Roberto Morales Vargas

Expediente 1290/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1290/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto Morales Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ROBERTO MORALES VARGAS. Desechamiento firme Vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano su demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, el proveído en cita queda firme. Archivo, anotaciones y capturas En virtud de que el presente asunto se encuentra concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; en consecuencia, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, asiéntese en la carátula los datos precisados con antelación. Devolución de documentos y garantía No se hace pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, en virtud de que no fue exhibida en el incidente de suspensión, al no haberse tramitado éste. Empero, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente o, bien, por conducto de alguno de sus autorizados, debidamente identificado a recoger los documentos que aportó con la demanda de amparo , con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, serán destruidos, igual que este expediente. Integración de expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a la fecha no ha informado las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos. Por tanto, requiérasele para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las documentales con las que acredite haber acatado el fallo protector o, en su caso, informe la imposibilidad que tenga para ello; en el entendido que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: ? "Realizar las actuaciones procesales correspondientes a la brevedad posible, relativas a la pericial en caligrafía, grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía, asimismo las confesionales a cargo de las partes para que se realicen en la fecha y hora que ya fue señalada, sin que ello implique inobservar las reglas del procedimiento, respetando los plazos y términos legales para su realización, lo que deberá de hacer dentro del juicio laboral 1A-1911/2015. Lo anterior, en la inteligencia que de ordenar que las fechas señaladas por la autoridad responsable para el desahogo de las pruebas en mención se dejen insubsistentes, para que en su lugar se designen otras más próximas, implicaría cargas por parte de la autoridad responsable para emitir un nuevo acuerdo con el señalamiento de fechas y notificarlo a las partes, lo que, dada la cercanía de los plazos traería como consecuencia la posibilidad de no celebrar la audiencia de mérito en la nueva fecha que en su caso se señalara para el desahogo de pruebas. Ello, teniendo presente, primeramente, que debe quedar firme esta determinación para poder hacerse exigible su cumplimiento, lo que podría suceder a principios del mes de agosto -2 de agosto-, siempre y cuando no sea recurrida en revisión; una vez ejecutoriada la sentencia se requerirá su cumplimiento a la responsable, pudiendo ser esto entre el cinco y siete de agosto, entonces la autoridad emitiría acuerdo con el señalamiento de nuevas fechas entre el ocho y diez siguientes y procedería a notificarlo, notificación que se conseguiría entre el doce y dieciséis de agosto; entonces las nuevas fechas se podrían fijar a partir del veinte de agosto, si la agenda de la responsable lo permitiera, lo que evidencia que sólo podríamos ganar cuatro semanas, con el riesgo de que no fuera posible la realización de todas las actuaciones mencionadas y se tuviera que fijar de nueva cuenta fecha para el desahogo de las probanzas mencionadas, por lo que, se considera menos perjudicial dejar las fechas indicadas y exigir a la responsable la verificación de todo lo necesario para su desahogo en esas datas. Por tanto, es necesario imponer a la autoridad responsable la obligación de realizar todos los trámites necesarios para que el desahogo de las pruebas respectivas se lleve a cabo en su fecha, trayendo como consecuencia que la parte quejosa sea restituida en su derecho violado." En la inteligencia que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258 de la ley reglamentaria; y si aún así es omisa se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación; sin perjuicio de dar vista al agente del Ministerio Público adscrito, a efecto de que inicie la carpeta de investigación correspondiente por su probable responsabilidad en la comisión del delito establecido por el dispositivo 267, fracción I, de Ley de Amparo. En el entendido de que si retrasa el cumplimiento por medio de evasivas o realiza comportamientos procesales inocuos o que no trasciendan al núcleo de las obligaciones impuestas, se considerará incumplimiento con fundamento en el artículo 193 de Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ROBERTO MORALES VARGAS. Demanda de amparo y registro Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Roberto Morales Vargas solicitando el amparo y protección de la justicia de la Unión contra actos del Presidente de "Caja Solidaria Turicato Unido, S.C. de A.P. de C.V."; Fórmese expediente y regístrese con el número III-1290/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda y precisión de los actos reclamados Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado se hace consistir en "el requerimiento verbal de pago, formulado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el presidente de la persona moral denominada "Caja Solidaria Turicato Unido, S.C. de A.P. de C.V." le apercibió que de no realizar el pago correspondiente iría con el comisariado ejidal de Puruarán para embargarle la propiedad que habita, además de indicarle que no podría efectuar ningún cambio de posesión relacionado con tal inmueble". Causa de improcedencia actualizada Una vez precisado el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo , por lo cual, se realizará el estudio respectivo. Análisis de la improcedencia actualizada El numeral 61, fracción XXIII, de la ley en la materia establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 1° y 5o fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, puede advertirse de dichos preceptos que la autoridad responsable tiene tal carácter cuando, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, se establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , intitulada: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes:  La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.  