Roberto Oseguera Jaramillo
Expediente 980/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Oseguera Jaramillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente expediente, se advierte que previo desahogo de prevención se admitió la demanda de amparo en acuerdo de tres de octubre del año en curso, únicamente contra el acto reclamado al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la omisión de acordar el escrito de diez de agosto de dos mil veintitrés, enviado vía correo electrónico a la dirección contacto_uif@hacienda.gob.mx. En ese sentido, en proveído de trece de noviembre del presente año, se tuvo por recibió el oficio firmado electrónicamente por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en lo que interesa aceptó el acto reclamado. Sin embargo, expuso que mediante comunicado 110/G/1059/2023 de veinticuatro de octubre pasado, se le dio contestación a las solicitudes contenidas en el escrito que le fue enviado por el quejoso vía correo electrónico el diez de agosto de dos mil veintitrés. El cual fue comunicado a la parte quejosa por la misma vía y, remite constancias para acreditarlo; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En relación con lo anterior, a criterio de quien esto suscribe, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Es así que, este resolutor federal considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese orden de ideas, es posible sostener que en el presente asunto, han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México en acordar el escrito de diez de agosto de dos mil veintitrés, enviado vía correo electrónico a la dirección contacto_uif@hacienda.gob.mx. Lo anterior es así, ya que de las constancias que remitió la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado, se advierte que en efecto dio contestación al escrito que le fue remitido por el quejoso en el tenor siguiente: "Al respecto, se le informa que esta autoridad no se encuentra en posibilidades de proveer información referente al expediente E/AS3-2006-003115-COA, toda vez que el mismo se trata de un expediente perteneciente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que dicha información no obra a disposición de esta autoridad. Respecto a su segunda petición, se le informa que derivado de la solicitud presentada por el peticionario 02 de octubre de 2020 mediante correo electrónico, a fin de conocer los motivos de su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, se inició el procedimiento de garantía de audiencia contemplado en la 73 disposición de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de crédito, identificado con el número 499/2020 con motivo de su inclusión a la LPB MEDIANTE ACUERDO 74/2020. El 08 de octubre de 2020 esta autoridad informó mediante oficio 110/F/B/7666/2020 que la solicitud efectuada por el peticionario se encontraba fuera del plazo establecido, en la citada 73ª Disposición, misma que regía en ese momento el procedimiento administrativo de garantía de audiencia. En consecuencia, el 08 de octubre de 2020 el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la resolución contemplada en la Disposición antes citada, por la que resolvió como extemporánea la solicitud de garantía de audiencia solicitada por ROBERTO OSEGUERA JARAMILLO incluido en la lista de Personas Bloqueadas mediante acuerdo 74/2020. El 18 de mayo de 2021, el peticionario solicitó de nueva cuenta el procedimiento de garantía de audiencia a fin de conocer los motivos de su inclusión en la Lista de personas Bloqueadas; por lo que mediante oficio 110/F/B/5265/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, esta autoridad le informó que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera había emitido resolución respecto a su previa solicitud de garantía de audiencia, informándole además que dicha resolución se encontraba a su disposición en las instalaciones de esta unidad administrativa para conocer el contenido íntegro de dicha resolución, previa solicitud por escrito. El 27 de mayo de 2021, el peticionario presentó escrito solicitando conocer dicha resolución, por lo que esta autoridad mediante oficio 110/F/B/5723/2021 de 28 de mayo de 2021, le otorgó cita para que se presentará el 14 de julio de 2021 en las instalaciones de esta autoridad a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución correspondiente; cita a la cual no se presentó el peticionario tal y como se precisa en la constancia de fecha 14 de julio de 2021, que obra en autos del procedimiento de garantía de audiencia 499/2020. Expuesto lo anterior, resulta evidente que ROBERTO OSCUERA ARAMILO ha colmado todas y cada una de las etapas del Procedimiento Administrativo a que se refieren la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (vigente en su momento), respecto de su procedimiento de Garantía de Audiencia ante esta Unidad Administrativa. Por último se le informa que dicha resolución puede impugnarse por vía jurisdiccional, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, misma que deberá instarse dentro de los treinta días siguientes a que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 1° de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Federal Administrativa; y 13, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo". Acorde a las constancias indicadas queda de manifiesto que la autoridad responsable emitió respuesta a la petición planteada por la parte quejosa el diez de agosto del año en curso, en la que solicitó lo siguiente: "Con fundamento en los artículos 1°, 4°, 6°, 8°, 14, 16, 17, 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y de los Art. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, 15-G del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicito a esa Instancia de manera muy respetuosa se me permita y conceda el acceso al Expediente No. E/AS3 -2006-003115-COA, por si y por mis autorizados a fin de imponerme del mismo y ejercer lo que en derecho me corresponde, se me notifique el estado actual que guarda dicho expediente así como el contenido de la respectiva resolución solicitando en su caso la expedición de la copia certificada con el pago correspondiente. Así mismo en su caso solicito se me notifique a los medios autorizados sobre la existencia de cualquier otro expediente y/o procedimiento iniciado en mi contra por esta Autoridad. No omito manifestar que la presente moción tiene por único fin saber mi estatus jurídico actual, ya que reitero, no he podido realizar uso de servicios financieros ante la oren de bloqueo de cuentas.". Por ende, si la pretensión de la parte quejosa era que la autoridad responsable acordara su petición formulada el diez de agosto de dos mil veintitrés, enviado vía correo electrónico a la dirección contacto_uif@hacienda.gob.mx, misma que fue acordada mediante oficio 110/G/1059/2023 de veinticuatro de octubre pasado; se puede afirmar válidamente que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de la autoridad y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, actualizándose la causa de improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre el escrito presentado por la parte quejosa el diez de agosto de dos mil veintitrés. Sin soslayar, que la autoridad responsable mencionó que el citado oficio fue comunicado al quejoso vía correo electrónico como se advierte a continuación: No obstante, este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa con las constancias relatadas en los párrafos que preceden, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva...
- Incidental
Por lo expuesto, fundado se RESUELVE: Primero. Se NIEGA a ********************, de los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos y para los efectos precisados en el citado considerando. Segundo. Expídase a costa de las partes, copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la interlocutoria dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio recibido y firmado electrónicamente por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, con anexo que acompaña, a través del cual rinde informe justificado, por lo que, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, téngase como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales adjuntas a su oficio, las que serán tomadas en consideración en el momento oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo y dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Finalmente, respecto de la designación que manifiesta la autoridad responsable, signifíquesele que se le tienen por designados, sin embargo, es importante puntualizar que los mismos deberán por medio de oficio acreditar su carácter de delegados, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, pues del informe en comento, se advierte que la autoridad omite señalar los nombres de los mismos, ya que menciona que se trata de información reservada y confidencial por el pronunciamiento del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de once de abril de dos mil diecinueve y su modificación. Notifíquese.FCG
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de tres de octubre del año en curso, mediante el cual por una parte se admitió y por otra se desechó la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en la inclusión de la parte quejosa a la lista de personas bloqueadas, que atribuye al Titular de la Dirección de Procesos Legales adscrita a la Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar, por lo que continúese con la tramitación del presente juicio de amparo respecto del acto reclamado que se precisó en el acuerdo de referencia. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta también se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha; sin embargo, la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado, ni tampoco obra el acuse de recibo correspondiente al oficio ******************** de tres de octubre pasado, a pesar de haber sido depositado el nueve de octubre de este año, como se advierte de la factura postal 3757, que obra glosada a los autos. Consecuentemente, a fin de no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de protección de derechos fundamentales, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señala como nueva data para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.FCG
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