Roberto Mendez Espinoza

Expediente 515/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
515/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Roberto Mendez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito del quejoso R***, por el cual desahoga la prevención realizada el once de los cursantes; por tanto, téngase al promovente dando cumplimiento, y al efecto se provee: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso sustancialmente reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México: La resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente *** a través del cual, la responsable declaró improcedente el recurso de revocación y confirmó el auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, en el que, tuvo por no justificada su asistencia a la audiencia principal y la deserción de la pruebas ofrecidas en su escrito de contestación de demanda. DESECHAMIENTO. Expuesto lo anterior, este Juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente o de manera directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, propiedad entre otros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. En efecto, la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de violaciones procesales, pues se trata de un pronunciamiento intrínsecamente relacionado con la admisión y desahogo de pruebas, y por regla general dichas violaciones se pueden reclamar cuando transcienden en el resultado de la sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra la sentencia correspondiente, si es contrario a los intereses de la hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. Dicho de otro modo, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la referida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. ... Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Por ende, si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Roberto Méndez Espinoza, por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, once de junio de dos mil veintiuno. REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por R***********, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 515/2021-I-A. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente ****, para que dentro del plazo de cinco días, por escrito y con copias del mismo, cumpla con lo siguiente: Transcriba o exhiba copia autorizada del acto que en esta vía reclama - interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 10**/2019- Indique en qué estado procesal se encuentra el expediente 10**/2019, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, para lo cual deberá indicar con claridad los antecedentes del acto reclamado, etapa procesal actual, es decir, realizar una relación sucinta o cronológica de las actuaciones procesales previas al acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que de un análisis en el apartado correspondiente, así como a los antecedentes del mismo, y los conceptos de violación, no se obtiene con precisión el contenido de dicha determinación ni sus consecuencias; lo cual, resulta indispensable a efecto de tener certeza respecto a la procedencia del juicio que nos ocupa. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo requerido, transcurrido el término señalado, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que dichos profesionistas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 1/2021. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.

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