La relación deberá tener su nacimiento en una norma legal que dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulte irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana.  Tal ente debe emitir actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular.  Sin que para ello requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general.". Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas, ya que, conforme al artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, reviste el carácter de autoridad responsable o debe entenderse por aquélla "...la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ...". Por tanto, para que los actos de un particular sean considerados como de autoridad para efectos del juicio constitucional, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en su caso, el particular deberá omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Expuesto el marco legal de la causa de improcedencia examinada, este órgano jurisdiccional explicará porqué se estima actualizada y, para ello, se exponen los hechos que, como antecedentes, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa. I. El peticionario de amparo indicó que tiene un adeudo con la persona moral denominada "Caja Solidaria Turicato Unido, S.C. de A.P. de C.V.", la cual consta dentro de la cuenta 08-002 y libreta 0322; II. El quejoso manifestó que acudió a las oficinas de la persona moral aludida para que aceptaran un pago por los intereses del adeudo referido y solicitar "un término de gracia para liquidar la suerte principal"; empero, el presidente de la persona moral prestamista le dijo que debía liquidar tanto la suerte principal como los intereses de la deuda, ya que no aceptarían parcialidades; III. El cinco de noviembre pasado, el presidente de la persona moral ya citada se constituyó en el domicilio del peticionario de amparo para "requerirle verbalmente el pago de la deuda, apercibiéndole que de no realizar el mismo iría con el comisariado ejidal de Puruarán para embargarle la propiedad que habita, además de indicarle que no podría efectuar ningún cambio de posesión relacionado con tal inmueble". En ese sentido, la narración de los antecedentes de los actos reclamados, realizada por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, permiten concluir que el acto reclamado no es de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, la parte quejosa se inconforma con una interpelación realizada por un particular, desprovisto de facultades legales para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ya que su actuar no se desempeña en ejercicio de funciones públicas, sino con motivo de un actuar individual y particular. En otras palabras, para satisfacer el pago de la deuda ante el incumplimiento del peticionario de amparo, el presidente de la persona moral denominada "Caja Solidaria Turicato Unido, S.C. de A.P. de C.V." requiere acudir a los órganos judiciales en ejercicio de la acción respectiva, ya que, por sí mismo, no ejerce facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley para ejecutar actos que crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria respecto del peticionario de amparo, en ejercicio de una potestad administrativa. Esto es, la interpelación o "el requerimiento verbal de pago, formulado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el presidente de la persona moral denominada "Caja Solidaria Turicato Unido, S.C. de A.P. de C.V." apercibió al quejoso que de no realizar el pago correspondiente iría con el comisariado ejidal de Puruarán para embargarle la propiedad que habita, además de indicarle que no podría efectuar ningún cambio de posesión relacionado con tal inmueble", no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que aquél no actúa como autoridad, sino como un particular, sin que se encuentre facultado por algún ordenamiento legal para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria respecto del quejoso. No se soslaya que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. Empero, como se dijo, la interpelación realizada por el presidente de la persona moral referida sólo constituye un requerimiento extrajudicial, el cual no se desempeña en ejercicio de funciones públicas, sino como un ente privado o particular, el cual no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria respecto del quejoso y, por ende, se encuentra dentro de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. Tampoco pasa inadvertido que el acto reclamado pudieran tratarse de un hecho que podría relacionarse con un posterior requerimiento de pago de manera judicial; sin embargo, esa circunstancia no corresponde resolverla al Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo, sino a un órgano jurisdiccional de primera instancia. Por tales motivos, el acto reclamado no puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia analizada. Desechamiento Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción III, inciso b), del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Roberto Morales Vargas. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la comunidad promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, las examinadas se actualizaron de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Domicilio procesal y autorizado Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Trinidad Gómez Sánchez, quien cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles; capturas, anotaciones e integración del expediente electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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