Roberto Minjarez García
Expediente 277/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/03/2018
Partes del expediente
- Roberto Minjarez García
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual remite diligenciado el despacho 308/2017-I, del índice de este Juzgado, el que fue enviado a efecto de que emplazara a juicio a los terceros interesados **, a través de su **y para que en tal diligencia o bien por escrito dentro de los tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de que se habla, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista que se publicará en los estrados de este Juzgado; en consecuencia, agréguese para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia de que por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 42 a 46), se tuvo a los citados terceros apersonándose al juicio en que se actúa. En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo al Juez oficiante. Luego, visto el estado de autos, se advierte que el presente juicio de amparo 1831/2017, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de seis de marzo de esta anualidad (foja 159), remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, junto con el original del escrito de agravios para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por **, en su carácter de apoderado legal del quejoso **, en contra de la sentencia terminada de engrosar el catorce del mes próximo anterior (fojas 101 a 110).
- Principal
Tepic, Nayarit, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: ... El treinta de agosto de dos mil diecisiete (fojas 59-76), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por *****, por lo que atañe a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables les restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $12,007.14 (doce mil siete pesos, con catorce centavos moneda nacional), por conceptos de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSC. PRESTAMO HIPOTECARIO", así como de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "14,319", emitido por el Notario Público Veintiséis, con sede en esta ciudad, que se cubrió el veintisiete de junio de dos mil diecisiete(fojas 16 y 18). (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la parte quejosa y la constancia certificada de los pagos correspondientes que obran agregadas en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". En auto de veinte de septiembre de la presente anualidad, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió únicamente a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditara dicho cumplimiento. Asimismo, dicho requerimiento se hizo extensivo al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable precisada en el párrafo que antecede (fojas 75-76). En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que la autoridad responsable referida, esencialmente, realizara lo siguiente: Desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que no le aplicaran ni en el presente ni en el futuro tales ordinales, hasta en tanto no fueran modificados. Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $12,007.14 (doce mil siete pesos, con catorce centavos moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, en el entendido de que dicha cantidad a devolver debía encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el siete de noviembre de dos mil diecisiete y registrado con el número de folio 31593 el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, en representación del recaudador de rentas responsable, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete realizó una transferencia bancaría a favor del quejoso por la cantidad de $11,447.14 (once mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con catorce centavos 14/100 moneda nacional), por concepto de devolución de lo erogado con motivo del cobro de los derechos e impuestos reclamados en la presente instancia constitucional y, para corroborar su dicho, anexó la constancia del SPEI generado con motivo de dicho movimiento electrónico; sin embargo, dicha cantidad era inferior a la establecida en la ejecutoria de mérito, por lo que se requirió de nueva cuenta a la aludida autoridad, a efecto de que acatar en sus términos la sentencia concesoria referida. Así, en cumplimiento a lo anterior, mediante diverso proveído de siete de febrero se tuvo a la autoridad responsable aludida informando que entregó a la parte quejosa el cheque número 0191 de la institución bancaria Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, valioso por la cantidad de $719.17 (setecientos diecinueve pesos con diecisiete centavos 17/100 moneda nacional), monto que, aduce, corresponde al concepto de actualización fiscal de lo erogado con motivo del acto de aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio y al efecto remitió el acuse de recibo correspondiente (fojas 116-118). De lo anterior, se obtiene que la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del director general jurídico de dicho ente, devolvió al promovente del amparo la cantidad global de $*****(******/100 moneda nacional). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y les devolvió la contribución principal erogada por éstos, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $****** por los siguientes conceptos: ... Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenia que descontar la diversa suma de $0***.00 (****/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $****(****), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el veintisiete de junio de dos mil diecisiete y el treinta y uno de enero de la presente anualidad, la autoridad responsable entregó a la parte quejosa el numerario citado antelativamente, por el cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio de dos mil diecisiete al mes de enero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de entre el índice para el mes de diciembre, ambos de la anualidad pasada (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil diecisiete fue de 126.091; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03744. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $*****(******/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $****(*****). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que el recaudador responsable devolvió a la quejosa la cantidad $****(*****) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a los quejosos era de $11,875.70 (once mil ochocientos setenta y cinco pesos con setenta centavos 70/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $******(****), es decir, reintegró un excedente de $****(****/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por otro lado, no se soslaya que la autoridad responsable no manifestó de manera expresa que se abstendría de aplicarle al quejoso los artículos tildados de inconstitucionales en el presente juicio; sin embargo, dicha circunstancia tampoco resulta relevante para considerar que la sentencia definitiva pronunciada en autos o no se encuentra cumplida, pues al haberle reintegrado la cantidad que erogó con motivo de la aplicación de dichos ordinales resulta evidente que éstos fueron desincorporados de su esfera jurídica, porque de lo contrario, no le hubiera devuelto dicho monto. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.
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