Roberto Martinez López
Expediente 1022/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- Roberto Martinez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, este expediente es CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Magistrada Integrante de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del cual solicita que una vez que se tenga consentido el auto por el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, se le haga de conocimiento. De lo que se toma conocimiento, por lo que una vez que transcurra el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente y con ello, se le hará de conocimiento. Notifíquese.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 26 de mayo de 2023 al tercero interesado, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional, se hicieron consistir en: "a) La resolución de apelación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del Toca 344/2022, por la que confirmó la diversa en donde se negó al quejoso el beneficio penitenciario de la remisión parcial de la pena. b) Su ejecución.". Por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (fojas 62 a 72), se concedió el amparo, para los efectos siguientes: "a) En el término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia causó ejecutoria, deberá dejar insubsistente la resolución de apelación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del Toca 344/2022. b) En su lugar, dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que con libertad de jurisdicción, analice la determinación del Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, de ocho de junio de dos mil veintidós, emitida dentro de la carpeta de ejecución 101/2022; para lo cual deberá sopesar la procedencia o no de los tratamientos preliberacionales, previstos tanto en la anterior Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, atendiendo a aquella que le reporte mayor beneficio al sentenciado. c) Notifique personalmente al promovente la resolución que dicte en cumplimiento a esta sentencia.". Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia constitucional (foja 98). En sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión R.P. 63/2023, confirmó la sentencia recurrida (fojas 118 a 119). Llegados los autos, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 150 a 151). Así, mediante oficios y anexos registrados con los folios 7426, 7494, 7647, 7653 y 7770 (fojas 161, 162, 165 a 255, respectivamente), la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De las documentales allegadas al sumario, se advierte lo siguiente: 1. El dos de mayo de dos mil veintitrés, la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 161), emitida en el toca 344/2022. 2. En su lugar, dictó una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que con libertad de jurisdicción analizó la determinación del Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, de ocho de junio de dos mil veintidós, emitida dentro de la carpeta de ejecución 101/2022; en la que ponderó la procedencia de los tratamientos preliberacionales solicitados por el quejoso, previstos tanto en la anterior Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos siguientes: Por lo que hace a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, emitió las siguientes consideraciones (fojas 183 vuelta a 200 vuelta): Precisó los beneficios preliberacionales que contempla la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad, conforme al artículo 29 de dicha disposición normativa: Reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia; Tratamiento preliberacional Libertad preparatoria; y Remisión parcial de la Pena. Consideró la Sala, que resulta improcedente la concesión de los anteriores beneficios al sentenciado por esto: Beneficios penitenciarios Respuesta de Sala Reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia. (foja 199) Previo a entrar al análisis de los requisitos del mismo, se aprecia que el artículo 32 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción social comentada, establece las causales de improcedencia de la reclusión domiciliaria y entre ellos está el delito de violación previsto en los artículos 174 y 175. Lo anterior significa, que no es procedente la concesión del mencionado beneficio dado que el delito por el cual fue sentenciado se encuentra dentro del catálogo de injustos penales improcedentes para su obtención. En tal virtud, no resulta necesario revisar los requisitos para su obtención, dado que se actualiza una causal de improcedencia contemplada en la ley. Tratamiento preliberacional. Previo a revisar los requisitos para ambos beneficios, ésta Alzada aprecia que el artículo 33 de la referida Ley Ejecutiva establece las causas de improcedencia para la obtención de los beneficios en la modalidad de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria y del contenido de dicho numeral se desprende que también es causa de improcedencia para conceder estos beneficios el delito de VIOLACIÓN previsto en los numerales 174, 175, 178 y 181 BIS; lo anterior quiere decir que tampoco es procedente la concesión de los referidos beneficios dado que la ley, de forma expresa, establece causa de improcedencia por el delito que le fue imputado al aquí privado de la libertad y del cual fue declarado responsable penalmente. Libertad preparatoria. (foja 200) Remisión parcial de la Pena. (foja 190) Tomando en cuenta que el Juez de ejecución de la causa, apreció no acreditada la fracción III del artículo 