Roberto Martínez Domínguez

Expediente 1456/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1456/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
03/04/2017

Partes del expediente

  • Roberto Martínez Domínguez
  • Rolando Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la secretaria de acuerdos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual, acusa recibo del oficio 9445/2017, a través del cual le fueron devueltos el original del toca penal 177/2016 del índice de esa Sala, así como la causa penal 82/2015, del control del juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede se advierte, ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, devuélvase a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el original del toca penal 177/2016 de su índice y original de la causa penal 82/2015, del control del juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca, mismos que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, vista la razón de cuenta, se advierte, el Actuario adscrito a este Juzgado, no pudo notificar al tercero interesado Salomón Méndez Méndez, la sentencia de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por los motivos que expone; en tal virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, dicha sentencia, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto se subsane tal omisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. INSERCIÓN: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO NOTIFICO AL TERCERO INTERESADO, LA SENTENCIA QUE ENSEGUIDA SE INSERTA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1456/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, Alejandro García Santiago a través de su defensor Roberto Martínez Domínguez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistente en:  La resolución dictada el catorce de julio de dos mil dieciséis, dentro del toca penal 177/2016. Acto que estima violatorio de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de agosto del año que precede, este juzgado Federal admitió la demanda de referencia; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a los terceros interesados -agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable y Rolando Reyes-, y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6°, 37, 107, 108, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, aceptaron el acto reclamado -folio 39-. Para acreditar lo anterior, remitieron el toca penal número 177/2016, y el expediente penal 82/2015, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación formulados por el impetrante, a los que se dará respuesta conjuntamente con el análisis que se hará respecto al cuerpo del delito y la probable responsabilidad, de conformidad con el arábigo 76 de la ley de la materia, son infundados. En efecto, del toca penal número 177/2016, y el expediente penal 82/2015, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la sala responsable, el catorce de julio de dos mil dieciséis, modificó la resolución apelada, en la que se había decretado auto de formal prisión contra el peticionario del amparo por los delitos de robo calificado con violencia física a las personas y robo especifico por equiparación, en perjuicio de Rolando Reyes y Salomón Méndez Méndez, respectivamente, para quedar en la forma siguiente: "1.- Está acreditado el cuerpo del delito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA FÍSICA Y MORAL A LAS PERSONAS (y no únicamente con Violencia Física, como se estableció en el auto recurrido); así como la probable responsabilidad penal del procesado ALEJANDRO GARCÍA SANTIAGO". "2.- Está acreditado el cuerpo del delito de ROBO ESPECIFICO POR EQUIPARACIÓN, cometido en perjuicio de SALOMÓN MÉNDEZ MÉNDEZ, no así la probable responsabilidad penal del procesado ALEJANDRO GARCÍA SANTIAGO, en la comisión de dicho ilícito; en consecuencia, se dicta a su favor AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY". Pues bien, el ilícito que se atribuye al aquí quejoso (robo calificado con violencia física y moral a las personas), se encuentra previsto en el artículo 349 y sancionado en los numerales 354 y 359, en relación con el arábigo 360, todos del Código Penal del Estado, que señalan: "Artículo 349.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la Ley. [.] Artículo 354.