Roberto Nuñez Diaz
Expediente 1602/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1602/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/12/2018
Partes del expediente
- Roberto Nuñez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
iii)Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente de la junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a través del cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de quince de los actuales y remite las constancias de emplazamiento a juicio laboral J.29/1215/2016 de los demandados Banco Santander Mexicano S. A. y/o Banco Santander (México) S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander y/o Grupo Financiero Santander Serfin S. A. de C. V. y/o Grupo Financiero Santander Serfin S. A. de C.V. y/o Grupo Financiero Santander S. A. B. de C.V.; por tanto se tiene por cumplido el requerimiento inserto en el proveído de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en el referido precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al juicio de amparo 1602/2017-III por los siguientes razonamientos jurídicos. De inicio debe precisarse que el juicio de amparo 1602/2017-III fue promovido por Roberto Díaz Núñez, donde señaló como actos reclamados la dilación procesal del juicio laboral J.29/1215/2016 y la falta de notificación a las partes dentro de los términos legales establecidos, atribuidos a los Integrantes de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. Posteriormente, en auto de ocho de los actuales (fojas 16 a 18), se sobreseyó en el juicio al estimar que los efectos del acto reclamado habían cesado pues la responsable mediante auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictó auto para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijando como nueva fecha el catorce de noviembre de dos mil diecisiete; contra el cual el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito. Mediante ejecutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la superioridad resolvió revocar el auto impugnado y ordenó reponer el procedimiento, pues como lo dijo, éste juzgado únicamente se pronunció respecto de la dilación procesal, soslayando que el quejoso también señaló como acto reclamado la falta de notificación de los demandados para poder llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que es lo que impedía que se llevara a cabo tal audiencia. En acato a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, por auto de quince de noviembre pasado, se requirió a los Integrantes de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México para que informaran a este órgano jurisdiccional si ya llevo a cabo el emplazamiento de los demandados Banco Santander Mexicano sociedad anónima y/o Banco Santander (México sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander y/o Grupo Financiero Santander Serfin sociedad anónima de capital variable y/o Grupo Financiero Santander sociedad anónima bursátil de capital variable), y si ya celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese orden, de la comunicación y de las constancias que ahora se reciben en atención a lo solicitado por este juzgado federal, se advierte que la parte demandada Banco Santander Mexicano sociedad anónima y/o Banco Santander (México sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander y/o Grupo Financiero Santander Serfin sociedad anónima de capital variable y/o Grupo Financiero Santander sociedad anónima bursátil de capital variable) fue emplazada al juicio laboral J.29/1215/2016 el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; además, el treinta y uno de octubre pasado, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que el representante del ahora quejoso -actor en el juicio laboral- solicitó que al tenerse por emplazada a la parte demandada, las notificaciones se realizaran y surtieran efectos por medio de los estrados de esa Junta. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Como puede verse los actos de molestia que dieron origen al presente juicio de amparo 1602/2017-III, han dejado de surtir sus efectos jurídicos, pues la autoridad responsable acredita que se llevó a cabo el emplazamiento de los demandados, y con ello se logró la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con lo que deja de existir tal acto, pues precisamente era lo que pretendía el impetrante desde que instó el juicio de amparo. Entonces el acto de autoridad del que se dolía el quejoso dejó de tener vida y efectos jurídicos al haber sido abordado por la responsable. Consecuentemente, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al impetrantes en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, registrada con el número 184572, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las doce horas con veinticinco minutos del treinta de noviembre del año en curso, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
