Roberto Martínez Flores
Expediente 1519/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1519/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/12/2022
Partes del expediente
- Roberto Martínez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1, numeral 2, 8.1.1, numeral 2 inciso a), 8.1.2, numeral 1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental, en tanto que es depurable el original del incidente, pues se concedió y negó la suspensión definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno, por lo que una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve los autos del juicio de amparo indirecto 1519/2022-III-B, promovido por *****; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y el acto reclamado siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como Autoridad ordenadora. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE XONACATLÁN, TURNO ÚNICO, con domicilio [.]. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LERMA DE VILLADA, DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TURNO, con domicilio [.] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE METEPEC DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TURNO, con domicilio [.]. El C. Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, con domicilio [.]. Como Autoridad Ejecutora: El C. Fiscal General de Justicia del Estado de México, Con domicilio en [.] El C. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con domicilio en [.] IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades ordenadoras se reclama la emisión de una orden de detención y/o aprehensión y/o presentación dictada en mi contra. De las autoridades ejecutoras se reclama el cumplimiento de la cita orden de detención y/o aprehensión y/o presentación dictada en mi contra. " Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Tramite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que registró la demanda con el número 1519/2022-III-B, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 5 y 6 de autos), se admitió a trámite, de ahí que en esa fecha se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. Luego, seguido que fue el juicio previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C o n s i d e r a n d o PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos de autoridades cuya ejecución se pudiere dar dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro ""ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación girada en su contra, así como su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se le reclaman, como se advierte del siguiente cuadro que se inserta para fines prácticos: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES INFORME JUSTIFICADO SENTIDO 30568/2022 MINISTERIO PÚBLICO DE XONACATLÁN, TURNO ÚNICO, ESTADO DE MÉXICO 03/10/2022 F.30 y 31 NIEGA 30569/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, DEL PRIMER TURNO 03/10/2022 F. 26 NIEGA 30570/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, DEL SEGUNDO TURNO 03/10/2022 F. 28 NIEGA 30571/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, DEL TERCER TURNO 30/09/2022 F. 12 NIEGA 30572/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC DEL PRIMER TURNO 24/10/2022 F. 37 NIEGA 30573/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC DEL SEGUNDO TURNO 24/10/2022 F. 37 NIEGA 30574/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC DEL TERCER TURNO 24/10/2022 F. 37 NIEGA 30575/2022 JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO 03/10/2022 F. 33 NIEGA 30576/2022 FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 30/09/2022 F. 8 y 9 NIEGA 30577/2022 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 30/09/2022 F. 10 y 11 NIEGA En efecto, del cuadro anterior se aprecia que las autoridades responsables (1) Agente del Ministerio Público de Xonacatlán, (2,3,4) Agentes del Ministerio Público adscritos al Primer, Segundo y Tercer Turnos del Centro de Justicia de Lerma, (5,6,7) Agentes del Ministerio Público adscritos al Primer, Segundo y Tercer Turnos del Centro de Justicia de Metepec, (8) Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma e Villada, Estado de México; así como, el (9) Fiscal y (10) Coordinador General de la Policía de Investigación, ambos dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y/o presentación girada contra el aquí quejoso y su ejecución. Lo anterior sin que el quejoso desvirtuara esas negativas, con algún medio de convicción. Máxime que, no debe perderse de vista que el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia de los actos reclamados manifestados por las autoridades responsables, el quejoso tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de derechos fundamentales que alega, ya que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que reclama y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese tenor, si la parte quejosa no aportó algún medio de prueba para desvirtuar las negativas de las autoridades antes mencionadas respecto de la existencia de los actos reclamados; resulta inconcuso, tal como se estableció con antelación, que los actos de que se duele (aprehensión y/o detención y/o presentación giradas en su contra), deben tenerse por inexistentes. En mérito de lo anterior, lo procedente sea sobreseer en términos de lo dispuesto por el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado se; R e s u e l v e ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1519/2022-III-B, promovido por ******s, en contra de los actos y por las autoridades precisadas el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el diverso tercero.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público que los suscribe en representación de los Turnos Primero, Segundo y Tercero, todos del Centro de Justicia de Metepec, Estado de México, con el que rinde informe justificado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, a fin de que transcurra la vista otorgada a la partes respecto del informe de cuenta, desde ahora se transfiere la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós; y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
- Incidental
Mediante la que se resuelve el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1519/2022-III-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió la demanda, ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió el informe previo y se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que Roberto Martínez Flores, reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México y otras autoridades: La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación girada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Las autoridades al rendir su informe previo, precisaron: AUTORIDADES RESPONSABLES INFORME PREVIO SENTIDO MINISTERIO PÚBLICO DE XONACATLÁN, TURNO ÚNICO, ESTADO DE MÉXICO 03/10/2022 NIEGA F. 28 A 29 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, DEL PRIMER TURNO 03/10/2022 NIEGA F. 30 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, DEL SEGUNDO TURNO 03/10/2022 NIEGA F. 33 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, DEL TERCER TURNO 30/09/2022 NIEGA F. 16 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC DEL PRIMER TURNO OMISO PRESUME CIERTO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC DEL SEGUNDO TURNO OMISO PRESUME CIERTO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC DEL TERCER TURNO OMISO PRESUME CIERTO JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO 03/10/2022 NIEGA F.35 FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 30/09/2022 NIEGA F12 A 13 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 30/09/2022 NIEGA F. 14 A15 TERCERO. En esas condiciones, dado que las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de Xonacatlán, Estado de México, los Agentes del Ministerio Públicos adscritos al Primer, .Segundo y Tercer Turnos del Centro de Justicia de Lerma, Estado de México, el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, así como, el Fiscal General y Coordinador General de la Policía de Investigación, ambos dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe previo negaron los actos que se les reclaman. Lo anterior, sin que al respecto la solicitante de la suspensión hubiese aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa; por ello, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada por cuanto hace a los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Al respecto, resulta aplicable la Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que textualmente dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las responsables niega los actos que se les atribuyen, y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos. (Octava Época, S.J.F. Tomo X, Octubre 1992, página 356).". CUARTO. Por su parte, los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Agencia del Ministerio Público de Metepec, Turnos Primero, Segundo y Tercero, fueron omisos en rendir sus respectivos informes previos pese a encontrarse debidamente notificados para ello, desde el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto los actos a ellos reclamados, únicamente para efectos de la suspensión. QUINTO. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN ATRIBUIDA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Toda vez que el quejoso reclama una orden de aprehensión a autoridades que constitucional y legalmente carecen de facultades para emitir ese tipo de mandamientos; con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute la orden de captura reclamada. SEXTO. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE LA ORDEN DE DETENCIÓN. Con base en lo establecido en el sexto párrafo del artículo 16 de la Ley máxima de nuestro país, los Fiscales o los Ministerios Públicos sólo pueden ordenar la detención en caso de urgencia y que el delito sea considerado como grave; con fundamento en los artículos 144 y 146 fracción III de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que una vez que el quejoso sea detenido, quede a disposición del suscrito Juez de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la autoridad ministerial para la continuación de la integración de la averiguación. En la inteligencia de que los Fiscales o los Ministerios Públicos responsables dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, deberán consignarla ante el juez penal correspondiente o de ser el caso los pongan en libertad. SÉPTIMO. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE PRESENTACIÓN. En relación al acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de presentación, con fundamento en los artículos 144 y 146 fracción III de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva de dicho acto, para el único efecto de que se le informe quejoso la existencia de la indagatoria en su contra y que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar la declaración correspondiente; en tanto, que de ningún modo los agentes pueden detenerlo y/o ponerlo a disposición de la autoridad ministerial contra su voluntad. En lo conducente es aplicable al caso la tesis 1a. CLXXV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, del tenor literal siguiente: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CONTRA UN INCULPADO EN UNA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL. ES ILEGAL CUANDO EXCEDE LOS EFECTOS JURÍDICOS PARA LOS QUE FUE EMITIDA. En diversos precedentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen constitucional de detenciones sólo admite las órdenes de aprehensión, flagrancia o caso urgente; de ahí que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas "órdenes de búsqueda, localización y presentación", ni obligarlo a que permanezca contra su voluntad en el lugar en que se le interroga, pues ello equivale materialmente a una detención. Así, cuando los agentes de la policía cuentan con esta orden expedida por el Ministerio Público contra un indiciado, sólo están facultados para notificar a esa persona la existencia de la indagatoria en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente, ante lo cual, éste puede expresar su deseo de no hacerlo, esto es, los agentes no pueden detenerlo y ponerlo a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituirá materialmente una detención arbitraria, lo que también ocurre cuando el Ministerio Público de una entidad federativa cumplimenta un oficio de colaboración y gira una orden de esa naturaleza con el propósito de recabar la declaración ministerial del inculpado en esa sede y, una vez que éste es presentado voluntariamente, sin recibir su declaración, el fiscal devuelve la indagatoria junto con el inculpado a su lugar de origen, pues en estos casos, dicha orden excede sus efectos jurídicos y produce materialmente una privación de la libertad personal del quejoso, ya que no tuvo el exclusivo propósito de que se recabara la declaración ministerial del inculpado por el órgano investigador habilitado, sino el de enviarlo a su lugar de origen, con lo que se da un efecto distinto a la orden decretada que se traduce en una real detención, ejecutada sin la existencia previa de una determinación que cumpliera con los requisitos constitucionales correspondientes.". Como medidas de aseguramiento y con la finalidad de que siga surtiendo efectos la suspensión otorgada, dentro del plazo de cinco días legalmente computados, el quejoso deberá: a) Comparecer ante las responsables ordenadoras en los términos mencionados líneas precedentes; e, b) Informar su comparecencia a este órgano de Control Constitucional (lo cual deberá efectuar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que realice dicha comparecencia). Luego, en caso de incumplimiento con las medidas de aseguramiento antes precisadas, la suspensión será revocada con la sola comunicación de las autoridades responsables, ello de conformidad con establecido en último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 140, y 144 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a ***, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados de las autoridades responsables mencionadas en el considerando segundo de esta determinación, en términos de lo expuesto en el diverso tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se concede a ***, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados de las autoridades responsables mencionadas en el considerando cuarto de esta determinación, en términos de lo expuesto en el diversos quinto, sexto y séptimo de la presente resolución.
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