- Cuando el valor de lo robado exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la prisión será de dos a cuatro años y la multa será de cien a ciento cincuenta veces el salario". "Artículo 359. Si el robo se ejecutare con violencia a las personas o las cosas, a la pena que corresponda por el robo simple, se agregarán de seis meses a cinco años de prisión. Si la violencia constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de acumulación". "Artículo 360. La violencia a las personas se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Hay violencia moral cuando el delincuente amaga o amenaza a una persona, con un mal grave presente o inmediato, capaz de intimidarla". Los artículos transcritos, revelan los elementos que integran el cuerpo del delito de robo, a saber: a) Una acción de apoderamiento; b) Que ésta recaiga en una cosa ajena mueble y; c) Que el apoderamiento se verifique sin el consentimiento de la persona que pueda disponer de la cosa con arreglo a la ley. En tanto que, la hipótesis que hace al delito de robo como calificado es:  Que el ilícito se ejecute con violencia física o moral a las personas. De igual forma, al emitir el acto de autoridad, la responsable tuvo en cuenta los siguientes medios de prueba:  La denuncia del ofendido Rolando Reyes, efectuada en comparecencia de ocho de septiembre de dos mil quince.  El parte informativo de fecha siete de septiembre de ese propio año, suscrito y ratificado por los agentes Estatales de Investigación Armando Pinacho Morales y Adán Cruz Arévalo.  Las declaraciones ministeriales del quejoso Alejandro García Santiago y coinculpado Rodolfo Fabián Ojeda Silva.  La fe de objetos afectos de ocho de septiembre de la misma anualidad.  Las diligencia de inspección desahogada por el representante social el nueve de septiembre del año en cita, en la calle prolongación de Benito Juárez, en Ocotlán, Oaxaca, frente al comedor denominado "Karla". Pues bien, la legalidad del acto reclamado radica principalmente en el señalamiento directo realizado contra el aquí quejoso por el ofendido Rolando Reyes, quien en su denuncia efectuada en comparecencia de ocho de septiembre de dos mil quince, refirió en esencia que el siete de ese mes y año, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, al transitar sobre la calle prolongación de Benito Juárez, en Ocotlán, Oaxaca, frente al comedor denominado "Karla", lo interceptaron dos hombres, uno lo sujetó del cuello con su brazo izquierdo y con la otra mano le puso una navaja en el pecho; mientras el otro individuo le colocó una navaja en el abdomen e introdujo su mano izquierda en la bolsa trasera derecha de su pantalón, de la cual sustrajo su cartera color café que contenía documentos personales y siete mil doscientos pesos, los cuales había cobrado minutos antes en el banco Hsbc por un trabajo que había realizado a un arquitecto; que fue entonces cuando descendieron de un vehículo dos agentes estatales y detuvieron a los activos; asimismo, agregó que una vez que se le pusieron a la vista las navajas usadas por éstos, las reconoció como aquellas que utilizaron para atacarlo. La responsable otorgó a dicha declaración valor probatorio indiciario de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado, lo que no transgrede garantía individual alguna, toda vez que se trata del deposado del propio ofendido, respecto de hechos que conoció por sí, es decir, que lo afirmado ante el órgano investigador fue percibido por él mismo, que al corroborarse con otros datos de convicción, como más adelante se verá, adquiere validez. Imputación que la autoridad responsable concatenó con el parte informativo de fecha siete de septiembre de dos mil quince, suscrito y ratificado por los agentes Estatales de Investigación Armando Pinacho Morales y Adán Cruz Arévalo, quienes expresaron que a las diecinueve horas con treinta minutos de ese día, al transitar sobre la calle prolongación de Benito Juárez, en Ocotlán, Oaxaca, frente al comedor denominado "Karla", se dieron cuenta que un sujeto con su mano izquierda sujetaba del cuello al pasivo, y en la otra mano portaba una navaja que le puso a la altura del corazón, mientras otro individuo con otra arma punzocortante en su mano derecha amagaba al mismo ofendido a la altura del abdomen, en tanto que con la mano izquierda le sustraía la cartera de la bolsa trasera derecha del pantalón; que al percatarse de ello se detuvieron, descendieron de su vehículo y detuvieron a los activos; que luego de ello el ofendido les indicó que momentos antes había sido interceptado por dos sujetos quienes lo amagaron con las navajas que portaban y lo despojaron de su cartera que contenía siete mil doscientos pesos, la cual, fue hallada en la bolsa trasera derecha del pantalón de uno de los agentes del delito; asimismo, se aseguraron las dos navajas utilizadas en la comisión del ilícito. Medio de convicción debidamente ratificado al que con acierto el juez natural justipreció como indicio de conformidad con el artículo 354 citado, al estimar que lo manifestado por los elementos aprehensores reúne las características de un testimonio, pues en él se pone de relieve que éstos conocieron por sí mismos el hecho narrado, esto es, presenciaron el evento sobre el cual emitieron su deposado. Cobra aplicación al respecto la tesis aislada XI.1o.81 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, localizable en la página: 587, Tomo XIII, Junio de 1994, Materia(s): Penal, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA AUTORIDAD. DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL". A lo anterior se enlazaron las declaraciones ministeriales de los sujetos activos, en la que expresaron, en lo conducente, que el siete de septiembre de dos mil quince, se dirigieron a la población de Ocotlán, Oaxaca, con el objetivo de robar un automóvil o a alguna persona; que arribaron a las dieciséis horas y como a las diecinueve horas con treinta minutos, optaron por robar a una persona que transitaba sola por la calle prolongación de Benito Juárez, en esa población; que Alejandro García Santiago se acercó al pasivo, le puso una navaja a la altura del abdomen y le dijo: "no te muevas porque te mato, mejor caite con todo lo que traigas y te dejo vivir", enseguida, Rodolfo Fabián Ojeda Silva lo tomó del cuello y le puso una navaja a la altura del corazón, en tanto el primero empezó a revisarlo despojándolo de su cartera, la cual guardó en su pantalón, momentos después arribaron los policías e intentaron escapar, sin lograrlo; asimismo, al ponerles a la vista la navaja que utilizaron en el acto delictivo, ambos manifestaron que era de su propiedad. Probanza que fue valorada como indicio en términos del artículo 355, fracción III del Código de Procedimientos Penales del Estado, al reunir los requisitos previstos en la fracción II de ese propio numeral, pues la confesión fue realizada ante el Ministerio Público, por personas mayores de dieciséis años (Alejandro García Santiago cincuenta y dos años de edad, Rodolfo Fabián Ojeda Silva, treinta y un años de edad), con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; en presencia de su defensor particular Álvaro López Hernández, debidamente enterados del procedimiento y del proceso; de hecho propio; y sin existir datos que las hagan inverosímil. Confesión que además se encuentra robustecida con los demás medios de convicción que conforman la causa penal de origen. Lo que fue vinculado con la fe de objetos afectos de ocho de septiembre de la misma anualidad, en la que el representante social certificó tener a la vista: "(.) una cartera color café que contenía la cantidad de siete mil doscientos pesos moneda nacional, (tres billetes de quinientos pesos, once de doscientos pesos, veintiún billetes de cien pesos y veintiocho billetes de cincuenta pesos); una navaja metálica de muelle con empuñadura de color negro marca BBAR MGM USA de diecisiete punto cinco centímetros de longitud, y una navaja metálica de muelle con empuñadura de madera color café marca STAINLESS STEEL JAPAN de veinticinco centímetros de longitud". Lo que se adminicula con la diligencia de inspección desahogada por el representante social el nueve de septiembre del año en cita, en la calle prolongación de Benito Juárez, en Ocotlán, Oaxaca, frente al comedor denominado "Karla", en donde aconteció el robo al ofendido. Medios de convicción (fe de objetos e inspección) a las que correctamente se les concedió eficacia demostrativa plena en términos del ordinal 354 del código procesal citado, al apreciarse que habían sido practicados por un servidor dotado de fe pública, en ejercicio de las funciones de investigador que le confiere el artículo 21 del Pacto de la Unión, y en cuyo desahogo se observaron las reglas previstas para tal efecto en el ordenamiento legal invocado. Sobre tal base, se estima correcta la decisión de la sala responsable, en la medida que con las pruebas antes reseñadas, hasta este momento, se encuentra probado el cuerpo del delito de robo calificado con violencia física y moral a las personas, porque el siete de septiembre de dos mil quince, a las diecinueve horas con treinta minutos, aproximadamente, en la calle prolongación de Benito Juárez, en Ocotlán, Oaxaca, frente al comedor denominado "Karla", dos sujetos, utilizando navajas, despojaron de su cartera al ofendido Rolando Reyes, la cual contenía la cantidad de siete mil doscientos pesos moneda nacional, y al pretender escapar, fueron detenidos. De ahí que, contrario a lo que aduce el peticionario del amparo, la sala responsable sí valoró de manera correcta el acervo probatorio que conforma la causa penal conforme a las reglas establecidas en el título cuarto del Código de Procedimientos Penales del Estado, esto es, no incurrió en alteración de los hechos ni en infracción a los principios lógicos fundamentales. A mayor abundamiento, la responsable al emitir el acto reclamado realizó un correcto estudio del material probatorio existente en el expediente, pues al valorarlo se sujetó a las reglas contenidas en el referido código adjetivo de la materia y fuero, mismos que al ser considerados en lo individual como indicios, en su conjunto hacen prueba plena, pues para apreciarlos de tal manera, se debe de tener como punto de partida hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho ilícito, a fin de verificar tanto los elementos del cuerpo del delito, como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, tal y como lo realizó la citada responsable y, que como conclusión llevaron a ésta a determinar que eran suficientes e idóneos para tener por acreditados los extremos a que se contrae el ordinal 19 de Nuestra Carta Magna. Sirve de apoyo a lo precedente la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 2982, Tomo: XXX, Septiembre de 2009, materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD. Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada como "prueba presuncional", derivada de igual intelección del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, más que prueba por sí, constituye propiamente una vía de demostración indirecta, pues se parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado -pues si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta-, pero sí los hay de otros hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencial, regido por la lógica del rompecabezas -conforme a la cual ninguna pieza por sí proporciona la imagen completa, pero sí resulta del debido acomodo de todas ellas- llevan a su demostración, de manera que su operatividad consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada, más que por la simple suma de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista concordancia entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorándose de que no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impidan su operatividad". Es pertinente reiterar que la responsable con acierto analizó la agravante del delito de robo, consistente en la violencia física y moral a las personas, contemplada en el numeral 359, en relación con el arábigo 360, del Código Penal del Estado, en la medida que de los medios de prueba relacionados se colige que el día en que se suscitaron los acontecimientos, los sujetos activos, utilizaron la violencia física, esto es, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona, en la medida que uno de ellos por la espalda sujetó del cuello al pasivo, mientras que la violencia moral se actualizó cuando ambos con las navajas que portaban amenazaron al pasivo, con un mal grave presente o inmediato, capaz de intimidarlo, como fue lo expresado por uno de los individuos: "no te muevas porque te mato, mejor caite con todo lo que traigas y te dejo vivir". Inclusión que fue acertada si se toma en cuenta que al pronunciar actos de la naturaleza del combatido en esta vía, es indispensable que se precise el delito, incluyendo sus circunstancias modificativas o calificativas. En este sentido, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 9, Tomo XVII, Abril de 2003 Materia(s): Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE. El primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, establece que: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.". Ahora bien, del análisis de tal precepto constitucional se concluye que para que el inculpado tenga certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, la autoridad judicial, al dictar un auto de formal prisión, no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino que debe analizar las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo anterior no es obstáculo para que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado o calificativas del delito e, incluso, por virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa conclusión". Por otro lado, la responsable tampoco violó garantía individual alguna al tener por justificada la probable responsabilidad que le resulta al impetrante del amparo en la comisión del delito de robo calificado, pues atinadamente concluyó en ese sentido con todos los elementos de convicción que le sirvieron de base para acreditar el cuerpo del delito, debido al valor incriminatorio que arroja cada indicio, sin que ello genere violación de derechos. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/93, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 341, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías". En efecto, la autoridad responsable para tener por demostrada la probable responsabilidad del aquí quejoso, tomó en cuenta de manera preponderante el señalamiento directo que realiza en su contra el ofendido Rolando Reyes, como una de las personas que el siete de septiembre de dos mil quince, a las diecinueve horas con treinta minutos, aproximadamente, en la calle prolongación de Benito Juárez, en Ocotlán, Oaxaca, frente al comedor denominado "Karla", utilizando una navaja que le puso en el abdomen, además de decirle: "no te muevas porque te mato, mejor caite con todo lo que traigas y te dejo vivir", lo despojó de su cartera, la cual contenía la cantidad de siete mil doscientos pesos moneda nacional, y al pretender escapar con su coinculpado, fueron detenidos. Imputación que se encuentra corroborada con los demás medios de prueba