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, misma que dispone: "Que con base en los estudios técnicos que practique el centro penitenciario, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción social. Éste será el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los dos requisitos anteriores"; en ese contexto, coincidió con dicha determinación; pues al analizar el desempeño del quejoso en su estudio técnico, no se acredita la viabilidad a su reinserción social al carecer de suficientes actividades educativas y de capacitación para el trabajo, así como no contar con participaciones en cursos enfocados a una reflexión profunda en torno al tipo de delito cometido. Por lo que hace a los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, emitió las siguientes consideraciones (fojas 201 a 207): Respecto a la libertad condicionada, sostuvo que al no haber probanza en torno al requisito de la fracción II (riesgo objetivo y razonable en su externamiento) y no contar también con elementos probatorios respecto al requisito de la fracción V (haber cubierto la reparación del daño y la multa); y por último no tener, al momento de la solicitud, acreditado lo referente al numeral IV (haber cumplido satisfactoriamente el plan de actividades), todos del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es que se llega a la conclusión de que al momento, no le es posible acceder al beneficio de la libertad condicionada. En referencia al beneficio de la libertad anticipada, regulada por el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sostuvo que no hay elemento de prueba en constancias y que hubiese sido aportado por las partes para acreditar el segundo requisito, que es el de: " Fracción II.- Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra, y para la sociedad" y tampoco hay elementos de prueba que permitan corroborar la "Fracción V.- Que se haya cubierto la reparación del daño y la multa.". Asimismo, en torno a la: "Fracción IV.- Haber cubierto de manera satisfactoria el plan de actividades", no se encuentra acreditado de manera satisfactoria, al menos a la fecha de la solicitud del Privado de la Libertad respecto de la Remisión Parcial de la Pena, pues como se señaló en el análisis del beneficio de libertad condicionada, no se observa cubierta el área educativa, dado que muestra nulo avance en el nivel medio superior al que está inscrito. Tampoco cuenta con suficientes cursos extraescolares; asimismo, no cuenta con cursos de capacitación para el trabajo y tampoco ha tomado algún curso relacionado con el tipo de delito cometido, tomando en cuenta que fue el de violación agravada y que la víctima era menor de edad al momento del hecho delictivo y además era su hija, en el entendido de que, juzgando con perspectiva de género se considera apropiado el que se inscriba y asista a cursos relacionados con los derechos humanos de las víctimas, educación sexual y perspectiva de género. Lo anterior para que de esa manera, se encuentre aptitud de apreciarse cubiertos los ejes rectores ordenados por el artículo 18 de la Constitución Federal Siendo que en el caso, el delito por el cual fue declarado responsable penalmente, no sólo produce una afectación a la víctima, sino al mismo núcleo familiar del que formó parte el aquí justiciable, pues fue sentenciado por el delito de violación agravada, en contra de su hija menor de edad y por tal razón, al tomar en cuenta aquellos aspectos relacionados con las circunstancias en que se desarrollan las mujeres en la sociedad mexicana y en particular la víctima, es que el Estado tiene la obligación de acercar herramientas teóricas con el objeto de tomar en cuenta la condición de vulnerabilidad con que cuentan ciertas personas por su condición de género, a efecto de inhibir la repetición de este tipo de actos y sobre todo garantizarle a la víctima la no repetición del mismo y en ello resulta indispensable la formación educativa encaminada a fortalecer valores y principios, así como aquellos aspectos que le permitan al privado de la libertad reincorporarse a la sociedad, en mejores condiciones; siendo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal si le establece la condición de parte procesal a la víctima, lo anterior en términos del numeral 121 fracción VI, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. (fojas 206 a 206). Por las anteriores consideraciones, la Sala resolvió lo siguiente: "De esta manera, se confirma el resolutivo Primero de la resolución de fecha 08 ocho de junio del 2022 dos mil veintidós, dictada por el Maestro JOSÉ RAFAEL PÉREZ ZÁRATE, Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, en la carpeta de ejecución 101/2022, radicada en función de la solicitud del beneficio preliberacional de: "Remisión Parcial de la Pena", y solicitada por el Privado de la Libertad *************, respecto de la sanción privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS, que le fue impuesta por el Juzgado Cuadragésimo Octavo Penal en la Ciudad de México, por el delito de Violación Agravada, mediante sentencia emitida el 18 dieciocho de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, en la causa 82/2014; resolución de ejecución en la que se determinó negar el beneficio preliberacional de "Remisión Parcial de la Pena. (.) R E S U E L V E: PRIMERO.