Roberto Mijangos Martínez
Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Mijangos Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Colegiado modifica sentencia. Agréguese el oficio de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que anexa el original del juicio de amparo 382/2022 del índice de este juzgado, y testimonio de la ejecutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, relativa al amparo en revisión ********************del índice de su adscripción, interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; glósense únicamente las actuaciones realizadas con posterioridad al envío de los autos al Tribunal de Alzada, toda vez que las diversas constancias ya obran en autos. Ahora bien, toda vez que el tribunal revisor revocó la resolución recurrida, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y negando el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, infórmese a las partes tal circunstancia para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En atención a lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de depuración; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. d) Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que informa se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Fabián Ortega Navarrete, autorizado del quejoso ROBERTO MIJANGOS MARTÍNEZ, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, y acusa recibo de las constancias remitidas para su sustanciación; el cual se radicó con el número de recurso de revisión 281/2022, de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito y anexo de Fabián Ortega Navarrete, autorizado legal del quejoso ROBERTO MIJANGOS MARTÍNEZ; visto su contenido, para los efectos del recurso de revisión que interpone en contra de la sentencia de amparo dictada en este juicio, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de dicho escrito, así como el original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno, de este Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 382/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ROBERTO MIJANGOS MARTÍNEZ, promovió demanda de amparo contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- El ilegal e inconstitucional auto de siete de marzo de dos mil veintidós, emitido por los Ciudadanos Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante el cual declararon cumplida la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 2021/18-15-01-1. b).- La omisión de la autoridad responsable de analizar oficiosamente se acató o no en su totalidad su sentencia dictada con fecha 29 de noviembre de 2018, que constituye cosa juzgada en el juicio de nulidad 2021/18-15-01-1." Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, la que en seis de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite, asignándole el número de expediente 382/2022; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se emplazó al tercero interesado, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio contencioso 2021/18-15-01-1, por el que tuvo por cumplida la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada en dicho juicio. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Presidenta de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo al mismo, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral segundo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, página 153, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, página 516, con número de registro 280620, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Alegada por cualesquiera de las partes, debe resolverse previamente sobre ella, ya que la Corte debe examinar este punto, aun de oficio." El suscrito juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." [.]" Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El anterior precepto legal transcrito, establece lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual se justifica en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. De tal forma, que la instancia constitucional en la vía biinstancial, contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio de defensa mediante el cual se pueda nulificar, revocar o modificar dicho acto. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, consultable en la página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Para demostrar lo anterior, se transcribe el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, e inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, en lo que interesa, literalmente establece: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. (.) Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." Como puede advertirse, el artículo transcrito establece el procedimiento en caso de exceso o defecto en el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en su caso sus Salas, el cual es claro en señalar que el afectado por el exceso o defecto en el cumplimiento de una resolución dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, siempre que no se planteen cuestiones ajenas al fallo de nulidad cumplido. Asimismo, prevé que dicho recurso procede sólo contra la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; contra la resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo legal, que hubiere obligado a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia; o, si la autoridad no diera cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. También dispone que su interposición debe hacerse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca, aclarando que tratándose del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, el recurso se puede interponer en cualquier momento ante el instructor, salvo que hubiere prescrito su derecho. De igual forma, en el inciso d) determina que si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. Conforme a lo anterior, contra la resolución que se dicte en cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus Salas, procede el recurso de queja en las hipótesis señaladas, Para mejor comprensión del asunto, es conveniente precisar algunos antecedentes del acto reclamado: 1.- Demanda de nulidad. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Oaxaca, ROBERTO MIJANGOS MARTÍNEZ, reclamó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al escrito presentado ante la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó se le informaran los incrementos a su pensión por jubilación número 990352 y el pago de las diferencias que resultaran a su favor con motivo de dichos incrementos. 2.