ya relacionados en esta sentencia, destacando, entre otros, el parte informativo de los policías aprehensores, la inspección practicada en el lugar de los hechos y la fe ministerial de objetos afectos. Máxime que, el propio peticionario del amparo, al declarar ante el ministerio público, confesó haber perpetrado el ilícito y reconoció la navaja que utilizó para ello, ubicándose así en el lugar y a la hora en que se suscitó el acontecimiento. Sin soslayar que al momento en que fue revisado por los agentes estatales de investigaciones, le fue encontrada en la bolsa trasera del pantalón, la cartera con el numerario objeto del robo. Por tanto, aun cuando en preparatoria expresó que no ratificaba su declaración ministerial y pretendió variar los hechos, estableciendo que en el momento de su detención se hallaba en otro lugar; lo cierto es que tal retractación es insuficiente para hacer perder a su primera declaración su validez legal, pues no se encuentra corroborada con prueba alguna; en cambio, pesa en su contra el cúmulo probatorio relacionado en esta sentencia, que lo acreditan, por ahora, como probable responsable del ilícito que se le atribuye. En apoyo a lo anterior se cita la tesis aislada sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, localizable en la página: 186, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, Materia(s): Penal, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONFESIÓN, RETRACTACIÓN DE LA, EN PREPARATORIA. Si consta en autos que ante la policía judicial militar y ante el Ministerio Público Federal el acusado confesó haber participado en la transportación de marihuana y en su declaración preparatoria y ampliación de ésta, se retracta de esa confesión alegando que firmó las declaraciones hechas ante dichas autoridades porque fue objeto de amenazas y malos tratos, pero sin rendir pruebas idóneas al respecto, tal retractación es insuficiente para hacer perder a sus primeras declaraciones su validez legal". Por otra parte, también se acreditó que tal conducta el sujeto activo la realizó de manera dolosa y como coautor material en términos de los artículos 8, fracción I, y 11, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, puesto que sabiendo y conociendo que su conducta era constitutiva de delito, conjuntamente con otro sujeto vulneró el bien jurídico tutelado por la norma que en este caso resulta ser el patrimonio de las personas, con lo que adecuó su conducta en la hipótesis normativa citada. Además, es imputable, ya que no hay prueba demostrativa de que sea menor de dieciocho años de edad, como lo dispone el numeral 2º del Código Penal para el Estado de Oaxaca; tampoco existe constancia que demuestre trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le limite la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, para considerar así, que se encontraba en el supuesto previsto en el artículo 14, fracción VII, del ordenamiento citado, que lo excluya del delito; ni hay evidencia que la ejecución de la acción obedeciera a la necesidad de preservar otro bien jurídico; por cuyo motivo, le era exigible una conducta apegada a la norma, de conformidad con el artículo invocado en su fracción V. Bajo las precedentes consideraciones, contrario a lo que aduce el impetrante del amparo, la resolución emitida por la responsable no es violatoria de los derechos humanos que invoca, porque sí cumplió con las exigencias constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Carta Magna, dado que en autos se encuentran acreditados los elementos constitutivos del cuerpo del delito que se le atribuye, así como su probable responsabilidad, destacándose el hecho que para el dictado del auto de formal prisión, el numeral citado no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la responsabilidad del inculpado. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.1o. J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 76, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". En las relatadas consideraciones, al ser constitucional el acto que por esta vía se reclama y resultar infundados los conceptos de violación hechos valer y dado que este órgano de control constitucional no advirtió en ellos deficiencia de la queja que deba suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se niega al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Alejandro García Santiago contra el acto reclamado a los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con el licenciado Ricardo Mendoza García, secretario que autoriza y da fe, hoy veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Alejandro García Santiago contra el acto reclamado a los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 887/2016, del índice de este órgano jurisdiccional; por tanto, dese de baja y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.

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