- En estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada por el Licenciado Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto al cual le recayó el número 1022/2022-III, concedido al quejoso de garantías ************, emitida en fecha 31 treinta y uno de enero de 2023 dos mil veintitrés, se deja insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución mayoritaria de fecha 04 cuatro de Octubre del 2022 dos mil veintidós, dictada en el Toca 344/2022 y en su lugar, esta Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales actuando de manera Colegiada dicta otra resolución en la que cumple lo ordenado por el Tribunal de amparo. SEGUNDO.- En tal virtud, se confirma el resolutivo Primero de la resolución de fecha 08 ocho de junio del 2022 dos mil veintidós, dictada por el Maestro JOSÉ RAFAEL PÉREZ ZÁRATE, Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, en la carpeta de ejecución 101/2022, radicada en función de la solicitud del beneficio preliberacional de: "Remisión Parcial de la Pena", y solicitada por el Privado de la Libertad **************, respecto de la sanción privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS, que le fue impuesta por el Juzgado Cuadragésimo Octavo Penal en la Ciudad de México, por el delito de Violación Agravada, mediante sentencia emitida el 18 dieciocho de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, en la causa 82/2014; resolución de ejecución en la que se determinó negar el beneficio preliberacional de "Remisión Parcial de la Pena". Quedan intocados los resolutivos Tercero y Cuarto de la resolución impugnada por tratarse de cuestiones de carácter administrativo o que tampoco fueron motivo de apelación y se declara agotado el Segundo por tratarse del plazo para impugnar. TERCERO.- En cumplimiento del fallo federal, se determina que no resulta procedente conceder al privado de la libertad *************, ninguno de los Beneficios Penitenciarios previstos en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, vigente al momento de los hechos (15 quince de diciembre del 2013 dos mil trece) y al momento de la emisión de la sentencia que causó ejecutoria, Ley que fue publicada en la Gaceta Oficial el 17 de junio de 2011 dos mil once, siendo éstos la Reclusión Domiciliaria mediante Monitoreo Electrónico a Distancia; Tratamiento Preliberacional y Libertad Preparatoria por actualizarse causal de improcedencia y tampoco resulta procedente conceder los Beneficios Preliberacionales previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal siendo éstos la Libertad Condicionada y la Libertad Anticipada por no reunir los requisitos para su concesión al momento de la emisión de este fallo en cumplimiento de Amparo.". (fojas 206 a 208). 3. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, notificó al justiciable la determinación antes referida (foja 166). Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de su artículo 196, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la ley en cita. Notifíquese; y personalmente.".
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional, se hicieron consistir en: "a) La resolución de apelación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del Toca 344/2022, por la que confirmó la diversa en donde se negó al quejoso el beneficio penitenciario de la remisión parcial de la pena. b) Su ejecución.". Por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (fojas 62 a 72), se concedió el amparo, para los efectos siguientes: "a) En el término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia causó ejecutoria, deberá dejar insubsistente la resolución de apelación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del Toca 344/2022. b) En su lugar, dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que con libertad de jurisdicción, analice la determinación del Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, de ocho de junio de dos mil veintidós, emitida dentro de la carpeta de ejecución 101/2022; para lo cual deberá sopesar la procedencia o no de los tratamientos preliberacionales, previstos tanto en la anterior Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, atendiendo a aquella que le reporte mayor beneficio al sentenciado. c) Notifique personalmente al promovente la resolución que dicte en cumplimiento a esta sentencia.". Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia constitucional (foja 98). En sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión R.P. 63/2023, confirmó la sentencia recurrida (fojas 118 a 119). Llegados los autos, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 150 a 151). Así, mediante oficios y anexos registrados con los folios 7426, 7494, 7647, 7653 y 7770 (fojas 161, 162, 165 a 255, respectivamente), la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De las documentales allegadas al sumario, se advierte lo siguiente: 1. El dos de mayo de dos mil veintitrés, la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 161), emitida en el toca 344/2022. 