Roberto Martínez Barrales
Expediente 1076/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Roberto Martínez Barrales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
I.- CÚMPLASE.
- Incidental
I. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que en esta propia fecha, se tuvo por cumplido el fallo protector de la sentencia dictada en el juicio de amparo principal de donde deriva el presente incidente, ordenándose archivar el mismo como asunto totalmente concluido, y advirtiéndose que en los presentes autos incidentales, por una parte se negó y por otra se concedió las suspensiones provisional y definitiva, de los actos reclamados por la parte quejosa; en consecuencia, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el DUPLICADO de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los SEIS MESES siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora bien, por lo que ve al expediente ORIGINAL de este incidente de suspensión, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, se indica que el presente expediente debe considerarse de archivo reciente y ser conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años, por lo que una vez cumplido este plazo, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, conforme al artículo 18 del Acuerdo General, este expediente es susceptible de depuración después de los TRES AÑOS siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existen resoluciones en que se otorgó la suspensión; asimismo, no se considera de relevancia documental, ni contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
I. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a los autorizados de la parte quejosa en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, con las documentales remitidas por la autoridad responsable, sin que haya realizado manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector realizado por la autoridad responsable; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es necesario puntualizar que mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil veinte, dictada por la Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en la que se sobreseyó por una parte y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ROBERTO MARTÍNEZ BARRALES, respecto del acto reclamado a la Secretaria Técnica del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia, y el Director General de Administración de Finanzas, ambos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, consistentes en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el procedimiento administrativo de separación FGE/CPHJ/ST/SEP/05/2019, precitado, y su ejecución, siendo el efecto siguiente: Ahora bien, el efecto del fallo protector es el siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve. 2. Emita uno nuevo, en el que reitere los puntos relativos a la separación del cargo, ya que no fueron materia de concesión del amparo y, determine un mínimo vital a favor del quejoso, hasta en tanto se resuelva en definitiva el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su contra. Esta cantidad deberá ser equivalente al 30 (treinta por ciento) de las percepciones reales del funcionario investigado y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución donde laboraba el servidor público suspendido." En cuatro de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria el presente juicio de amparo, y se requirió a las autoridades responsables, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Así, mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio número FGE/QR/CHJ/CHE/OAI/0419/2020, de diez de septiembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Honor y Justicia, con sede en esta ciudad, con el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en la misiva 6467/2020, remitió copia certificada de los acuerdos de diez de septiembre del año en curso, y de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, así como el oficio FGE/QR/DGAF/CHE/SCH/DN/0109/2020, e informó que el acto relacionado con el fallo dejó de existir, en razón de que de manera retroactiva al uno de enero de dos mil veinte (fecha en que se aplicó la medida cautelar) garantizó al entonces quejoso el 30% de su ingreso real hasta en tanto se dictara resolución en el procedimiento administrativo de separación, no obstante dicho pago se lo cubrió hasta el veintinueve de julio de dos mil veinte, en razón de haber causado baja definitiva por fallecimiento del quejoso Roberto Martínez Barrales, adjuntando copia del acta de defunción. Mediante proveído de esa misma data, se solicitó a la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, copia certificada del acta de defunción del quejoso ROBERTO MARTÍNEZ BARRALES, la cual remitió mediante oficio presentado el veintiocho de octubre del año en curso, con registro 3557, donde se advierte que falleció el veintinueve de julio del presente año. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. "Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Mediante proveído de esa misma data, se dio vista a los autorizados de la parte quejosa con el contenido del oficio FGE/QR/CHJ/CHE/OAI/0419/2020, de diez de septiembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Honor y Justicia, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. Ahora, de constancias se advierte que la autoridad responsable mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho dejó insubsistente el auto de siete de noviembre del año en curso, en el cual se ordenó garantizar a la parte quejosa, el treinta por ciento de su ingreso real hasta en tanto se dicte la resolución administrativa en el procedimiento FGE/CPHJ/ST/SEP/05/2019; sin embargo, al ocurrir el fallecimiento del quejoso el veintinueve de julio del presente año, como lo acreditó con el acta de defunción 06477, de treinta de julio del año en curso, manifestó que dicha medida se dejó sin efectos hasta la fecha del fallecimiento del quejoso. En ese contexto, se deduce que la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos, porque cambió la situación jurídica con motivo del fallecimiento del solicitante de amparo; por tanto, carecería de lógica y sentido práctico, al advertirse que los actos que se determinaron inconstitucionales en el presente amparo, no tienen ejecutividad, en razón de que el acto reclamado en el presente juicio sólo afectaba a su persona, por lo que, la muerte de la parte quejosa pone de manifiesto la imposibilidad material para la adecuación de identidad que debía substanciar la responsable en procedimiento formal y materialmente administrativo. Así como, dichos efectos versan sobre una restitución de derechos, cuyo deceso por parte del quejoso, produce un impedimento material para que la autoridad dé cabal cumplimiento a los extremos de la ejecutoria. De lo que se concluye que no habrá posibilidad para que la sentencia se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no, pues quedó fuera del alcance de la responsable colmar totalmente el fallo constitucional, máxime que los efectos amparadores no podrían ser extensivos a una eventual sucesión, dado que en este juicio no hay derechos reales reclamados. Por tales circunstancias, se declara la imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga a autoridad de cosa juzgada, el proveído de que se acuerde su archivo como asunto concluido y los demás documentos que considere el titular del órgano, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo provéase lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General de que se trata.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el veintinueve de octubre del presente año, el cual en lo conducente dice: Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante el cual remite copia certificada del acta de defunción número 6477 a nombre del quejoso ROBERTO MARTÍNEZ BARRALES, circunstancia de la que se toma debido conocimiento. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado por cuanto a dicha autoridad se refiere. Por otra parte, toda vez que mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por a la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Honor y Justicia, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de los acuerdos de diez de septiembre del año en curso, y de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, así como el oficio FGE/QR/DGAF/CHE/SCH/DN/0109/2020, e informó que el acto relacionado con el fallo dejó de existir, en razón de que de manera retroactiva al uno de enero de dos mil veinte (fecha en que se aplicó la medida cautelar) garantizó al entonces quejoso el 30% de su ingreso real hasta en tanto se dictara resolución en el procedimiento administrativo de separación, no obstante dicho pago se lo cubrió hasta el veintinueve de julio de dos mil veinte, en razón de haber causado baja definitiva por fallecimiento del quejoso Roberto Martínez Barrales. Al respecto, con apoyo en lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales remitidas por la autoridad oficiante, dese vista a los autorizados de la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que en su derecho corresponda. Con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes invocado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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