Roberto Miguel Olmedo Patiño

Expediente 280/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
280/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Roberto Miguel Olmedo Patiño
  • Dirección General de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), Mediante el Director del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de ***** autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones del quejoso, así como para imponerse del sumario, tal y como se advierte fue autorizado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y atento a su contenido se provee. Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que su actuar no es en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, por lo que al no estar facultado en dichos términos, no puede realizar actos que correspondan únicamente al quejoso en cuanto a la representación en el juicio. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio 15/2022-A del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo 280/2020, en que se actúa, así como el testimonio de la resolución pronunciada el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 138/2021, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Roberto Miguel Olmedo Patiño, contra el acto y autoridades responsables señalados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en la sentencia que se revisa." Glósese a los autos el oficio y anexo de mérito, acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y para un mejor manejo del presente expediente, agréguense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, sin que se estime necesario glosar el referido cuaderno en su totalidad, en virtud que únicamente se tratan de copias certificadas del presente asunto; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; y, tomando en consideración el contenido del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, donde se advierte en el punto 7.4 el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, como acontece en el presente asunto; en esas condiciones, el presente asunto debe ser considerado susceptible de DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General relativo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 81, fracción b), de la propia legislación, para interponer recurso de revisión en contra de la resolución del incidente de revocación a la suspensión de plano, dictada el treinta de noviembre de la presente anualidad, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la resolución de mérito HA CAUSADO ESTADO, por lo que, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL DE REVOCACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia, en el incidente de revocación a la suspensión de plano promovido por el delegado de las autoridades responsables Director del Hospital Regional Poza Rica de Petróleos Mexicanos y Jefe del Departamento de Personal PEP Poza Rica de Petróleos Mexicanos, ambas residentes en esta ciudad, relativo al juicio de amparo 280/2020, en presencia de la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. Cabe hacer la precisión de que la presente audiencia se celebra sin la asistencia física de las partes, en virtud de que, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las audiencias pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, sin que en el caso, éstas hayan presentado escrito alguno. Además, de conformidad con el artículo 3° y 6° del referido Acuerdo General 21/2020, si las partes deseaban comparecer a la celebración de la audiencia, en todo momento estuvieron en posibilidad de manifestarlo por escrito ante este órgano jurisdiccional, a fin de que éste generara una cita desde la modalidad "Agenda OJ". A continuación, se certifica que se da lectura a las constancias que obran en autos en relación con la incidencia que se trata y que se tienen por reproducidas, entre las que destacan: oficio DJ-GJRNE-SJPR-CESR-4507-2021 del delegado de las autoridades responsables Director del Hospital Regional Poza Rica de Petróleos Mexicanos y Jefe del Departamento de Personal PEP Poza Rica de Petróleos Mexicanos; por el que promovió incidente de revocación a la suspensión de plano concedida el diecisiete de setiembre de dos mil veinte; acuerdo de veintitrés de noviembre de esta anualidad, en el que se admitió a trámite dicha incidencia, se solicitaron los informes correspondientes a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la presente audiencia. Asimismo, se hace constar que las autoridades responsables no rindieron su informe, no obstante que en autos existe constancia de notificación de los oficios 19657/2021 y 19658/2021, mediante los cuales se les solicitó, con sello de recepción de veinticinco de noviembre del año en curso. Acto seguido, la jueza, acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, no obstante que las autoridades responsables no hayan rendido el informe solicitado, empero, dado que ellas fueron quienes interpusieron el incidente que se trata, resulta innecesario hacer efectivo el apercibimiento decretado el veintitrés de los actuales; por lo que, provéase lo conducente en la presente resolución. A continuación, se abre el período probatorio y se da cuenta con las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables en el oficio por el que promovió el incidente que se trata; con excepción a la prueba documental vía informe a cargo del quejoso Roberto Miguel Olmedo Patiño, en virtud de haberse desechado en proveído de veintitrés de noviembre de la presente anualidad; y, se hace constar que no existen más pruebas ofrecidas en el sumario. La jueza, acuerda: Ténganse por recibidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas precisadas por la parte recurrente en el apartado de pruebas del oficio por el que interpuso la presente incidencia; por lo que, sin más pruebas por recibir según constancia secretarial de cuenta, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no existen alegatos formulados por las partes. La jueza, acuerda: Al no existir alegatos que recibir, según constancia secretarial, se cierra el período respectivo y se procede a dictar la resolución siguiente. Vistos los autos para resolver el incidente de revocación a la suspensión de plano relativo al juicio de amparo 280/2020 del índice de este órgano jurisdiccional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el quince de septiembre de dos mil veinte, y recibida el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, turnada el diecisiete de septiembre siguiente a este órgano jurisdiccional, Roberto Miguel Olmedo Patiño, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES "DIRECCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX), mediante EL DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS. [.] Así mismo, lo es el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Hospital Regional Petróleos Mexicanos, Poza Rica." ACTOS RECLAMADOS "UNICO. La ilegal negativa de aplicarme las cláusulas 43 y 123 vigentes en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petróleos de la República Mexicana. Por parte de mi patronal mediante el departamento de recursos humanos, para poder ausentarme de mi centro de trabajo, ya que bajo protesta de decir verdad tengo diabetes tipo 2 agresiva a pesar de estar en tratamiento, y soy paciente vulnerable y padecer asma bronquial, enfermedades que arriesgan mi vida de manera exponencial ya que tengo un mayor riesgo contra el SARS-CoV2/COVID-19 y la actividad que ejecuto no es de las considerada esenciales en los diversos Acuerdos Generales publicados en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo Federal mediante la Secretaría de Salud." SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda bajo el número 280/2020, y se previno al quejoso para que, dentro del término de cinco días, presentara, ante este órgano jurisdiccional, la misma demanda de amparo (que presentó de manera electrónica), pero ahora de manera física y con la firma original del quejoso, toda vez que carecía de firma electrónica; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se tendría por no presentada. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre siguiente, el quejoso cumplió la prevención de mérito, por lo que en acuerdo de veintiocho de esos mismos mes y año, se admitió la demanda, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el cuatro de junio del año en curso, tuvo verificativo la audiencia constitucional y el treinta de junio siguiente se dictó resolución, misma que culminó con el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 280/2020, promovido por Roberto Miguel Olmedo Patiño en contra del acto reclamado y por las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución." Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se tramitó en auto de quince de julio de dos mil veintiuno. Finalmente, en proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, informando que dicho recurso fue radicado bajo el número 138/2021 y se admitió a trámite, sin que a la fecha se tenga conocimiento si dicho medio de impugnación fue resuelto. TERCERO. Suspensión de plano. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables autorizaran al quejoso para no asistir a su centro de trabajo, como lo refieren los acuerdos sanitarios publicados por la Secretaría de Salud el veinticuatro y treinta y uno de marzo del año pasado, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le siguieran pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General, suspenda o dé por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, o bien, si durante la tramitación del juicio de amparo se diera el caso que la medida cautelar que se otorga sea modificada o revocada. CUARTO. Incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano. Mediante auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el escrito de la parte quejosa, a través del cual promovió incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos, por lo que se ordenó formar por duplicado y separado el incidente de referencia. Así, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno tuvo lugar la audiencia de pruebas y alegatos, y el veinticuatro de agosto siguiente se resolvió la incidencia de mérito declarándola infundada. QUINTO. Incidente de revocación a la suspensión de plano. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo a las autoridades responsables Director del Hospital Regional Poza Rica de Petróleos Mexicanos y Jefe del Departamento de Personal PEP Poza Rica de Petróleos Mexicanos, promoviendo incidente de revocación a la suspensión de plano, por lo que se dio trámite al mismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Amparo. Se corrió traslado a las partes con copia del ocurso relativo para que rindieran su informe, realizaran manifestaciones y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo. SEXTO. Celebración de audiencia incidental. En la fecha y hora señaladas para tal efecto se celebró la audiencia relativa al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley de Amparo, en razón de que se resolverá un incidente relacionado con un juicio de amparo cuyo conocimiento le