Roberto Nieva Morales

Expediente 935/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
935/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto Nieva Morales
  • Roberto Nieva Morales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, glósese a este expediente el sobre que contiene la constancia remitida como justificación del informe rendido por la Jefa del Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez", que se encontraba en el resguardo de la secretaría, en virtud de que no contiene información confidencial. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 935/2019-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales remitidas por las autoridades responsables junto con sus informes justificados (fojas 17 a 23 y 59 a 62), oficios de siete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 30 a 33) y cinco de noviembre del mismo año (fojas 91 a 93); además de un sobre con constancias. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de referencia, y desahogadas por su propia naturaleza cerrándose dicho periodo. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 494/2019 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán (fojas 50 a 53). En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de cuenta para todos los efectos legales pertinentes. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 935/2019-I, promovido por Roberto Nieva Morales, contra el acto que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por conducto de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente, por estimarlo violatorio de los artículos 8o y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Roberto Nieva Morales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por conducto de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de julio del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Tercero. Ampliación de la demanda de amparo. En proveído de veintisiete de agosto del año en curso, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo y señalando como nueva autoridad responsable al Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente del UMAE del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, por auto de ocho de octubre de esta anualidad, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo, respecto de un nuevo acto reclamado, consistente en el oficio 331901260200/UMAE/DAOD-033/2019 que contiene la resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve. Posteriormente, se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, porque se reclama un acto omisivo que carece de ejecución, pero fue presentado en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en esta entidad y turnado posteriormente a este juzgado. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, los actos siguientes: La omisión de dar trámite a su solicitud de devolución de gastos médicos, formulada en escrito de siete de mayo de dos mil diecinueve. La resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitida en oficio 331901260200/UMAE/DAOD-033/2019 por el Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente del UMAE del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tercero. Acto existente. La Titular de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Jefa del Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Tellez", en Mérida, Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de la lectura de los mismos se advierte la existencia de dichos actos de molestia, lo que se corrobora con las constancias remitidas por las mencionadas la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por lo que los actos atribuidos se consideran existentes. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser esta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cesación de efectos. Al respecto, de oficio este resolutor de amparo advierte que respecto del acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por conducto de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente, consistente en la omisión de dar trámite a su solicitud de devolución de gastos médicos, realizada mediante escrito de siete de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que como se dijo anteriormente, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por conducto de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente, la omisión de dar trámite a su solicitud de devolución de gastos médicos, realizada el siete de mayo de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quince de agosto del año en curso, la responsable emitió la resolución en la que dio contestación a la solicitud del quejoso, referente a la devolución de gastos médicos, lo cual hizo de su conocimiento mediante oficio 331901260200/UMAE/DAOD-033/2019, el cual le fue notificado el veintisiete de agosto del presente año (fojas 91 y 92). Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el cuatro de julio de esta anualidad; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Extemporaneidad. Ahora bien, en cuanto al acto reclamado consistente en la resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitida mediante oficio 331901260200/UMAE/DAOD-033/2019, por el Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente del UMAE del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación realizada a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo, y por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Cobra aplicación por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931 del Tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De lo expuesto se sigue que en el presente asunto, se actualiza aquella causal de improcedencia antes invocada, pues la parte quejosa omitió promover la demanda de amparo dentro del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, ya que según se advierte de la constancias remitidas por la autoridad responsable (fojas 91 y 92), la parte quejosa fue notificada de la resolución reclamada, el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. De ahí que se surta la causal de improcedencia establecida, pues si el término de quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de la Materia, para la presentación de la demanda de amparo, surtió efectos al día siguiente en que tuvo conocimiento de la resolución que reclama y empezó a contarse del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, concluyendo por consiguiente el diecinueve de septiembre del presente año, excluyéndose los días treinta y uno de agosto, uno, siete, ocho, catorce, quince y dieciséis de los actuales, por ser inhábiles; y si el escrito de ampliación de la demanda de amparo por el acto de atención (foja 72) fue presentada hasta el cuatro de octubre de la presente anualidad, pues así se advierte del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta entidad, resulta dable concluir que fue presentada en forma extemporánea. Es aplicable el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Roberto Nieva Morales, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, por los motivos vertidos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por la Jefa del Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Ignacio García Tellez, mediante el cual cumple el requerimiento que le hizo este juzgado en proveído de treinta de octubre del presente año y remite las constancias certificadas que le fueron solicitadas; por tanto, agréguese a estos autos el oficio de cuenta, así como las constancias anexas al mismo, para que obren como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Jefa del Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Tellez", en Mérida, Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Téngase como domicilio procesal de la mencionada autoridad responsable el señalado en su informe de cuenta y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como su delegado a la persona mencionada en el mismo. Ahora bien, toda vez que de la prueba documental a que hace referencia consistente en copia certificada del oficio 331901260200/UMAE/DAOD-033/2019, de quince de agosto de dos mil diecinueve, signado por el director de dicha unidad médica, con la cual aduce se notificó al aquí quejoso la resolución de dos de agosto del presente año, no se advierte que contenga la fecha y firma de recibido; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire requiérase a la autoridad oficiante para que en el término de tres días que al efecto se le concede, remita a este Juzgado Federal copia certificada del oficio 331901260200/UMAE/DAOD-033/2019, en el cual conste la fecha en que el aquí quejoso recibió y se le tuvo por notificado de la resolución de dos de agosto del presente año; con el apercibimiento que no atender este requerimiento, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada ley se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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