Roberto Nava Vite

Expediente 2135/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2135/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2015

Partes del expediente

  • Roberto Nava Vite

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, requiérase al Juez de lo Civil de Xicotepec de Juárez, Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar recibo del original del expediente 36/2011, así como el incidente de nulidad de actuaciones derivado del mismo expediente, los cuales le fueron remitidos a través del oficio 8496/2015-I de dieciséis de diciembre del presente año, con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá por una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con la fracción I del artículo 237, en relación con los diversos 238 y 259 de la nueva Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por autos de treinta de septiembre y dieciocho de noviembre se reservó proveer lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y la tercera interesada Josefina Chacón de Jesús, hasta en tanto obraran en autos las constancias de notificación de la referida tercera interesada y de Concepción Chacón de Jesús, lo que ha acontecido; por tanto se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte la testimonial y pericial en topografía por lo que designa como perito de su parte a José Agustín Cruz Macias, medios de convicción que precisó en su escrito recibido el once de junio de dos mil quince. Asimismo, respecto a la tercera interesada Josefina Chacón de Jesús, por conducto de su autorizado, se le tiene por ofrecida la prueba testimonial que indicó en su escrito presentado el diecisiete de noviembre del año en curso. Al respecto y para la debida preparación de los medios de prueba relacionados, en términos del último párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, se concede a las partes un término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que se encuentren en condiciones, si así lo desean, de designar perito de su parte, o adicionar el cuestionario exhibido, previniéndoles que de no hacer manifestación al respecto, se les tendrá por precluido ese derecho, y se les tendrá por conformes, así como de acuerdos con el dictamen que emita el perito oficial designado por este juzgado. En las anotadas circunstancias, requiérase a las partes oferentes de las pruebas testimoniales, para que el día y hora señalado para el desahogo de la audiencia constitucional presenten a sus testigos Gloria Morales Encarnación y María Cecilia Hernández [testigos de la parte quejosa]; Jorge Téllez González, Guillermina Dionisio López y María Ofelia de Marcos Morales [testigos de la tercera interesada Josefina Chacón de Jesús], debidamente identificados a satisfacción de esta potestad federal, apercibidos que de no hacerlo, se declarara desierta en su perjuicio la probanza de referencia, respectivamente. Con independencia de lo anterior, requiérase al Titular de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación correspondiente, designe un perito en materia de topografía a efecto de funja como oficial por parte de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento para el Titular de la citada Dirección de Servicios Adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad de la fracción I, del artículo 237, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo Vigente. Ahora, respecto de la inspección judicial ofrecida por la parte tercera interesada Josefina Chacón de Jesús, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha dicho medio de convicción pues no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad. Esto en razón de que el primero de tales principios, impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. A su vez, por lo que respecta al segundo principio citado, éste es regido por los principios de expedites en la administración de justicia y de economía procesal, consistentes en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Por tanto, si la tercera interesada de mérito ofrecio como prueba una inspección judicial cuya finalidad es de que el actuario judicial adscrito de fe del estado físico que guarda el inmueble ubicado la casa marcada con el número cuatrocientos de la calle dos norte del centro del municipio de Oriental, Puebla, así como sus colindancias e indique las distancias que guarda este inmueble con otros diversos, esto conllevaría a precisiones fuera del contexto al que se circunscribe la Litis constitucional planteada por el impetrante de amparo -falta de emplazamiento a los juicios naturales-. Lo anterior en virtud de que, como se advierte del escrito de demanda, la litis planteada por el aquí quejoso radica en dilucidar sobre la falta de llamamiento a los juicio de origen, aludida por los impetrantes de amparo. En esa medida, como se dijo, la prueba ofrecida por la parte quejosa no es la idónea para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, pues no constituye el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. Esto, ya que la prueba de inspección judicial tiene como finalidad que el juez compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias en el momento en que se desahoga ese medio de convicción y que se encuentren estrechamente relacionados con el acto precisado como violatorio de garantías. Por esa razón, la prueba de inspección judicial ofrecida, no sería la idónea para acreditar la legalidad del emplazamiento practicado al solicitante del amparo y sobre el cual se duele de inconstitucional, pues la diligencia en la que se practique la inspección que en su caso realizara el actuario de que se trata, carecería de sentido para el efecto de determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del emplazamiento practicado al aquí quejoso dentro del juicio de origen. De tal forma que los datos de los que dé fe el actuario actuante, serían respecto de las condiciones actuales del lugar a inspeccionar y no con relación a la constitucionalidad del emplazamiento ordenado en los autos del juicio natural, lo cual es materia de la Litis constitucional. En suma, se arriba a la conclusión de que dicha probanza solo retardaría el procedimiento dentro del presente juicio de amparo, pues sólo retardaría la solución del presente juicio, contraviniendo los principios de economía procesal y expeditez en la administración de justicia. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha legislación según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, AMPARA Y PROTEGE ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial y de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en el plazo de tres días siguiente a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando octavo de la sentencia emitida por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, el treinta de octubre de dos mil quince, misma que le fue notificada el diez de noviembre del presente año a través del oficio 8082/2015-I; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 258, en relación con el diverso 238, ambos de la nueva Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Así mismo, en términos de lo establecido en el tercer párrafo del propio artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído acredite que ordenó a su subalterno dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 258, en relación con el diverso 238, ambos de la nueva Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

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