corresponde. SEGUNDO. Legitimación. El incidente de revocación a la suspensión de plano fue hecho valer por parte legítima, de conformidad con el artículo 154 de la Ley de Amparo, pues fue interpuesto por las autoridades responsables. TERCERO. Oportunidad. De conformidad con lo previsto por los artículos 139 y 154 de la Ley de Amparo, el incidente de modificación y revocación a la resolución por medio del cual se haya negado o concedido la suspensión podrá tramitarse de oficio o a petición de parte. Si es a petición de parte, podrá ser interpuesto hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal del que derive el incidente respectivo. De suerte que si en el caso, ya fue dictada sentencia en el presente juicio, no obstante, la misma fue impugnada a través de recurso de revisión, sin que a la fecha haya sido resuelto el mismo, es claro que la sentencia aun no causa ejecutoria y por ende la promoción del incidente oportuna. CUARTO. Estudio. En el caso, las autoridades responsables fundan su solicitud de revocación a la suspensión de plano, medularmente, en que las condiciones por las cuales se otorgó la suspensión cambiaron, pues el quejoso ahora cuenta con el esquema completo de vacunación, ello, en razón de que en la entidad donde reside se han aplicado ambas dosis a personas mayores de treinta años y si éste decidió no vacunarse, ello resulta una decisión propia encaminada al cuidado de su salud. Asimismo, que ya no existe incertidumbre por parte de los trabajadores sobre las medidas aplicadas para mitigar los contagios dentro de la institución; además, de que la entidad se encuentra en riesgo sanitario de color verde. Agrega que derivado de la aplicación de vacunas se han modificado los criterios para el regreso gradual de los trabajadores que estaban en resguardo domiciliario, lo anterior conforme a los "CRITERIOS PARA LAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE TIENEN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR UNA COMPLICACIÓN O MORIR POR COVID-19 EN LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO", emitidos por el Gobierno de México, en cuyo apartado doce se estableció que: ".podrán reincorporarse a laborar 14 días después de haber completado el esquema de vacunación, en cualquiera de los niveles del semáforo de riesgo epidémico, dado que la vacunación disminuye el riesgo de complicaciones y muerte de las personas." Criterio que resulta similar al contenido en el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", en cuyo artículo segundo señala: "Las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria." Derivado de lo anterior, el nuevo modelo de personas a catalogarse en riesgo o vulnerabilidad excluye a todas aquellas que hayan completado su esquema de vacunación contra el SARS-CoV2 y hayan transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis. Que como hechos supervenientes a partir de la concesión de la suspensión de plano, su representada ha implementado diversas acciones para mitigar el efecto de contagio en sus instalaciones, lo cual se observa en el documento denominado "ACCIONES MEDICINA DEL TRABAJO DURANTE PANDEMIA COVID 19". De igual manera, menciona que a fin de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2 se emitió el "ACUERDO por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2", mismo que estableció en su artículo primero, fracción I, lo siguiente: "El regreso a las labores presenciales en las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de todos aquellos servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunización contra el COVID-19, respetando las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud, en estos casos, antes de la reincorporación, deberá aplicarse una prueba de detección de COVID-19.". Así como el "ACUERDO por el que se modifica el artículo primero, en su fracción I del Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2.", en el cual se dispuso: "I. El regreso a las labores presenciales en las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunización contra el COVID-19, procurando la mitigación del riesgo de contagio a través de las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud. (.)". Los argumentos expresados resultan infundados. A efecto de resolver el problema jurídico planteado debe precisarse que el artículo 154 de la Ley de Amparo dispone que de oficio o a petición de parte se puede modificar o revocar la resolución en que haya negado o concedido la suspensión del acto o actos reclamados cuando ocurra un hecho superveniente, siempre y cuando no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Conviene traer a cuenta la conceptualización del hecho superveniente, pues conforme a la ley, de su entendimiento y alcance dependerá entre otros factores la procedencia o no de revocación de la suspensión otorgada a la parte quejosa, de modo que es patente la necesidad de reproducir el contenido del artículo 154 de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión". Pues bien, en términos generales se define a la suspensión como la providencia precautoria del juicio de amparo, que tiene por objeto mantener las cosas en el estado que guardan, hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. La justificación de esa institución radica en que en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, el objeto de las ejecutorias de garantías estriba en restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que le fueron violados con la emisión o ejecución de las actuaciones autoritarias combatidas, retrotrayendo las cosas al