Roberto Ojeda Vázquez
Expediente 181/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/06/2022
Partes del expediente
- Roberto Ojeda Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término con que contaba la parte quejosa para desahogar la vista ordenada en proveído de catorce de febrero del año en curso; sin que haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito verificará si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En tales condiciones, cabe precisar que la concesión del amparo dictada en sentencia de siete de mayo de dos mil veintiuno, confirmada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el amparo en revisión R.A. 128/2021, fue otorgada a la parte quejosa para siguientes efectos: [se transcribe] Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio registrado con el folio 2098 (fojas 186 a 189), remitió como anexo copia certificada del oficio *****************, que contiene la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, signada por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, en la cual, en lo que interesa resolvió lo siguiente: [se transcribe] Lo anterior, revela que la autoridad responsable atendió el fallo de la ejecutoria de amparo, pues dejó sin efectos el oficio ************** de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitiendo uno diverso contenido en el oficio ***************, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual otorgó al quejoso la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis", con una regularización particular para tales efectos, estableciendo los lineamientos, modalidades y condiciones en los términos fijados por los preceptos normativos aplicables de la Ley General de Salud. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no realizó manifestación alguna a la vista ordenada, por la que se le hizo del conocimiento el cumplimiento dado por la responsable, de ahí que se debe entender que estuvo conforme con ella. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 196/, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar la existencia anterior y falta posterior de las actuaciones originales del juicio de amparo 181/2021, promovido por Roberto Ojeda Vázquez, por propio derecho, contra actos atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, y también que el expediente electrónico respectivo, a que hace referencia el numeral 3 de la Ley de Amparo, permanece sin alteración alguna. En ese contexto, con fundamento en el artículo 70 de la citada ley, no es procedente tramitar el incidente de reposición de constancias de autos, por lo que únicamente se realizará la copia impresa de dicho expediente digital a fin de continuar actuando en ésta. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta, signado por el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso, adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, mediante el cual remite copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-22455-2021 de diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, que contiene la resolución, firmada por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dirigido a la parte quejosa *****************, en la que se adjuntó el fallo de referencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las constancias citadas en el párrafo que antecede, para que en el plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a su derecho convenga. En el entendido que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, procederá a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta, procedente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión del siete de octubre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión R.A. 128/2021 de su índice, la cual concluyó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ****************, en los términos y para los efectos expuestos en el fallo que se revisa." Ahora bien, tomando en consideración que se ha resuelto en definitiva el medio de impugnación señalado en párrafos que anteceden, se instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que deshabilite los permisos otorgados para la consulta de las constancias electrónicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que en su caso, se hayan realizado. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, debe precisarse que la concesión del amparo en la sentencia recurrida fue otorgada a la parte quejosa para el efecto siguiente: ". de la inaplicación, en la esfera jurídica del promovente ******************, y hasta en tanto no exista un cambio legislativo, lo dispuesto en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaria de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos - adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana. (.) Por tanto,, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) deberá realizar lo siguiente: 1. Considerar que, con motivo de la presente sentencia, una vez que adquiera firmeza, ha quedado sin efectos el oficio 203300EL351435, de ocho de enero de dos mil veintiuno. 2. En su lugar, emita otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del quejoso *************** que implique una autorización a éste para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368 en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, para los fines que la parte quejosa denomina "lúdicos o recreativos" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. En el entendido de que además de lo expuesto en este fallo la autoridad administrativa con plena autonomía deberá establecer los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento y requisitos del debido proceso que exige la ley y la Constitución al llevar a cabo cualquier acto dirigido al quejoso. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que particpen en ella que su conducta se encuentre ajustada a derecho. (.) Lo anterior sin que sea óbice que la normatividad reclamada no prevea expresamente la facultad de la citada autoridad para expedir la autorización de que se trata; sin embargo, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal y a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, fracciones I, letra j, y VII; 4, fracción II, letra c, y último párrafo, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; así como el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponde al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitir la autorización correspondiente en materia de estupefacientes y psicotrópicos; como se desprende de los numerales que a continuación se transcriben: (.) Finalmente, cabe señalar que la presente sentencia de amparo: I. No constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que debe dar cumplimiento a este fallo. II. No permite que se expida a favor de la quejosa autorización alguna para llevar a cabo el consumo personal de marihuana en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni para conducir vehículos bajo los efectos de la marihuana, ni tampoco permite que se expida autorización a favor de la promovente del juicio para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana en espacios privados. III. Cabe precisar que las diversas conductas que la parte quejosa realice en el contexto del consumo, producidas o no por los efectos de la marihuana, y que sí afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de violencia frente a terceros, delitos de robo, narcotráfico, el narcomenudeo, la corrupción de menores, conducir vehículos bajo los efectos de marihuana), lógicamente deban entenderse como acciones que desbordan y que están fuera de la protección de la presente sentencia y de los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada de las personas, y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, con copia de la ejecutoria de amparo, requiérase a la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria con base en las atribuciones conferidas a la misma. Es importante destacar que al ser autoridad directamente obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de mérito, se requiere también al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, fracción XIX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Administración Pública de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de diez días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también, se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 tercer párrafo, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO."1 Apercibidas las citadas autoridades que de no acatar lo ya ordenado: Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, esto es, se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.
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