Roberto Oscar Bautista Labaseno

Expediente 1809/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1809/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Abelardo Javier Donde Romero
  • Roberto Oscar Bautista Labaseno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Se hace del conocimiento. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente sumario se continuará tramitando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Causa estado. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que se concedió la suspensión de plano. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en contestación al oficio 17593/2022, rinde su informe justificado. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en: No. Relación de prueba 1 Copias certificadas del procedimiento administrativo migratorio del quejoso Pablo Enrique Cabalé Toledo. 2 Copias certificadas del procedimiento administrativo migratorio del quejoso Roberto Oscar Batista Labaseno. Documentales que se agregan para que obren como correspondan y que al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Precisado lo anterior, se advierte una causa de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los quejosos Pablo Enrique Cabalé Toledo y Roberto Oscar Batista Labaseno fuera de procedimiento. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido del escrito de demanda se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama la privación de la libertad de los quejosos Pablo Enrique Cabalé Toledo y Roberto Oscar Batista Labaseno fuera de procedimiento. No obsta a lo anterior, que los quejosos hayan reclamado diversos actos y/o omisiones atribuidas a la responsable, empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad, no se tienen como destacados. Ahora, del contenido de las documentales que anexó la autoridad responsable, se colige lo siguiente: - Que por acuerdos de salida de la estación migratoria de veinticuatro de octubre del año en curso, les otorgó a los aquí quejosos la salida provisional de la estación migratoria a efecto de continuar su procedimiento administrativo migratorio en libertad, requiriéndolos para que cada viernes de cada semana o al siguiente día hábil, es decir cada ocho días, asistan al control de firmas en el Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria. - Posteriormente, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se hizo constar que los aquí quejosos, abandonaron sus procedimientos migratorios debido a que no asistieron voluntariamente ante la Estación Migratoria a continuar su procedimiento administrativo migratorio; por lo que, se hizo constar su evasión del control migratorio y se dieron por concluidos los mismos. En consecuencia, se colige que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable, había privado de la libertad a los quejosos, con motivo del procedimiento administrativo migratorio que se seguía en su contra; lo cierto es que, en un primer momento, se les concedió la salida provisional de la estación migratoria a efecto de continuar su procedimiento administrativo migratorio en libertad, y posteriormente, al abandonar sus procedimientos migratorios debido a que no asistieron voluntariamente ante la Estación Migratoria, se hizo constar su evasión del control migratorio; por lo que, se dieron por concluido los mismos. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuatro minutos del veintinueve de noviembre del presente año.

  3. Principal

    Juicio 1809/2022 quince de noviembre de dos mil veintidós. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su celebración ya que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que está transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable a efecto de que rinda su informe justificado; por tanto, se difiere la audiencia en comento y con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan para su celebración las doce horas con catorce minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Ratificó demanda. Vista la razón realizada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, se advierte que los quejosos 1) Pablo Enrique Cabalé Toledo y 2) Roberto Oscar Batista Labaseno, se dieron por enterados del contenido del auto de catorce de octubre de dos mil veintidós y ratificaron la demanda de amparo que promovió a su favor Abelardo Javier Donde Romero; en consecuencia, agréguese a los autos la diligencia de mérito para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, continuándose con el trámite procesal del presente juicio de amparo. Admisión. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Abelardo Javier Donde Romero, en favor de 1) Pablo Enrique Cabalé Toledo y 2) Roberto Oscar Batista Labaseno, contra el acto reclamado a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Sin que haya lugar a aperturar los cuadernos incidentales, en virtud de que estos tienen la finalidad de suspender la ejecución de los actos reclamados y en el presente juicio el catorce de los actuales, se decretó la suspensión de plano respecto de los mismos. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete. Se señalan las once horas con cuatro minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a la autoridad responsable. Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. Mismo que deberá rendir dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Apercibimiento a la autoridad responsable. En caso de incumplimiento, se hará acreedora a lo siguiente: Multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué Juzgado de Distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 261 de la Ley de Amparo. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a la responsable para que remita su informe justificado a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Ahora, de la constancia actuarial de cuenta se advierte que los quejosos señalaron que era su deseo señalar como domicilio y autorizados a las personas que se mencionan en el escrito de demanda; por tanto, en atención a su manifestación y atendiendo que en la demanda se fijó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; es menester precisar que los mismos no pueden tenerse como tal, porque no podrían observarse las formalidades para las notificaciones personales; por ese motivo, comuníquese a la parte quejosa que ésta y las actuaciones que deban notificársele, incluso las de carácter personal, se le notificarán por lista, conforme a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.". Por otro lado, tomando en consideración la certificación de cuenta, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al promovente y a las personas que se mencionan en el escrito de demanda; esto, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "pamelaldana" se encuentra registrado; 1 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Informe sobre la suspensión de plano. Por otro lado, glósese a los autos el informe sobre la suspensión de plano rendido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a partes a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga. Pruebas. Asimismo, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como pruebas, las documentales que anexa la referida autoridad, consistentes en: No. Relación de prueba 1 Copia de los procedimientos administrativos migratorios incoados contra los aquí quejosos. Domicilio y delegados. De la misma forma, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable antes mencionada, a los que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Medios alternativos de comunicación Igualmente, con apoyo en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se habilitan los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados por la oficiante únicamente para que a través de ellos se lleven a cabo comunicaciones no procesales, en la inteligencia que los registros de dichas comunicaciones podrán ser incorporadas a los autos en caso de estimarse necesario. Se da vista a la parte quejosa. Ahora, del análisis de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se desprende que los procedimientos administrativos migratorios incoados contra los directos quejosos se encuentran resueltos; pues, el Representante Local adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, emitió en cada uno de ellos la resolución de retorno asistido; por tanto, con apoyo en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días hábiles manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la autoridad migratoria con residencia en Baja California y como actos destacados las resoluciones en comento. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no desahogar el requerimiento que antecede, se continuará con el procedimiento en el juicio de amparo como en derecho corresponda, esto es, únicamente se resolverá respecto de la autoridad y actos reclamados señalados en el escritoinicial de demanda.

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