Roberto Ortiz Campos

Expediente 571/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
571/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
03/10/2017

Partes del expediente

  • Roberto Ortiz Campos
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    I.- La certificación de cuenta patentiza que el quejoso y el ayuntamiento tercero interesado dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformaron contra el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 108 a la 111), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida tal determinación para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectiva (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    I.- Visto el escrito de cuenta signado por Alfredo Ceballos García, en su carácter de delegado del tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Xalatlaco, Estado de México (foja 30), por medio del cual solicita copia simple de todo lo actuado en el presente sumario y autoriza para recibirlas a diversas personas. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 221, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto legal 2°, agréguese a los autos y expídanse a su costa las copias que refiere, previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos para constancia de su entrega; asimismo, ténganse por autorizadas para recibirlas a las personas que precisa. No se desatiende que el promovente se ostenta como apoderado legal del citado Ayuntamiento tercero interesado, sin embargo, debe decirse que mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 30), se le tuvo por reconocida la personalidad de delegado, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, de ahí que sea ésta la personalidad que se le reconozca.

  3. Principal

    Toluca, México; veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de tres de agosto de la anualidad en curso (foja 97), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que los actos reclamados se hicieron consistir en: La omisión de acordar la promoción 5356, de seis de abril de dos mil diecisiete en el expediente laboral 898/2016, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. La inejecución del laudo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dentro de los autos del expediente laboral 898/2016. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de junio de dos mil diecisiete, este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente, en la que resolvió (fojas 64 a la 78): "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Roberto Ortiz Campos, contra el acto y por la autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Roberto Ortiz Campos, contra el acto y por la autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución". El veinticinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 84 a la 85), causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, su cumplimiento, el cual debería ser en los términos siguientes: ". Emitir un acuerdo con plenitud de jurisdicción en el que determine lo conducente respecto de las peticiones del quejoso Roberto Ortiz Campos, tendentes a que se dicte auto de requerimiento de pago y embargo contra la demandada en el juicio laboral 898/2016". De la imposición de la sentencia de amparo, se advierte que el efecto expresamente establecido fue medularmente el siguiente: Que el Tribunal responsable emita un acuerdo con plenitud de jurisdicción, en el que determine lo conducente respecto de las peticiones del quejoso Roberto Ortiz Campos, tendentes a que se dicte auto de requerimiento de pago y embargo contra la demandada en el juicio laboral 898/2016. En cumplimiento al fallo protector, la Secretario General Jurídico Consultiva en Funciones de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por oficio registrado con número de promoción 17511 (fojas 90 a la 96), remitió copia certificada del proveído que emitió el uno de agosto de dos mil diecisiete, en autos del expediente 898/2016, con el que aduce acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De la constancia remitida, la cual por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que el uno de agosto actual (foja 91), se emitió un auto en el expediente aboral 898/2016, en virtud del cual: Se hizo hincapié al solicitante del amparo que en atención a su solicitud, el tribunal responsable emitió una determinación en la que fijó las trece horas del veintidós de agosto de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento aquí tercero interesado, de cuya omisión se dolía, la cual notificó a las partes el tres del citado mes y año (100 a la 101). En esa tesitura, toda vez que la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para los efectos de que la autoridad responsable emitiera un acuerdo en el que con libertad de jurisdicción determinara lo conducente respecto de las peticiones del quejoso Roberto Ortiz Campos, tendente a que se dicte auto de requerimiento de pago y embargo contra la demandada en el juicio laboral 898/2016; y, toda vez que de las constancias remitidas se evidencia que ello aconteció, con fundamento en el artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito ha quedado cumplimentada en sus términos. Lo anterior, habida cuenta que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, pues el tribunal responsable emitió una determinación en la que atendiendo a lo solicitado por el quejoso, fijó las trece horas del veintidós de agosto de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento aquí tercero interesado, de cuya omisión se dolía, la cual notificó a las partes el tres del citado mes y año (100 a la 101). Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; personalmente al quejoso y por oficio al ayuntamiento tercero interesado y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    como se ordenó se notifica a la parte quejosa el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el cual dice Toluca, México; veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de tres de agosto de la anualidad en curso (foja 97), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que los actos reclamados se hicieron consistir en: La omisión de acordar la promoción 5356, de seis de abril de dos mil diecisiete en el expediente laboral 898/2016, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. La inejecución del laudo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dentro de los autos del expediente laboral 898/2016. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de junio de dos mil diecisiete, este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente, en la que resolvió (fojas 64 a la 78): "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Roberto Ortiz Campos, contra el acto y por la autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Roberto Ortiz Campos, contra el acto y por la autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución". El veinticinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 84 a la 85), causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, su cumplimiento, el cual debería ser en los términos siguientes: ". Emitir un acuerdo con plenitud de jurisdicción en el que determine lo conducente respecto de las peticiones del quejoso Roberto Ortiz Campos, tendentes a que se dicte auto de requerimiento de pago y embargo contra la demandada en el juicio laboral 898/2016". De la imposición de la sentencia de amparo, se advierte que el efecto expresamente establecido fue medularmente el siguiente: Que el Tribunal responsable emita un acuerdo con plenitud de jurisdicción, en el que determine lo conducente respecto de las peticiones del quejoso Roberto Ortiz Campos, tendentes a que se dicte auto de requerimiento de pago y embargo contra la demandada en el juicio laboral 898/2016. En cumplimiento al fallo protector, la Secretario General Jurídico Consultiva en Funciones de Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por oficio registrado con número de promoción 17511 (fojas 90 a la 96), remitió copia certificada del proveído que emitió el uno de agosto de dos mil diecisiete, en autos del expediente 898/2016, con el que aduce acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De la constancia remitida, la cual por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que el uno de agosto actual (foja 91), se emitió un auto en el expediente aboral 898/2016, en virtud del cual: Se hizo hincapié al solicitante del amparo que en atención a su solicitud, el tribunal responsable emitió una determinación en la que fijó las trece horas del veintidós de agosto de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento aquí tercero interesado, de cuya omisión se dolía, la cual notificó a las partes el tres del citado mes y año (100 a la 101). En esa tesitura, toda vez que la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para los efectos de que la autoridad responsable emitiera un acuerdo en el que con libertad de jurisdicción determinara lo conducente respecto de las peticiones del quejoso Roberto Ortiz Campos, tendente a que se dicte auto de requerimiento de pago y embargo contra la demandada en el juicio laboral 898/2016; y, toda vez que de las constancias remitidas se evidencia que ello aconteció, con fundamento en el artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito ha quedado cumplimentada en sus términos. Lo anterior, habida cuenta que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, pues el tribunal responsable emitió una determinación en la que atendiendo a lo solicitado por el quejoso, fijó las trece horas del veintidós de agosto de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento aquí tercero interesado, de cuya omisión se dolía, la cual notificó a las partes el tres del citado mes y año (100 a la 101). Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; personalmente al quejoso y por oficio al ayuntamiento tercero interesado y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe.

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