- Turno de demanda de nulidad. Del juicio correspondió conocer a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Oaxaca, mismo que lo registró con el número 2021/18-15-01-1, que previa substanciación, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia en la que decretó la nulidad de la resolución impugnada, en los términos siguientes: ".por lo que resulta procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el presente fallo quede firme, la autoridad demandada emita una resolución expresa, fundada y motivada, aplicando a la pensión de la actora, obtenida desde el 01 de enero de 2009, los incrementos de 36.69%, 4.26%, 5.58% y 3.50% respecto de los años 2011, 2013, 2016 y 2017 que obran en la constancia de evolución salarial exhibida por la accionante, mismos que como se ha analizado en el presente fallo, no fueron tomados en consideración por la autoridad al realizar los incrementos que corresponden, esto es, conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiera tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año, y únicamente en caso de que en el año calendario anterior, el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los incrementos otorgados a los sueldos básicos delos trabajadores en activo, la cuantía de la pensión se incremente en la misma proporción que estos últimos. Asimismo, durante el mismo plazo, deberá pagar a la actora las diferencias que pudieran llegar a resultar de la aplicación de dichos incrementos, así como de la gratificación anual señalada en el último párrafo, del artículo 57, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, calculada con base en la cuota diaria pensionaria debidamente incrementada en los términos expresados en el párrafo anterior, y la actualización que en derecho corresponda; en el entendido de que las diferencias en comento, que se deberán pagara a la actora, son exclusivamente las que se hayan generado desde el día 26 de febrero de 2013 (5 años) en adelante y hasta que se dé cumplimiento a este fallo, dado que respecto de las diferencias anteriores a la fecha indicada ha operado la preclusión de la acción de pago." 3. Firme sentencia. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, la Sala responsable determinó que la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 2021/18-15-01-1, se encontraba firme. 4. Acuerdo que tiene por cumplida sentencia contenciosa. Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, la Sala responsable dio cuenta con el oficio por medio del cual el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proporcionó información sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad y determinó tener por cumplida la sentencia contenciosa. Esta determinación constituye el acto reclamado en este juicio. Una vez relatados los antecedes del acto reclamado, se advierte, que al no haber agotado el quejoso el recurso de queja previsto en el artículo artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, e inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y al no configurarse ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer respecto del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis (IV Región)1o.9 A (11a.), consultable en la página 2444, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Undécima Época, Materia Administrativa, registro digital: 2023381, bajo el rubro y texto: "SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO OBLIGA A LAS SALAS DE DICHO ÓRGANO A VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEMANDADA ATENDIÓ SUS EFECTOS, PUES EL PARTICULAR CUENTA CON EL RECURSO DE QUEJA SI CONSIDERA QUE NO FUE ASÍ. Los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen la obligación de las autoridades demandadas y de cualquier otra relacionada, de cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el deber de éste para que, vencido el plazo otorgado para ello, actúe de oficio o a petición de parte y asegure el pleno cumplimiento de sus resoluciones, otorgándole la facultad para requerir a la autoridad demandada el informe relativo, a fin de determinar si hubo incumplimiento injustificado del fallo, así como el medio ordinario de defensa (recurso de queja) con que cuenta la parte interesada para inconformarse con éste. Sin embargo, el análisis del cumplimiento de dichas sentencias no está previsto en la ley citada, pues ésta sólo obliga a requerir un informe sobre su cumplimiento, pero no a que de manera oficiosa la Sala verifique si en la resolución de cumplimiento la autoridad demandada atendió los efectos establecidos en la sentencia, pues el particular cuenta con el recurso de queja si considera que no fue así, el cual procede contra la repetición de la resolución anulada, por exceso o defecto en su cumplimiento o por haberse emitido después de concluido el plazo de cuatro meses establecido en los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la señalada ley." Así como la Tesis: XVI.1o.A.178 A (10a.), localizable en la página 3183, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Décima Época, Materia Administrativa, registro digital: 2019386, que establece: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS CONSECUENCIAS, DE ACUERDO CON EL VICIO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE NULIDAD EN CONTRA DE LA QUE SE INTERPONGA. De conformidad con el inciso c) de la porción normativa citada, si se trata de la repetición de la resolución anulada, al conocer del recurso de queja en su contra, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anulará la repetida y notificará a la autoridad responsable, previniéndole que se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Esto es así, porque en la repetición de la resolución impugnada no existe ejecución, simplemente hay una reiteración del vicio que ocasionó la nulidad de aquélla. Así, la autoridad demandada estará en condiciones de volver a emitir una determinación en cumplimiento; no obstante, si decide hacerlo, debe abstenerse de incurrir en nuevas repeticiones y dictar su fallo definitivo dentro del plazo de cuatro meses, aun cuando a la nulidad decretada no se le imprima efecto alguno, en cumplimiento al artículo 57, fracción I, inciso b), del ordenamiento mencionado; plazo que no se interrumpe, pese a la repetición o a la tramitación del recurso de queja interpuesto en su contra, pues es un lapso perentorio para que la autoridad cumpla la sentencia de nulidad, de manera que, donde la ley no distingue, no es dable al juzgador hacerlo. Dicho en otras palabras, la anulación por repetición de la resolución no conlleva la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla, pues de ser éste el propósito del legislador, así lo hubiera previsto, como lo hizo para el caso de que esa determinación se emita después de concluido el plazo legal, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, por la omisión de requisitos formales o por vicios del procedimiento iniciado de oficio, es decir, en ejercicio de facultades discrecionales, en donde además de la nulidad, se declarará la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para emitirla [artículo 58, fracción II, inciso e)], o para el diverso supuesto en donde hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia [inciso d) de la misma fracción y artículo], en el cual se deja sin efectos la resolución de la autoridad demandada y se le concede el plazo de veinte días para que acate debidamente el fallo, además de que, para evitar que incurra en los mismos vicios, deben precisarse la forma y términos en que deberá cumplir. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ROBERTO MIJANGOS MARTÍNEZ, respecto de los actos señalados en el considerando segundo de este fallo, reclamados a los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, en términos del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
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