Roberto Morales Badillo
Expediente 118/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Roberto Morales Badillo
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 118/2018-II-E, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que recoja tal documento dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo, ello con fundamento en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, el documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.
- Principal
IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 118/2018-II-E. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan...". El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Ahora, analizada en su integridad la demanda de garantías que se plantea, se advierte que el quejoso, reclama del el auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho dictado por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia dentro del toca 111/2018, relativo al trámite del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de ocho de agosto del dos mil diecisiete, que declaró improcedente la planilla de liquidación de intereses dentro del juico ejecutivo mercantil 525/2016. Por tanto, es menester invocar lo que se dispone en el artículo 1334 del Código de Comercio, que dice: Artículo 1334 del Código de Comercio, en su orden, establece: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Al respecto, de acuerdo con lo establecido con el numeral citado, los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por la autoridad que los dicte así como aquellos decretos y autos de los tribunales superiores, puede pedirse la reposición, salvo que la ley expresamente disponga que son irrecurribles, de ahí que si en la especie, el disidente se duele del proveído emitido por la Sala responsable a través del cual declaró improcedente el recurso de apelación que hizo valer en contra de la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecisiete que resolvió la planilla de liquidación de intereses en el juicio de origen, es inconcuso que en contra de dicho acto reclamado, al haber sido emitido por la Alzada, puede ser recurrido mediante la reposición a que se refiere numeral invocado. Apoya lo anterior, por las razones que la informa, la jurisprudencia número 1a./J. 101/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 138, Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." De tal suerte que, si como en la especie acontece, a través del acuerdo reclamado la responsable no da trámite al recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de ocho de agosto del dos mil diecisiete, que declaró improcedente la planilla de liquidación de intereses dentro del juico ejecutivo mercantil 525/2016, entonces, antes de acudir ante esta instancia constitucional se encuentra obligado a agotar los medios de defensa que la ley ordinal les concede para revocar, modificar o nulificar la determinación que hoy reclama, toda vez que, se reitera, en términos del precitado artículo 1334 del Código de Comercio, dicho acto reclamado puede ser recurrido mediante la reposición; por lo que al no haber agotado ese medio de impugnación la presente vía de amparo resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y debe, por ende, desecharse la demanda de garantías de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, tomo XV, del mes de mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a *****y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la diversa persona indicada, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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