estado que se encontraban antes de la violación (actos positivos), o conminando a la autoridad a realizar una conducta de hacer o dar en favor de la gobernada (actos negativos), sin estudiar, de fondo, la constitucionalidad de los actos destacados. Mientras no existe sentencia firme, la resolución de suspensión no puede causar ejecutoria, ya que puede ser modificada o revocada por hecho superveniente. La tramitación de éste se efectúa en vía incidental o se decreta de plano, según sea el caso. Aquí la causa determinante es la existencia de un hecho superveniente (hecho posterior a la resolución dictada incidental que resuelve sobre la suspensión), que, previa prueba, originará la variación de las circunstancias en las cuales se había otorgado la suspensión definitiva. De modo que, los requisitos para la modificación o revocación de la suspensión definitiva resultan los siguientes: Pronunciamiento sobre la suspensión. Existencia de un hecho superveniente (posterior a la suspensión definitiva), que presupone su desconocimiento por parte del juzgador al momento de resolver sobre la suspensión. Tramitación de este incidente. Inexistencia de sentencia ejecutoria. En efecto, el juzgador para efecto de otorgar la suspensión realiza dos ejercicios de análisis: El primero respecto de los hechos, sucesos, elementos o acontecimientos fácticos que fueron invocados en la demanda de amparo por el quejoso o que se advirtieron o circunscribieron al juicio de amparo en concreto, en relación únicamente con las partes y actos reclamados. El segundo, donde se analiza el derecho aplicable al caso, esto es, examinar si con los hechos que involucran al caso concreto se cumplen con los requisitos que la ley señala para otorgar la suspensión. Ahora, hecho superveniente es aquel que viene a alterar los requisitos legales de procedencia de la suspensión, lo cual puede suceder en dos formas distintas: a) La ausencia de tales requisitos con posterioridad a la concesión de la medida suspensiva; o, b) La presencia de dichos requisitos después de que se hubiera negado la suspensión del acto reclamado; ya que fuera de estos dos casos, los Jueces Federales no están capacitados para revocar sus propias determinaciones. En este sentido, se puede establecer que para que se configure la existencia de un hecho superveniente se deben tomar en cuenta los siguientes elementos:  En primer lugar, que se trata de cualquier hecho o acontecimiento, acto material nuevo impregnado de cuestiones y elementos fácticos que ocurren posterior al pronunciamiento sobre la suspensión, pero relacionado directamente con los sucesos relativos al caso concreto, al acto reclamado, a las partes o las autoridades responsables, es decir, a los hechos que se plantearon en la demanda de amparo y que se desprendieron del expediente.  Ese hecho o acontecimiento debe ser de tal magnitud que cambia el panorama que le sirvió al juzgador para plantear el problema y decidir cómo aplicaría el derecho relativo al caso concreto derivando, por tanto, en un cambio de situación jurídica y ocasionando que la suspensión sea susceptible de ser modificada o revocada.  Por regla general ocurre con posterioridad al dictado de la suspensión y excepcionalmente con anterioridad pero que resultaba desconocida para las partes y como consecuencia para el Juez de Distrito.  Ese cambio en los hechos puede ocasionar que en la etapa de análisis de los mismos se altere uno de los requisitos que prevé la Ley de Amparo, ya que al aplicar el derecho ya no podían ser satisfechos. En suma, se concluye que el hecho superveniente se constituye por aquellos hechos o acontecimientos entendiendo por éstos a las acciones, actos o situaciones que se encuentran constituidas por elementos fácticos que crean, modifican o extinguen las situaciones de derecho, relacionadas directamente y exclusivamente con los hechos o sucesos planteados en la demanda de amparo y que circunscribían al caso concreto, las partes, los actos reclamados, que son de tal magnitud que provocan un cambio en la situación jurídica del quejoso, los cuales desconocía el Juez al momento de resolver sobre la medida cautelar ya sea porque no existían o porque el quejoso se encontraba imposibilitado para exponer o presentar el hecho que ocasionaría la consecuencia aludida, y que trae consigo una repercusión tal en el análisis del derecho, efectuado con posterioridad por el Juez, que provoca la revocación o modificación de la suspensión. Acorde con lo anterior, se considera que en el caso no existe un hecho superviniente que permita modificar la determinación a la que se llegó al otorgar la suspensión de plano, consistente en que las autoridades responsables autorizaran al quejoso no asistir a su centro de trabajo, como lo refieren los acuerdos sanitarios publicados por la Secretaría de Salud el veinticuatro y treinta y uno de marzo del año pasado, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le siguieran pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General, suspenda o dé por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, toda vez que no existen cuestiones fácticas nuevas relacionadas con el caso, que impliquen una variación de las circunstancias tomadas en consideración por este Juzgado al momento de resolver sobre la suspensión que provoquen un cambio en la situación jurídica de la quejosa. Ello es así, pues si bien, como lo aducen las autoridades responsables, se han modificado los criterios para el regreso gradual de los trabajadores que estaban en resguardo domiciliario, lo cierto también