Roberto Morales Reyes Reyes
Expediente 384/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Morales Reyes Reyes
Actuaciones
- Incidental
& MESA 6-A INC 1535/2012 Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta de marzo de dos mil quince. Agréguese el oficio número 401-T.DGAJ-DGAGPL- DG-00537-2015, con el cual, la directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con sede en México, Distrito Federal, acusa recibo del billete de depósito número N 411677, que se le remitió, con motivo de la prescripción decretada en autos, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
´´PRAL 384/2015 MESA 2 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintisiete de marzo de dos mil quince Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, agréguese con conocimiento de las partes, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio sin número, suscrito por el juez Primero de lo Penal, con sede en Ixcotel, Centro, Oaxaca, a través del que rinde su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
´´INC 384/2015 MESA 2 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintitrés de marzo de dos mil quince. Como está ordenado en auto de esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias del escrito de la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el día veinte del actual y turnada a este órgano jurisdiccional, en igual fecha, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 384/2015, promovido por ROBERTO MORALES REYES REYES, contra actos del juez Primero de lo Penal, del distrito judicial del Centro y otra autoridad. Hágase saber a las partes que las promociones por escrito deberán presentarse por duplicado, a fin de ser glosadas a cada uno de los expedientes incidentales (original y duplicado). Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables rindan su informe previo dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción I, y 238, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Se solicita a las responsables que, al rendir su informe previo,proporcionen los datos que tengan a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 140 de la ley de la materia vigente; así como si se trata de un delito calificado como grave o no por la legislación relativa. Se señalan las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA TREINTA DEL MES EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia incidental, acorde a lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, de la ley invocada. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia en vigor (que establece, entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79 de la Ley de Amparo-), se apercibe a la parte quejosa que si la (s) autoridad (es) responsable (s) no existe (n) con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le (s) tendrá por inexistente (s), suspendiéndose toda comunicación con la (s) misma (s) y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; ello, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa, estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Ahora, la parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto de la orden de reaprehensión dictada en su contra por el juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro; por lo que hágase del conocimiento de las partes que sólo en lo relativo a la procedencia o no de la suspensión solicitada por la parte quejosa, respecto de tal acto, así como a las condiciones a que se sujete y efectos de la misma, se aplicará la Ley de Amparo anterior a la reforma, de conformidad con el artículo décimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, no así respecto del trámite del incidente, pues el referido artículo transitorio, en su citado párrafo, alude a ".la suspensión en materia penal.", no así al incidente de suspensión; por ello, como dicho párrafo del transitorio referido prevé que la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose acorde a aquélla (Ley de Amparo anterior), en tanto que, en el caso, la averiguación previa y el proceso del que derive ese acto, se integra e instruye por un juez residente en el distrito judicial del centro, en donde aún no entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal, acorde al decreto número 308 por el que se creó el Código Procesal Penal del Estado, que entró en vigor doce meses después de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; por lo que, la suspensión provisional se pronuncia en los siguientes términos: 1º Para el caso de que la naturaleza del antijurídico por el que se siga proceso al quejoso, permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución conforme a lo establecido en el inciso A, fracción I, del numeral 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya calificación queda bajo la responsabilidad de la autoridad judicial, dado, están satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin dejar de observar el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, que se aplica al caso en los términos precisados, toda vez que la suspensión provisional está solicitada, con la misma no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque los actos reclamados no se traducen en situaciones de las cuales se evite la satisfacción de una necesidad colectiva o un bienestar común; a efecto de no ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, con apoyo en el numeral 136, de la Ley de Amparo vigente, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que no se ejecute la orden de reaprehensión que hubiere sido dictada hasta el momento en que fue presentada la demanda de amparo, diecinueve horas con cinco minutos del día diecinueve del actual, por la autoridad judicial señalada como responsable, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana. Además, ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 315, del tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Medida precautoria que en términos del precepto 138 de la ley de la materia, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el quejoso no cumple con los siguientes requisitos de eficacia: a) Que exhiba a favor de este Juzgado, dentro del término de cinco días, garantía económica por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las diversas formas establecidas por la ley; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la ley de la materia. Una vez que exhiba la garantía solicitada, comuníquese a las responsables si se cumplió con ese requisito. b) Obligadamente comparezca ante el juez de la causa, dentro del plazo de tres días, para la continuación del procedimiento penal, conforme a lo dispuesto en el precepto 138, de la Ley de Amparo; asimismo, dentro de los otros tres días subsecuentes, deberá acreditar ante este Juzgado que compareció ante el juez del conocimiento; y, c) En lo posterior, la parte quejosa queda sujeta a comparecer ante el juez de su causa cada siete días, lo cual acreditará ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo antes citado. En el entendido de que estas dos últimas medidas de aseguramiento (comparecencia ante el juez responsable), sólo serán exigibles hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, del Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 170432, con el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Con apercibimiento que de no realizar esas presentaciones, o no acreditarlas aquí, en su caso, se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del Erario Federal, medidas de aseguramiento de los peticionarios de amparo que se implementan a efecto de que puedan ser devueltos a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concedérseles la protección de la Justicia Federal. