Roberto Pacifuentes Pacheco

Expediente 708/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
708/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Roberto Pacifuentes Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 708/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento legal, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiuno de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que ese quejoso haya interpuesto algún medio de impugnación, pese haber quedado notificado de dicho acuerdo el veintiocho de julio de este año. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa resolución. 2° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública del referido proveído sea integrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3° Archivo del expediente. Considerando que en proveído de veintiuno de julio del año en curso se desechó la demanda de amparo, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4° Destino y archivo reciente. En términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo general y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es destruible; por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contado a partir de la fecha en que se emite este acuerdo, una vez cumplido ese plazo, se procederá a su destrucción, y el acta de baja documental se remitirá dentro de los treinta días naturales siguientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 5° Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. - PRAL 708/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***********************, por propio derecho, contra un acto del contralor adscrito a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, y de otras autoridades, presentada el diecinueve de julio del año en curso en el buzón judicial ubicado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, y turnada el día siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente con el registro 708/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. 3.1. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. 3.2. Actos reclamados. Con independencia de la forma o términos que empleó la parte quejosa para señalar los actos reclamados en la demanda de amparo, lo cierto es que, de su análisis íntegro, se conoce que pretende destacar como actos reclamados en este juicio de amparo los siguientes: a) Acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, emitido en el expediente ******************************. b) Todo lo actuado dentro del expediente de responsabilidad administrativa número ************************, desde el emplazamiento. Lo que atribuye al: I. Contralor adscrito a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; y, II. Titular del Área de Procedimientos Jurídicos, Responsabilidades y Situación Patrimonial dependiente de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. c) Informe de presunta responsabilidad administrativa emitido en el citado expediente; además de los actos ya mencionados con los incisos a) y b). Que reclama del: III. Titular de la Unidad de Investigación de Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Huajuapan de Léon, Oaxaca. d) La falta de emplazamiento y falta de notificación de todo acuerdo dictado y que deba notificarse personalmente dentro del expediente de responsabilidad administrativa ********************. e) La ejecución material de toda notificación personal ordenada de manera verbal o por escrito conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la citación a la audiencia inicial o comparecencia dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa iniciado en contra del suscrito en el expediente ********************. Lo que combate al: IV. Notificador adscrito a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Bajo esas precisiones, el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento y, con tal carácter, reclama sustancialmente: 1°) La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo y disciplinario *************************** seguido en su contra; y 2°) Todo lo actuado en el mismo, incluyendo las resoluciones emitidas y las notificaciones, así como sus efectos y consecuencias. Pues afirma que ese procedimiento inició el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, y que ahora es contrario a derecho que se pretenda sustanciar conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3.3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". El segundo precepto transcrito dispone que el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas a la controversia, es decir, que no sean parte material en la relación procesal. Al respecto, acorde con las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio incluye al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Así, para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña al juicio es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la persona que siendo parte formal en el juicio no fue emplazada o indebidamente emplazada al mismo y, por tanto, no tuvo conocimiento de este, al ser tercera extraña por equiparación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 196932, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Ahora, quien se ostenta como tercero extraño por equiparación sólo tiene esa prerrogativa cuando se encuentra plenamente acreditado dicho carácter, esto es, que no se ligó de manera alguna a la controversia de origen; de lo contrario, por ese sólo hecho pierde el carácter de tercero extraño y, por ende, se encuentra obligado a observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En el caso, de lo expuesto por la parte quejosa en la demanda de amparo, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, así como de la constancia que anexó a dicho ocurso, también con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por los diversos numerales 129, 197 y 202 del referido ordenamiento, se advierte -en lo que interesa- lo siguiente: 3.4. Antecedentes. El doce de septiembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección de Procedimientos Jurídicos, Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, la queja de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, suscrita por ****************, a través de la cual fincó responsabilidades administrativas al aquí quejoso conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, así como del Reglamento de Contraloría y Transparencia del Municipio de la Heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; radicándose el expediente administrativo de responsabilidad *****************. En la misma fecha se dictó acuerdo de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, por lo que, mediante oficio citatorio disciplinario *************** se citó al quejoso a efecto de que compareciera al desahogo de la audiencia prevista en el artículo 69, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, mismo que, dice, le fue notificado el doce de septiembre de dos mil diecisiete. El quince de septiembre de dos mil diecisiete tuvo verificativo la referida audiencia, a la cual el agraviado refiere que compareció, turnándose los autos para su resolución a la autoridad competente. El once de julio de dos mil veintitrés se presentó ante el quejoso la persona de nombre ****************, quien refirió ser notificador de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, manifestando que el motivo de su visita era hacerle de su conocimiento que el trece de julio de dos mil veintitrés, a las diez horas, se llevaría a cabo la audiencia de queja que se lleva en su contra, a la que no pudo comparecer, dice, por motivos de salud. El diecisiete de julio de dos mil veintitrés le fue notificado el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés emitido en el expediente ****************, cuya copia anexó a la demanda de amparo, del que se advierte que a las diez horas del veintiuno de julio de dos mil veintitrés está señalada la audiencia de ley. De lo expuesto, se conoce con certeza que: En el procedimiento de responsabilidad administrativa ******************, instruido contra el quejoso, a la fecha de presentación de la demanda (diecinueve de julio del año en curso), no se había dictado resolución conclusiva del mismo Que el aquí quejoso compareció a dicho procedimiento con el carácter de presunto responsable, previo citatorio; incluso se le tuvo justificando su inasistencia a la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés. Ante ello, al impetrante del amparo no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación, ya que en el supuesto mencionado quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, que siéndolo indebidamente, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del juicio antes del dictado de la sentencia, ya que de lo contrario, se estima tienen a su alcance los medios ordinarios de defensa que prevean las leyes de la materia que rija el procedimiento mientras no se emita la resolución definitiva. Consecuentemente, si el quejoso se hizo sabedor del procedimiento que se sigue en su contra antes del dictado de la resolución definitiva (pues incluso manifiesta que compareció a la primera audiencia con motivo del citatorio recibido para ello, y justificó su inasistencia a la audiencia de trece de julio de este año), resulta indiscutible que no ostenta el carácter de persona extraña al procedimiento, porque tiene la posibilidad de promover lo que en derecho corresponda dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que se le instruye, a efecto de deducir sus derechos e, incluso, interponer incidente de nulidad respecto de la diligencia de emplazamiento que le fue realizada en el mismo o de la notificación de la determinación que le cause perjuicios. Es así, pues tal particularidad le permite imponerse de los autos de origen para hacer valer sus derechos como parte en dicho procedimiento; esto es, tal circunstancia le permite hacer valer, a través del mismo procedimiento y de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses y, en caso de no obtener resolución favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la resolución definitiva que se dicte. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 2000293, Décima Época, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". 4. Se desecha la demanda. En ese tenor, es de concluirse que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; por lo cual con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo de que se trata. Acceso a la justicia. Conviene precisar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en razón de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así se tiene que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Se cita el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." 5. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados legales. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************** (cédula profesional **********, registro *********), ******************* (cédula profesional *********, registro **********) y *********** (cédula profesional *************) por haberse encontrado registradas su cédulas profesionales en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf) y en el Registro Nacional de Profesionistas, que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en derecho. Asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que menciona en el proemio de la demanda. 6. Medios de comunicación no procesal. Finalmente, se le tiene proporcionando un número telefónico y correo electrónico como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a la parte quejosa, para que, de estar en sus posibilidades y convenir a su interés legal, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, transitando hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 10. Integración del expediente electrónico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración del expediente electrónico y se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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