Roberto Morúa Correa

Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
877/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Roberto Morúa Correa

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    León, Guanajuato; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 877/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Jorge Armando Monzón Martínez, en su carácter de defensor particular del inculpado Roberto Morúa Correa. III. Autoridad responsable. Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad y otra autoridad. IV. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el quejoso en esencia hace consistir los actos reclamados en: a. La sentencia de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca número 80/2021-O, en la cual resolvió vincular a proceso al inculpado Roberto Morúa Correa, reclasificando el hecho que la ley considera como delito de lesiones por el de homicidio en grado de tentativa. b. Así como la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en perjuicio de Roberto Morúa Correa por el hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa. V. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. De la lectura de la demanda que ahora nos ocupa, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, por la Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca 80/2021-O, en la cual resolvió vincular a proceso al inculpado Roberto Morúa Correa, reclasificando el hecho que la ley considera como delito de lesiones por el de homicidio en grado de tentativa, y del Juez responsable la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en perjuicio de Roberto Morúa Correa por el hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa; empero, de la certificación de cuenta se obtiene que dicha parte impetrante ya había promovido diversa demanda de amparo, en los mismos términos que la de cuenta, en contra de las mismas autoridades responsables y respecto de los mismos actos reclamados, misma que fue radicada en este juzgado bajo el número de expediente 870/2021-V, la cual se encuentra en trámite, pues fue admitida el veintisiete de octubre del año en curso, proveyéndose incluso sobre la suspensión provisional peticionada. Por tanto, se determina que la nueva demanda de amparo planteada es notoriamente improcedente y que por ello debe desecharse de plano, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: a) La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución, en definitiva; b) Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Expuesto lo anterior, precisa reiterar que de los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que ante este juzgado se presentó diversa demanda de amparo promovida por Jorge Armando Monzón Martínez, en su carácter de defensor particular del inculpado Roberto Morúa Correa, la cual se registró bajo el número 870/2021-V, contra las mismas autoridades (Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de San Felipe, Guanajuato) y por los mismos actos que se reclaman en la demanda de amparo de cuenta, que se traducen en la resolución dictada la sentencia de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca número 80/2021-O, en la cual resolvió vincular a proceso al inculpado Roberto Morúa Correa, reclasificando el hecho que la ley considera como delito de lesiones por el de homicidio en grado de tentativa, así como la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en perjuicio de Roberto Morúa Correa por el hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa; lo que constituye un hecho notorio, sin que para ello sea menester deducir copia certificada de la misma, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al constar los datos atinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." De ahí, que este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí reclamados por la parte quejosa, ya que tal cuestión es materia de análisis en el diverso asunto 870/2021-V, del índice este Juzgado Federal, el cual aún se encuentra en trámite; lo que imposibilita abordar de nueva cuenta tal tópico, pues de hacerlo así, implicaría que el directo quejoso, pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Lo anterior patentiza que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la constitucionalidad de los actos que reclama el impetrante del amparo, son materia de análisis en el juicio constitucional 870/2021-V, del índice de este tribunal, al existir identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia, y de suyo hace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar la demanda por su manifiesta improcedencia. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." VI. Domicilio y autorizado. Como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones de carácter personal que se dicten en el presente juicio, toda vez que el usuario que proporciona (JORGEARMANDO) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona al oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios en los términos anteriormente apuntados. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Guadalupe Carranza Flores, en virtud de que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX.Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de octubre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.

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