Roberto Moreno Martinez
Expediente 474/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto Moreno Martinez
Actuaciones
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte de quejoso, por este conducto se le notifica: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda promovida por ***, quien se ostenta como apoderado de ***, parte actora en el expediente de origen; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato; que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 474/2017-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido y anexos que se acompañan se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del cuerpo de leyes invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la demanda de amparo, se desprende que el solicitante del amparo señaló como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato; autoridad a la que reclamó el acto que se describió de la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: La Resolución emitida por la Autoridad señalada como Responsable de fecha 22 de Marzo de 2017, que radica la demanda bajo el número de Expediente ***/2017/LI/CB/IND., y que resuelve declararse Incompetente para resolver y conocer del conflicto que se le plantea. Asimismo, de la demanda de amparo y anexos que a ella se adjuntaron, como antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que ***, en su carácter de apoderado legal de ***, demandó a ***, S.A. de C.V., diversas prestaciones laborales, por lo que se formó el expediente laboral **/2017, en el cual el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida con el argumento de que las prestaciones reclamadas son competencia de autoridades Federales y ordenó remitir el expediente a la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Guanajuato, a fin de que se avocara al conocimiento del asunto; siendo dicha determinación de incompetencia la que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la determinación en la que la responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda con que se formó el expediente laboral 924/2017, y ordenó remitir los autos a la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Guanajuato, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Empero, cuando se reclaman en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal; pero que por su propia naturaleza, no causan afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida es improcedente porque la determinación de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en la que la responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda con que se formó el expediente laboral **/2017, y ordenó remitir los autos a la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Guanajuato; no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, es un acto que en todo caso solo produce efectos de carácter intraprocesal. Es aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. Asimismo, la determinación reclamada no es de imposible reparación en los términos anotados porque en primer término, independientemente de quien conozca del asunto; es decir, ya sea la Junta responsable; o bien, aquella Junta a la que se mandó remitir el expediente, la legislación que se aplicará por cualquiera de esos Tribunales es la Ley Federal del Trabajo. De igual modo, y de forma relevante, la determinación que constituye el acto reclamado en la demanda de cuenta, carece de definitividad para efectos del juicio de amparo, no porque en su contra proceda algún recurso ordinario, sino porque la autoridad a quien se ordenó remitir el expediente a fin de que se avoque al conocimiento del asunto no se ha pronunciado sobre la competencia que le fue declinada; esto es, el acto reclamado carece de definitividad porque la autoridad a cuyo favor se declinó la competencia no ha emitido determinación respecto a si acepta o no el conocimiento del asunto que le fue enviado, caso en el cual, el acto que se reclama en la demanda de cuenta se entiende es definitivo y contra esa determinación que en todo caso acepte la competencia declinada es contra que le podría proceder el amparo indirecto. A mayor abundamiento, en el caso, el acto susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto es aquel en el que el órgano a favor del cual se declina la incompetencia la acepta, ya que es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107 fracción I, de la Carta Magna y además, cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado; lo que permite concluir de nueva cuenta que el acto que se reclama en la demanda que se recibe no es una determinación que justifique su procedencia. Es aplicable al caso, por lo que informa, en lo conducente la Tesis de Jurisprudencia de título y contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." (Lo destacado es nuestro). Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la determinación en la cual la Junta responsable declina la competencia a diversa Junta pero del ámbito federal a fin de que se avoque al conocimiento del asunto, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; se desecha la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderado de ***, en el expediente laboral de origen, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Por otro lado, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizados en amplios términos a ***, ello en razón de que el asunto de origen es de materia laboral, y la parte quejosa es la actora en dicho juicio, y en ese sentido, el primero de los citados preceptos legales no exige que en la hipótesis que aquí se actualiza los autorizados tengan registrada su cédula profesional que los autorice a ejercer la profesión de abogado; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en *** Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Roberto Jaramillo Vargas197/2015
- Roberto Jose Elias Orozco1095/2017
- Roberto Jose Elias Orozco543/2017
- Roberto Martínez Arreguín767/2015
- Roberto Maycotte Nieto824/2019
- Roberto Miguel Rivadeneyra Vela352/2021
- Roberto Negrete Aguirre541/2023
- Roberto Neri Vega568/2017
- Roberto Osuna Galindo854/2017
- Roberto Palacios Cervantes340/2017
- Roberto Ramirez Ruiz338/2021
- Roberto Revilla Patiño677/2016