es que, como también lo refirieron aquéllas, dichos criterios excluyen, dentro del catálogo de personas en riesgo o vulnerabilidad, únicamente a quienes hayan completado su esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV2, lo que en el caso no quedó acreditado en relación con el quejoso. Se afirma lo anterior, ya que las responsables no cumplieron con la carga probatoria que les correspondía, pues no exhibieron medio de prueba alguno con el que se acredite que el quejoso, a la fecha de promoción del presente incidente, ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV2 que le permita ser excluido del catálogo de personas en riesgo o vulnerabilidad y, por ende, pueda regresar a su centro de trabajo. Y si bien, exhibieron las documentales consistentes en "CRITERIOS PARA LAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE TIENEN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR UNA COMPLICACIÓN O MORIR POR COVID-19 EN LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO"; "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19"; "ACUERDO por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2"; y, "ACUERDO por el que se modifica el artículo primero, en su fracción I del Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2."; con ellas a lo sumo se acreditan, entre otras cuestiones, los criterios y medidas para lograr un retorno a las actividades. A más que, en relación a la documental denominada "ACCIONES MEDICINA DEL TRABAJO DURANTE PANDEMIA COVID 19", así como las diversas fotografías que agregaron, tomadas en el interior de las instalaciones del centro de trabajo, con ello lo único que acreditan son las diversas medidas sanitarias adoptadas al interior del centro de trabajo para mitigar la propagación del virus SARS-CoV2. No pasa desapercibido el hecho de que las responsables refieran que por su edad y el lugar en que vive el quejoso, atendiendo a los criterios de vacunación, éste ya debe contar con el esquema de vacunación completo y que si no lo tiene es por decisión propia; sin embargo, como se estableció, resultaba a cargo de las autoridades responsables, quienes promovieron la presente incidencia, demostrar que el quejoso contaba con el esquema completo de vacunación en contra del referido coronavirus o, en su caso, que pese a estar en la posibilidad de hacerlo, no lo realizó por circunstancias personales. Lo anterior debe considerarse así, pues precisamente, el incidente de modificación o revocación a la suspensión debe partir de hechos que el Juzgado desconocía al momento de pronunciar la suspensión o que hayan acontecido con posterioridad a ella, los cuales deben ser plenamente acreditados en la incidencia promovida, caso contrario se sustentaría dicha modificación en situaciones hipotéticas. Tampoco se pasan por alto los argumentos referidos por las autoridades responsables en el sentido de que igualmente variaron las circunstancias vigentes al momento de la concesión de la suspensión en razón de que ya no existe incertidumbre por parte de los trabajadores sobre las medidas aplicadas para mitigar los contagios dentro de la institución; además, de que la entidad se encuentra en riesgo sanitario de color verde Ello, aunado a que refiere que a la fecha se han adoptado diversas medidas sanitarias para mitigar el efecto de contagio en sus instalaciones, lo cual pretende acreditar con la exhibición del documento denominado "ACCIONES MEDICINA DEL TRABAJO DURANTE PANDEMIA COVID 19"; así como con diversas fotografías que demuestran dichas medidas. No obstante, como se estableció en los diversos criterios para el regreso gradual de los trabajadores que estaban en resguardo domiciliario a que hicieron alusión las responsables en su escrito, la consideración toral para estimar que una persona no se encuentra en riesgo o vulnerabilidad y, por ende, pueda regresar a laborar a su centro de trabajo, es que haya completado su esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV2, empero no el hecho que la fuente de trabajo adopte las medidas sanitarias para mitigar el contagio, que no exista incertidumbre sobre ellas o que el riesgo sanitario se encuentre en color verde. Pues si bien, dichas medidas privilegian la existencia de un ambiente en el que se reduce el riesgo de contraer el virus SARS-CoV2, como se dijo, el criterio para que una persona sea excluida dentro del catálogo de riesgo o vulnerabilidad y pueda ingresar a su fuente de trabajo lo es, primordialmente, que cuente con el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV2. En consecuencia, dichas pruebas ofrecidas y exhibidas por las autoridades responsables no apoyan la procedencia de la revocación de la suspensión de plano. En ese contexto, al ser ineficaces los argumentos y pruebas ofrecidas, debe declararse procedente pero infundado el incidente de mérito. QUINTO. Firma electrónica (FIREL). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presente sentencia se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 154 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de revocación a la suspensión de plano promovido por las autoridades responsables Director del Hospital Regional Poza Rica de Petróleos Mexicanos y Jefe del Departamento de Personal PEP Poza Rica de Petróleos Mexicanos, ambas residentes en esta ciudad. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Alfredo García Ríos, secretario que autoriza y da fe. treinta de noviembre de dos mil veintiuno

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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