2. En su lugar, dictó una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que con libertad de jurisdicción analizó la determinación del Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, de ocho de junio de dos mil veintidós, emitida dentro de la carpeta de ejecución 101/2022; en la que ponderó la procedencia de los tratamientos preliberacionales solicitados por el quejoso, previstos tanto en la anterior Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos siguientes: Por lo que hace a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, emitió las siguientes consideraciones (fojas 183 vuelta a 200 vuelta): Precisó los beneficios preliberacionales que contempla la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad, conforme al artículo 29 de dicha disposición normativa: Reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia; Tratamiento preliberacional Libertad preparatoria; y Remisión parcial de la Pena. Consideró la Sala, que resulta improcedente la concesión de los anteriores beneficios al sentenciado por esto: Beneficios penitenciarios Respuesta de Sala Reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia. (foja 199) Previo a entrar al análisis de los requisitos del mismo, se aprecia que el artículo 32 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción social comentada, establece las causales de improcedencia de la reclusión domiciliaria y entre ellos está el delito de violación previsto en los artículos 174 y 175. Lo anterior significa, que no es procedente la concesión del mencionado beneficio dado que el delito por el cual fue sentenciado se encuentra dentro del catálogo de injustos penales improcedentes para su obtención. En tal virtud, no resulta necesario revisar los requisitos para su obtención, dado que se actualiza una causal de improcedencia contemplada en la ley. Tratamiento preliberacional. Previo a revisar los requisitos para ambos beneficios, ésta Alzada aprecia que el artículo 33 de la referida Ley Ejecutiva establece las causas de improcedencia para la obtención de los beneficios en la modalidad de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria y del contenido de dicho numeral se desprende que también es causa de improcedencia para conceder estos beneficios el delito de VIOLACIÓN previsto en los numerales 174, 175, 178 y 181 BIS; lo anterior quiere decir que tampoco es procedente la concesión de los referidos beneficios dado que la ley, de forma expresa, establece causa de improcedencia por el delito que le fue imputado al aquí privado de la libertad y del cual fue declarado responsable penalmente. Libertad preparatoria. (foja 200) Remisión parcial de la Pena. (foja 190) Tomando en cuenta que el Juez de ejecución de la causa, apreció no acreditada la fracción III del artículo 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, misma que dispone: "Que con base en los estudios técnicos que practique el centro penitenciario, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción social. Éste será el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los dos requisitos anteriores"; en ese contexto, coincidió con dicha determinación; pues al analizar el desempeño del quejoso en su estudio técnico, no se acredita la viabilidad a su reinserción social al carecer de suficientes actividades educativas y de capacitación para el trabajo, así como no contar con participaciones en cursos enfocados a una reflexión profunda en torno al tipo de delito cometido. Por lo que hace a los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, emitió las siguientes consideraciones (fojas 201 a 207): Respecto a la libertad condicionada, sostuvo que al no haber probanza en torno al requisito de la fracción II (riesgo objetivo y razonable en su externamiento) y no contar también con elementos probatorios respecto al requisito de la fracción V (haber cubierto la reparación del daño y la multa); y por último no tener, al momento de la solicitud, acreditado lo referente al numeral IV (haber cumplido satisfactoriamente el plan de actividades), todos del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es que se llega a la conclusión de que al momento, no le es posible acceder al beneficio de la libertad condicionada. En referencia al beneficio de la libertad anticipada, regulada por el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sostuvo que no hay elemento de prueba en constancias y que hubiese sido aportado por las partes para acreditar el segundo requisito, que es el de: " Fracción II.- Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra, y para la sociedad" y tampoco hay elementos de prueba que permitan corroborar la "Fracción V.- Que se haya cubierto la reparación del daño y la multa.". Asimismo, en torno a la: "Fracción IV.- Haber cubierto de manera satisfactoria el plan de actividades", no se encuentra acreditado de manera satisfactoria, al menos a la fecha de la solicitud del Privado de la Libertad respecto de la Remisión Parcial de la Pena, pues como se señaló en el análisis del beneficio de libertad condicionada, no se observa cubierta el área educativa, dado que muestra nulo avance en el nivel medio superior al que está inscrito. Tampoco cuenta con suficientes cursos extraescolares; asimismo, no cuenta con cursos de capacitación para el trabajo y tampoco ha tomado algún curso relacionado con el tipo de delito cometido, tomando en cuenta que fue el de violación agravada y que la víctima era menor de edad al momento del hecho delictivo y además era su hija, en el entendido de que, juzgando con perspectiva de género se considera apropiado el que se inscriba y asista a cursos relacionados con los derechos humanos de las víctimas, educación sexual y perspectiva de género. Lo anterior para que de esa manera, se encuentre aptitud de apreciarse cubiertos los ejes rectores ordenados por el artículo 18 de la Constitución Federal Siendo que en el caso, el delito por el cual fue declarado responsable penalmente, no sólo produce una afectación a la víctima, sino al mismo núcleo familiar del que formó parte el aquí justiciable, pues fue sentenciado por el delito de violación agravada, en contra