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página 226, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". En tanto que, si no efectúa esa exhibición, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y quedarán expeditas las facultades de las responsables para ejecutar la orden combatida. 2°. Por otra parte, si el delito por el que se instruye el proceso al quejoso no permite el beneficio de la libertad provisional bajo caución conforme a la fracción I, del precepto 20 constitucional citado, la suspensión provisional sólo se concede para el efecto de que una vez ejecutada tal orden de reaprehensión quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado, así como a disposición del juez de su causa, por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Es aplicable al caso, en lo conducente, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia número 53/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2003, publicada en la página noventa y nueve, del tomo XVIII, del mes de noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con el rubro siguiente:"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE". Esta medida cautelar, en contra de la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada, no incide ni afecta la orden de detención para el caso de que el quejoso sea sorprendido en flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de flagrancia de delito; ni en caso de urgencia a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16, de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; ni restringe las facultades de las autoridades en la práctica de diligencias en investigación del delito, lo cual es actividad procesal penal insuspendible, por ser de interés social. Dicha suspensión durará en sus efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. Como lo solicita, expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, teniéndose por autorizados para recibirla a la personas que indica en su demanda de amparo, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones y acuerdos, los que indica en su escrito de demanda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
´´PRAL 384/2015 MESA 2 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintitrés de marzo de dos mil quince. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el día veinte del actual y recibida en este órgano jurisdiccional, en igual fecha, promovida por ROBERTO MORALES REYES REYES, contra actos del juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro y otra autoridad; fórmese expediente con el número 384/2015; anótese su ingreso en el libro de gobierno; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 128, último párrafo, de la ley de la materia invocada, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la ley de la materia en vigor, se solicita a las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. Apercibidas que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia en este juicio de amparo se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción II, y 238, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Asimismo, se solicita a las responsables comuniquen si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado; en su caso, precisen el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. Se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL PRÓXIMO, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la (s) autoridad (es) responsable (s) que, en términos del artículo 1° de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, está (n) obligada (s) a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, hágase del conocimiento de la representante social de la adscripción, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la actuaría de este Juzgado, por lo que se ordena darle la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA", misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la ley invocada. Sin que haya lugar a dar cumplimiento a lo ordenado en el último párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo, en virtud de que el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, fue señalado como autoridad responsable. De igual forma, como en esta etapa se desconoce quién es la víctima del delito u ofendido en la averiguación previa o proceso del que derivan los actos reclamados, y a quien podría resultarle la calidad de tercero interesado, en términos del numeral 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, se reserva pronunciarse sobre su emplazamiento hasta en tanto se establezca su existencia acorde a las constancias que se remitan como justificación de informe relativo. Así también, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la ley de la materia en vigor), se apercibe a la parte quejosa que si la(s) autoridad(es) responsable(s) no existe(n) con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le(s) tendrá(n) por inexistente(s), suspendiéndose toda comunicación con la(s) misma(s) y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; ello, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Apoya lo anterior, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en vigor, y su sexto transitorio, las jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las página 75 y 40, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registros 162063 y 162065, respectivamente, de rubros siguientes: a) "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. b) "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN". Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio y autorizados para recibir notificaciones, los que indica en su escrito de demanda (foja 2). En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Sin que, en el caso, sea procedente notificar personalmente a la parte quejosa este auto admisorio, por no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Amparo en vigor, atento a lo dispuesto en la fracción III del mismo precepto legal y sexto transitorio, acorde a la jurisprudencia número 72, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 58, tomo VI, materia común, octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE FIJA FECHA PARA LA". NOTIFÍQUESE.
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