Roberto Mejía Miranda

Expediente 641/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
641/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Roberto Mejía Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    I.- se reanuda la tramitación del presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, en virtud de las medidas de ampliación de plazos para la reanudación escalonada establecido en el punto 17 del apartado II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 2°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19; cuya fecha límite se fijó para el quince de marzo de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación de cuenta para conocimiento de las partes. Ahora bien, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por la que se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.

  2. Principal

    I.- SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: se reanuda la tramitación del presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, en virtud de las medidas de ampliación de plazos para la reanudación escalonada establecido en el punto 17 del apartado II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 2°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19; cuya fecha límite se fijó para el quince de marzo de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación de cuenta para conocimiento de las partes. Ahora bien, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por la que se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.

  3. Principal

    I.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL CITATORIO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 QUE, ESENCIALMENTE, ESTABLECE: Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Miriam Cruz Facundo, autorizada en términos amplios del quejoso, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de noviembre pasado, manifiesta que no es su deseo ampliar la demanda de amparo para señalar como acto reclamado la respuesta recaída a su escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte; así como también, aduce que se actualiza una causa de sobreseimiento, derivado de que la responsable ya dio contestación a su petición. Establecido lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que el quejoso Roberto Mejía Miranda, reclama la omisión del Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Toluca, Estado de México, de dar respuesta a su escrito de petición presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable mediante oficio registrado con número de promoción 11268, se desprende que el Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Toluca, Estado de México, mediante oficio DE/DPSH/DFLV/1782/2020, de diecinueve de octubre de dos mil veinte, atendió el escrito de trece de enero de dos mil veinte, presentado por el quejoso Roberto Mejía Miranda, el veintitrés de enero siguiente. A las constancias remitidas por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Toluca, Estado de México, viola sus derechos humanos al abstenerse de dar respuesta a su escrito de petición presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Toluca, Estado de México, emitió el oficio DE/DPSH/DFLV/1782/2020, donde atendió el escrito presentado por el quejoso Roberto Mejía Miranda, el veintitrés de enero de dos mil veinte; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues la omisión reclamada, a la fecha, ha cesado. En el entendido de que se considera pertinente puntualizar que el ocurso cuya omisión de dar respuesta reclama el quejoso, tiene fecha de trece de enero del año en curso; sin embargo, el mismo fue presentado hasta el veintitrés de enero de dos mil veinte, por lo que se trata del mismo escrito. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho establecido en nuestra ley fundamental y, por ende, procediera a dictar la sentencia definitiva que resolviera la situación jurídica del quejoso y se la notificara, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. En el entendido de que no pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito, que la autoridad responsable haya sido omisa en remitir constancia de notificación del oficio DE/DPSH/DFLV/1782/2020, pues del escrito que se atiende, se evidencia que el quejoso ya tuvo conocimiento del mismo. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción puede desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil veinte.

  4. Principal

    I.- Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Miriam Cruz Facundo, autorizada en términos amplios del quejoso, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de noviembre pasado, manifiesta que no es su deseo ampliar la demanda de amparo para señalar como acto reclamado la respuesta recaída a su escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte; así como también, aduce que se actualiza una causa de sobreseimiento, derivado de que la responsable ya dio contestación a su petición. Establecido lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que el quejoso Roberto Mejía Miranda, reclama la omisión del Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Toluca, Estado de México, de dar respuesta a su escrito de petición presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable mediante oficio registrado con número de promoción 11268, se desprende que el Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Toluca, Estado de México, mediante oficio DE/DPSH/DFLV/1782/2020, de diecinueve de octubre de dos mil veinte, atendió el escrito de trece de enero de dos mil veinte, presentado por el quejoso Roberto Mejía Miranda, el veintitrés de enero siguiente. A las constancias remitidas por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Toluca, Estado de México, viola sus derechos humanos al abstenerse de dar respuesta a su escrito de petición presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Toluca, Estado de México, emitió el oficio DE/DPSH/DFLV/1782/2020, donde atendió el escrito presentado por el quejoso Roberto Mejía Miranda, el veintitrés de enero de dos mil veinte; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues la omisión reclamada, a la fecha, ha cesado. En el entendido de que se considera pertinente puntualizar que el ocurso cuya omisión de dar respuesta reclama el quejoso, tiene fecha de trece de enero del año en curso; sin embargo, el mismo fue presentado hasta el veintitrés de enero de dos mil veinte, por lo que se trata del mismo escrito. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho establecido en nuestra ley fundamental y, por ende, procediera a dictar la sentencia definitiva que resolviera la situación jurídica del quejoso y se la notificara, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. En el entendido de que no pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito, que la autoridad responsable haya sido omisa en remitir constancia de notificación del oficio DE/DPSH/DFLV/1782/2020, pues del escrito que se atiende, se evidencia que el quejoso ya tuvo conocimiento del mismo. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción puede desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil veinte.

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