de su hija menor de edad y por tal razón, al tomar en cuenta aquellos aspectos relacionados con las circunstancias en que se desarrollan las mujeres en la sociedad mexicana y en particular la víctima, es que el Estado tiene la obligación de acercar herramientas teóricas con el objeto de tomar en cuenta la condición de vulnerabilidad con que cuentan ciertas personas por su condición de género, a efecto de inhibir la repetición de este tipo de actos y sobre todo garantizarle a la víctima la no repetición del mismo y en ello resulta indispensable la formación educativa encaminada a fortalecer valores y principios, así como aquellos aspectos que le permitan al privado de la libertad reincorporarse a la sociedad, en mejores condiciones; siendo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal si le establece la condición de parte procesal a la víctima, lo anterior en términos del numeral 121 fracción VI, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. (fojas 206 a 206). Por las anteriores consideraciones, la Sala resolvió lo siguiente: "De esta manera, se confirma el resolutivo Primero de la resolución de fecha 08 ocho de junio del 2022 dos mil veintidós, dictada por el Maestro JOSÉ RAFAEL PÉREZ ZÁRATE, Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, en la carpeta de ejecución 101/2022, radicada en función de la solicitud del beneficio preliberacional de: "Remisión Parcial de la Pena", y solicitada por el Privado de la Libertad *************, respecto de la sanción privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS, que le fue impuesta por el Juzgado Cuadragésimo Octavo Penal en la Ciudad de México, por el delito de Violación Agravada, mediante sentencia emitida el 18 dieciocho de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, en la causa 82/2014; resolución de ejecución en la que se determinó negar el beneficio preliberacional de "Remisión Parcial de la Pena. (.) R E S U E L V E: PRIMERO.- En estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada por el Licenciado Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto al cual le recayó el número 1022/2022-III, concedido al quejoso de garantías ************, emitida en fecha 31 treinta y uno de enero de 2023 dos mil veintitrés, se deja insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución mayoritaria de fecha 04 cuatro de Octubre del 2022 dos mil veintidós, dictada en el Toca 344/2022 y en su lugar, esta Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales actuando de manera Colegiada dicta otra resolución en la que cumple lo ordenado por el Tribunal de amparo. SEGUNDO.- En tal virtud, se confirma el resolutivo Primero de la resolución de fecha 08 ocho de junio del 2022 dos mil veintidós, dictada por el Maestro JOSÉ RAFAEL PÉREZ ZÁRATE, Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, en la carpeta de ejecución 101/2022, radicada en función de la solicitud del beneficio preliberacional de: "Remisión Parcial de la Pena", y solicitada por el Privado de la Libertad **************, respecto de la sanción privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS, que le fue impuesta por el Juzgado Cuadragésimo Octavo Penal en la Ciudad de México, por el delito de Violación Agravada, mediante sentencia emitida el 18 dieciocho de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, en la causa 82/2014; resolución de ejecución en la que se determinó negar el beneficio preliberacional de "Remisión Parcial de la Pena". Quedan intocados los resolutivos Tercero y Cuarto de la resolución impugnada por tratarse de cuestiones de carácter administrativo o que tampoco fueron motivo de apelación y se declara agotado el Segundo por tratarse del plazo para impugnar. TERCERO.- En cumplimiento del fallo federal, se determina que no resulta procedente conceder al privado de la libertad *************, ninguno de los Beneficios Penitenciarios previstos en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, vigente al momento de los hechos (15 quince de diciembre del 2013 dos mil trece) y al momento de la emisión de la sentencia que causó ejecutoria, Ley que fue publicada en la Gaceta Oficial el 17 de junio de 2011 dos mil once, siendo éstos la Reclusión Domiciliaria mediante Monitoreo Electrónico a Distancia; Tratamiento Preliberacional y Libertad Preparatoria por actualizarse causal de improcedencia y tampoco resulta procedente conceder los Beneficios Preliberacionales previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal siendo éstos la Libertad Condicionada y la Libertad Anticipada por no reunir los requisitos para su concesión al momento de la emisión de este fallo en cumplimiento de Amparo.". (fojas 206 a 208). 3. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, notificó al justiciable la determinación antes referida (foja 166). Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de su artículo 196, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la ley en cita. Notifíquese; y personalmente.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes
- Roberto Gaytán López48/2021
- ROBERTO GONZÁLEZ AGUILAR y Otros.963/2021
- Roberto Juan Pablo Steimle Comel5/2024
- Roberto Luis Zapata Llabres1040/2023
- Roberto Maldonado Juárez520/2014
- Roberto Marroquín Benítez1098/2014
- Roberto Mauricio Negrete Osnaya245/2021
- ROBERTO MEJÍA HERNÁNDEZ y Otros.840/2011
- ROBERTO MENDEZ TORRES y Otros.613/2022
- ROBERTO MENDEZ TORRES y Otros.614/2022
- Roberto Muñoz Ireta1004/2014
- Roberto Ortiz Aroche302/2023