III. (CITATORIO PARTE QUEJOSA). Toluca, Estado de México; veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente de la junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a través del cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de quince de los actuales y remite las constancias de emplazamiento a juicio laboral J.29/1215/2016 de los demandados Banco Santander Mexicano S. A. y/o Banco Santander (México) S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander y/o Grupo Financiero Santander Serfin S. A. de C. V. y/o Grupo Financiero Santander Serfin S. A. de C.V. y/o Grupo Financiero Santander S. A. B. de C.V.; por tanto se tiene por cumplido el requerimiento inserto en el proveído de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en el referido precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al juicio de amparo 1602/2017-III por los siguientes razonamientos jurídicos. De inicio debe precisarse que el juicio de amparo 1602/2017-III fue promovido por Roberto Díaz Núñez, donde señaló como actos reclamados la dilación procesal del juicio laboral J.29/1215/2016 y la falta de notificación a las partes dentro de los términos legales establecidos, atribuidos a los Integrantes de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. Posteriormente, en auto de ocho de los actuales (fojas 16 a 18), se sobreseyó en el juicio al estimar que los efectos del acto reclamado habían cesado pues la responsable mediante auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictó auto para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijando como nueva fecha el catorce de noviembre de dos mil diecisiete; contra el cual el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito. Mediante ejecutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la superioridad resolvió revocar el auto impugnado y ordenó reponer el procedimiento, pues como lo dijo, éste juzgado únicamente se pronunció respecto de la dilación procesal, soslayando que el quejoso también señaló como acto reclamado la falta de notificación de los demandados para poder llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que es lo que impedía que se llevara a cabo tal audiencia. En acato a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, por auto de quince de noviembre pasado, se requirió a los Integrantes de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México para que informaran a este órgano jurisdiccional si ya llevo a cabo el emplazamiento de los demandados Banco Santander Mexicano sociedad anónima y/o Banco Santander (México sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander y/o Grupo Financiero Santander Serfin sociedad anónima de capital variable y/o Grupo Financiero Santander sociedad anónima bursátil de capital variable), y si ya celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese orden, de la comunicación y de las constancias que ahora se reciben en atención a lo solicitado por este juzgado federal, se advierte que la parte demandada Banco Santander Mexicano sociedad anónima y/o Banco Santander (México sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander y/o Grupo Financiero Santander Serfin sociedad anónima de capital variable y/o Grupo Financiero Santander sociedad anónima bursátil de capital variable) fue emplazada al juicio laboral J.29/1215/2016 el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; además, el treinta y uno de octubre pasado, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que el representante del ahora quejoso -actor en el juicio laboral- solicitó que al tenerse por emplazada a la parte demandada, las notificaciones se realizaran y surtieran efectos por medio de los estrados de esa Junta. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Como puede verse los actos de molestia que dieron origen al presente juicio de amparo 1602/2017-III, han dejado de surtir sus efectos jurídicos, pues la autoridad responsable acredita que se llevó a cabo el emplazamiento de los demandados, y con ello se logró la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con lo que deja de existir tal acto, pues precisamente era lo que pretendía el impetrante desde que instó el juicio de amparo. Entonces el acto de autoridad del que se dolía el quejoso dejó de tener vida y efectos jurídicos al haber sido abordado por la responsable. Consecuentemente, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al impetrantes en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, registrada con el número 184572, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las doce horas con veinticinco minutos del treinta de noviembre del año en curso, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a través del cual envía el original del juicio de amparo indirecto 1602/2017-III del índice de este Juzgado de Distrito, así como copia certificada del testimonio de la resolución emitida en el recurso de revisión 166/2017 el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, por el pleno de dicho órgano colegiado la cual fue resuelta en los siguientes términos: "PRIMERO. Se REVOCA el auto impugnado. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento del juicio de amparo indirecto 1602/2017-III promovido por Roberto Nuñez Díaz, en contra del acto y autoridad reclamados, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de Amparo, glósese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. En ese orden, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, para la tramitación del conflicto competencia y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Ahora bien, en estricto acatamiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, se repone el procedimiento del presente asunto para los efectos precisados en la misma. En consecuencia, requiérase a la responsable Presidenta de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, informe a este órgano jurisdiccional si ya llevo a cabo el emplazamiento de los demandados Banco Santander Mexicano sociedad anónima y/o Banco Santander (México sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander y/o Grupo Financiero Santander Serfin sociedad anónima de capital variable y/o Grupo Financiero Santander sociedad anónima bursátil de capital variable), de ser así comunique si ya celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para lo cual deberá remitir copia certificada legible y completa de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se fijan las doce horas con veinticinco minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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