Roberto Martínez García

Expediente 852/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
852/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Roberto Martínez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 852/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************, reclama del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Acusatorito del estado de Morelos, con sede en Cuautla, la resolución dictada en la audiencia intermedia el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés en la causa penal ******************** y sus consecuencias. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, este juzgado federal proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó a la autoridad responsable su informe previo y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable antes citada, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia de los actos que se les reclaman. SEGUNDO. Ahora bien, en virtud de haberse colmado los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es menester destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables a los quejosos está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la evitar la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica de los quejosos. Por tanto, la parte quejosa podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: a) El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados b) El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: I. El perjuicio del interés social. II. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a ( la apariencia del buen derecho y ( al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión, ya que en el supuesto de ejecutarse el acto reclamado podría generar consecuencias no reparables al quejoso. Bajo tal orden de ideas, se provee lo siguiente: Con apoyo en los artículos 126, 128 y 139 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto de la resolución dictada en la audiencia intermedia el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés en la causa penal ********************; para el efecto de que se suspenda el procedimiento hasta antes de que el Juez de Control que verificó la etapa intermedia, prepare y remita las actuaciones al tribunal de enjuiciamiento, ello, pues hasta ese momento sigue siendo la etapa intermedia en la que continúa como autoridad rectora del procedimiento; ya que formalmente y materialmente se da continuidad a la siguiente etapa, cuando los autos quedan a disposición del tribunal de enjuiciamiento y de facto inicia el juicio oral; sin embargo, dicha concesión surtirá sus efectos siempre y cuando no se hubiere ejecutado el acto reclamado, es decir, siempre y cuando materialmente los autos no se encuentren a disposición del tribunal de enjuiciamiento, y el juicio oral ya se hubiese iniciado. Máxime, si en el caso, no existe certeza de que el juicio oral haya iniciado de hecho o estuviera pendiente el envío al tribunal de enjuiciamiento. Ello, a fin de mantener viva la materia del juicio de amparo, ya que de lo contrario, se produciría acto de imposible reparación a los derechos de la parte quejosa; lo anterior, hasta en tanto le sea notificada la ejecutoria de la resolución definitiva que se dicte el expediente principal del presente juicio de amparo. Esto, conforme a lo establecido en la tesis XXIII/20227 sustentada por la precitada Primera Sala, con registro digital 2024867, publicada el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la cual se establece lo siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES ORIGINADAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER ANALIZADAS EN AMPARO DIRECTO. DESARROLLO Y ACLARACIÓN DE LA DOCTRINA REFLEJADA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 669/2015. Hechos: El quejoso -de origen guatemalteco- fue procesado y sentenciado por el delito de tráfico de personas extranjeras, sancionado por la Ley de Migración. En el juicio de amparo directo alegó, entre otras cosas, una violación a su derecho a la asistencia consular en las fases relativas a su detención y consignación. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del caso consideró, por un lado, que no era posible estudiar ese alegato con base en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) emitida por esta Primera Sala. Sin embargo, a la vez calificó el planteamiento como infundado al considerar que el quejoso tuvo contacto con la Embajada de Guatemala durante el procedimiento administrativo de migración, en el que inicialmente fue considerado víctima. Éste fue el criterio sujeto a revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que como es propio de cualquier precedente novedoso de importancia, los primeros años de vida del amparo directo en revisión 669/2015 demuestran que aún es necesario terminar de explorar sus alcances y aclarar sus condiciones de aplicación. Esto conduce a afirmar que si una violación procesal se origina en una etapa previa a la audiencia de juicio oral, pero sus efectos perduran por haber producido pruebas que se consideran ilícitas (y esa ilicitud sólo ha podido ser argumentada a la luz del material probatorio sometido al escrutinio recíproco de las partes, propio de la audiencia de juicio oral), entonces es perfectamente posible examinarla en esta etapa y, consecuentemente, también en el juicio de amparo directo. Justificación: La necesidad de aclarar los límites de nuestra doctrina sobre cierre de etapas procesales surge al reconocer un hecho innegable: en ocasiones, ciertas violaciones procesales, ocurridas en fases previas a la audiencia de juicio oral, impactan de manera continua en las etapas sucesivas del proceso penal y se ponen en evidencia de manera cabal hasta ese momento. Cuando eso ocurre, tales violaciones deben entenderse susceptibles de discusión y refutación en la audiencia de juicio oral, escenario único que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizan para el libre intercambio de argumentos entre las partes en confronta. Es en este momento cuando, por primera vez, ellas están en condiciones de realmente argumentar sustancialmente su teoría del caso. Si algo caracteriza al sistema acusatorio es precisamente esta oportunidad única de contienda abierta, de exposición argumentativa, de crítica recíproca, siempre expuesta a la luz pública. Reconocer las finalidades que persigue esta particular forma de interacción oral y pública entre las partes, deja claro por qué la información que fluye de la misma (a propósito de los interrogatorios y contrainterrogatorios que deben poderse formular) siempre es capaz de arrojar luz sobre la obtención de los medios de prueba -sobre todo si éstos son tildados inválidos por devenir de violaciones procesales-. La audiencia oral no tendría cualidades epistémicas (es decir, no permitiría conocer la verdad) si no admitiera a las partes exhibir con amplitud y flexibilidad argumentos dirigidos a evidenciar alguna forma de indefensión durante el proceso. Por ello, ciertos aspectos sobre lo ocurrido en fases preliminares admiten, por lógica, ser introducidos al debate de la audiencia, lo cual surge con motivo de la información que los órganos de prueba producen y que, por tanto, da pie a interrogatorios o contrainterrogatorios encaminados a proveer al Tribunal de Enjuiciamiento de elementos para dilucidar si la prueba fue obtenida lícitamente." Máxime, que el tópico a estudio fue materia de impugnación durante esa propia etapa, y que afecta derechos sustantivos. Esta suspensión surte sus efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que materialmente el juicio oral no hubiese iniciado. En la inteligencia de que esta medida suspensiva no surtirá efecto legal ni material alguno si el acto reclamado ya fue ejecutado totalmente, o si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria en cuyo procedimiento la parte quejosa haya sido oída y vencida; o bien, si deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ******************** respecto de los actos precisados en los resultandos primero y segundo, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible resolver sobre la suspensión definitiva señalada para el día en que se actúa, toda vez que a la fecha, no obra el informe previo, ni el acuse de notificación por medio de cual se requirió el mismo, a la autoridad responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la cual tiene domicilio fuera de la ciudad. Por tanto y para evitar dilaciones procesales, reexpídase el oficio que contenga el acuerdo de cinco de julio de la presente anualidad, dirigido a la autoridad responsable antes referida y remítase vía Estafeta. Para dar margen de tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia incidental, fijándose de nueva cuenta para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita copias certificada del auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente incidente de suspensión. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez, en el presente incidente no obra acuerdo de la fecha que refiere. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que, a través del acceso autorizado en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, a través del usuario proporcionado por la parte quejosa se pueden obtener las impresiones que requieran de los acuerdos dictados en el presente asunto, pues de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, éstas se consideran certificadas dado que llevan la evidencia criptográfica que las valida. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMCL

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible resolver sobre la suspensión definitiva señalada para el día en que se actúa, toda vez que a la fecha, no obra el informe previo, ni el acuse de notificación por medio de cual se requirió el mismo, a la autoridad responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la cual tiene domicilio fuera de la ciudad. Por tanto, se difiere la audiencia incidental, fijándose de nueva cuenta para las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano