Roberto Mendoza Álvarez

Expediente 1307/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1307/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Roberto Mendoza Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Salvador López González quien se ostentó como apoderado legal de ROBERTO MENDOZA ÁLVAREZ, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que autoriza y da fe.DCSM*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual rinde su informe justificado, asimismo, señala que no obstante de obrar en autos del expediente laboral 1160/2015, carta poder que contiene el nombre Salvador López González, de una búsqueda realizada se advierte que no existe acuerdo donde se le tenga por reconocida la personalidad que se ostenta. Atento a lo anterior, provee lo siguiente: Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que Salvador López González, quien se ostenta como apoderado legal de Roberto Mendoza Álvarez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se previno al promovente para que acreditara la personalidad con la que se ostentaba, apercibida que, de no cumplir con lo anterior se tendría por no presentada la demanda de amparo. Por escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 9 a 11), el promovente refirió haber agotado todos los medios posibles a efecto de que la autoridad señalada como responsable, acordara la promoción en la cual solicitó se le expidiera copia certificada del acuerdo en el que se le reconoció la personalidad con que se ostenta; por lo que, por auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por admitida la demanda de amparo, toda vez que el promovente acreditaba su personalidad de manera indiciaria. En el mismo acto se requirió a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada del acuerdo por el cual le reconociera la personalidad a Salvador López González, como apoderado legal de Roberto Mendoza Álvarez, apercibiendo nuevamente al promovente, que en caso de no tener por reconocida su personalidad se tendría por no presentada la demanda. Ahora, del informe rendido por la responsable, así como de las constancias que anexó al mismo, se aprecia que la autoridad dentro del expediente laboral 1160/2015 realizó una búsqueda y no obra en autos acuerdo donde se haya reconocido a Salvador López González la personalidad con que se ostenta, no obstante obrar carta poder que contiene su nombre, más, sin la firma de éste; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Salvador López González, quien se ostentó como apoderado legal de Roberto Mendoza Álvarez. En mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por Salvador López González quien se ostenta como apoderado legal de Roberto Mendoza Álvarez, mediante el cual subsana en tiempo y forma la prevención efectuada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, al acreditar de manera indiciaria la personalidad que ostenta; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. En su atención, se provee: Admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Salvador López González quien se ostenta como apoderado legal de Roberto Mendoza Álvarez, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; por consiguiente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Requerimiento a la autoridad responsable de la personalidad jurídica del promovente de amparo. Tomando en consideración que el promovente exhibe el acuse de recibo del escrito presentado ante la autoridad responsable, mediante el cual pretende acreditar su personalidad, en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 11 de la Ley de Amparo; atento a lo anterior, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a Salvador López González quien se ostenta como apoderado legal de Roberto Mendoza Álvarez, dentro del juicio laboral 1160/2015; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así dentro del término concedido o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 en relación al 236 de la Ley de amparo. Al respecto resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Junio de 2009, página 297, cuyo rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." Sin perjuicio de acordar lo conducente respecto a la personería del promovente de amparo, hasta en tanto la responsable remita las constancias solicitadas o informe sobre el tratamiento dado a la solicitud efectuada por la parte quejosa. En la inteligencia que, en caso, de que el ocursante no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con soporte en lo previsto en los dispositivos 238 y 240 de la legislación en consulta. Asimismo, se apercibe al promovente que de no tener reconocida la personalidad con la que se ostenta, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de la materia. Determinación sobre el incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haber sido solicitado expresamente por la quejosa. Solicitud de informe a la autoridad responsable. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las once horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Tercero interesado. De conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado a Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, con sede en esta ciudad, en ese sentido, con fundamento en el inciso b), de la fracción II, del artículo 26, de la Ley de Amparo, se ordena emplazarlo por oficio; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, escrito aclaratorio y copia simple del presente proveído, haciéndole de su conocimiento, que si así lo estima pertinente, con tal carácter puede comparecer en el presente juicio de amparo en defensa de sus derechos. Obligación de las partes. Se precisa que las partes tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Obligaciones de la autoridad responsable. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. Notificación del auto admisorio. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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