Roberto Nava Casillas

Expediente 646/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
646/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Roberto Nava Casillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la notificación practicada a la parte quejosa del oficio ********************de********************. Ahora bien, de las referidas constancias, así como de las allegadas por la responsable el veintinueve de agosto pasado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: La parte quejosa esencialmente reclamó: La omisión de resolver la solicitud de transmisión de derechos de título que presentó el ********************, y se registró con el número de expediente ********************. De acuerdo a las constancias que obran en autos se desprende que: El ********************, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, emitió un requerimiento de perfeccionamiento de solicitud, a fin de que la parte quejosa la subsanara en un plazo de treinta días hábiles, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada su petición registrada con el número ********************. Al no haber cumplido con dicho requerimiento, se emitió el oficio ********************de********************, por el que se tuvo por no presentada la solicitud, resolución que le fue notificada al solicitante del amparo el ******************** Por tanto, es evidente que la omisión que reclamó la quejosa cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable emitió el oficio ********************de********************, por el que tuvo por no presentada la solicitud de ******************** -cuya omisión en dar respuesta constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo-, registrada bajo el número de expediente ********************, dado que no cumplió con los requerimientos realizados el ********************, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio remitido por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la notificación practicada a la parte quejosa del oficio ********************de********************. Ahora bien, de las referidas constancias, así como de las allegadas por la responsable el veintinueve de agosto pasado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: La parte quejosa esencialmente reclamó: La omisión de resolver la solicitud de transmisión de derechos de título que presentó el ********************, y se registró con el número de expediente ********************. De acuerdo a las constancias que obran en autos se desprende que: El ********************, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, emitió un requerimiento de perfeccionamiento de solicitud, a fin de que la parte quejosa la subsanara en un plazo de treinta días hábiles, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada su petición registrada con el número ********************. Al no haber cumplido con dicho requerimiento, se emitió el oficio ********************de********************, por el que se tuvo por no presentada la solicitud, resolución que le fue notificada al solicitante del amparo el ******************** Por tanto, es evidente que la omisión que reclamó la quejosa cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable emitió el oficio ********************de********************, por el que tuvo por no presentada la solicitud de ******************** -cuya omisión en dar respuesta constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo-, registrada bajo el número de expediente ********************, dado que no cumplió con los requerimientos realizados el ********************, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, en representación del Director de dicha dependencia, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló el veintitrés los actuales, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente **************, en las que obra la resolución contenida en el oficio B00.910.01.1/001290 de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, por la que se tuvo por no presentada la solicitud formulada por la parte quejosa el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; al respecto, se acuerda: Con fundamento el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado remita copia certificada de la notificación practicada a la parte quejosa del oficio B00.910.01.1/001290 de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la ley de la materia.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, no ha cumplido con el requerimiento que se le formuló en proveído de veintitrés de los actuales; al respecto, se acuerda: Requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que de INMEDIATO remita copia certificada de la totalidad del expediente que formó con la solicitud registrada con el número 2.S.3.13/07058-2021, y de manera específica la determinación en la que tuvo por no presentada la solicitud formulada por la parte quejosa el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, así como de la notificación correspondiente o, en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Hágase de su conocimiento, que en caso de no cumplir con el requerimiento de marras, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de veintitrés de los actuales. Finalmente, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data y en su lugar se fijan las diez horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.

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