otros, a los litigantes a quienes perjudique la resolución judicial y la aquí reclamada le perjudicó al ser requerido del pago de pensiones adeudadas. Por tanto, previo al juicio de amparo, el ahora quejoso se encontraba obligado a agotar el recurso de apelación aludido y al no haberlo hecho así, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia que se analiza. En esta tesitura, el aludido instrumento de impugnación previsto en el código civil adjetivo de que se trata (apelación), satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto anular la determinación que lesiona los intereses de la parte quejosa y está establecido en la ley correspondiente, en este caso en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y tiene determinado un procedimiento para su resolución, previsto, así como un término para su interposición y un plazo para su resolución. En ese contexto, el quejoso al ser demandado en el juicio de origen en el que se determinó la pensión alimenticia, es evidente la aptitud legal que tiene de impugnar la determinación reclamada en el propio sumario mediante el especificado recurso establecido en la ley común y, de esa forma, observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. No pasa inadvertido que la ejecución del acto aquí reclamado tenga la característica de irreparable; sin embargo, ello no exime al quejoso de agotar el medio ordinario de defensa, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Por tanto, se insiste, el hoy peticionario de amparo tenía la obligación de cumplir el principio de definitividad previo acudir al juicio de amparo. De esa manera, si contra el acto reclamado, procede el recurso de apelación, entonces debió agotarse éste medio de defensa, previo a promover el presente juicio de amparo, a fin de cumplir con uno de los principios rectores del juicio constitucional, como es el de definitividad del acto reclamado, por lo que al no haberse agotado es clara su improcedencia, al no poderse acudir de inmediato a este juicio, ya que resulta evidente que con la interposición del aludido medio de impugnación pudo haberse logrado la modificación de la resolución reclamada, motivo por el cual, como ya se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo Sin que en el caso se advierta actualizada en favor del impetrante de amparo alguna de las causas de excepción al principio de definitividad, indicado en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de amparo; lo anterior, puesto que el acto reclamado no pone en peligro la vida del impetrante de amparo, su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de igual forma, no se advierte que el quejoso sea tercer extraño al procedimiento, pues es parte demandada en el juicio natural y se encuentra emplazado al juicio; asimismo, tampoco se advierte que dicho acto de autoridad sea orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por el contrario, al estar involucrado el principio del interés superior del menor, previsto en el artículo 4° constitucional, el juzgador debe salvaguardar el derecho de alimentos que debe gozar un menor, aspecto protegido por el primer artículo constitucional, cuidando la protección del referido principio del interés superior del menor. Además, el fundamento legal para la interposición del medio de defensa ordinario, se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, sin que se advierta que para la procedencia del recurso, tenga que realizarse alguna interpretación adicional. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción V aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. (.) Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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