Roberto Martín Navarro Martínez

Expediente 809/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
809/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Martín Navarro Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al ente responsable Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos aportados, fórmese por separado el tomo I de pruebas con las copias certificadas de las diversas constancias de la causa penal ********************, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. En diverso aspecto, de las documentales aportadas se advierte que en términos de lo previsto por el normativo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo le asiste el carácter de tercero interesado a ********************, en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano de administración de justicia que intervino en el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa planteado en el referido proceso criminal de donde deriva la resolución impugnada. En ese sentido, se reconoce a dicho fiscal el carácter de tercero interesado, por lo que conforme a lo dispuesto por el arábigo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia mediante el oficio que se elabore con motivo de este acuerdo emplácese a dicho representante social al presente juicio constitucional. Con la precisión que tal comunicación deberá contener la inserción de este proveído y de los diversos de trece de octubre y de nueve de noviembre, ambas datas de dos mil veintitrés, dictados en este juicio de amparo, en el que se admitió a trámite el escrito inicial y se señaló la fecha en la que tendrá verificativo la audiencia constitucional, respectivamente, al cual deberán adjuntarse copias fotostáticas simples de la demanda de amparo a fin de que el referido tercero interesado acuda al presente medio extraordinario de defensa a ejercer su derecho de defensa si a su interés conviene. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a la responsable Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca para que en el plazo de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del comunicado que se elabore con motivo de este proveído remita físicamente copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todas las constancias que integran la causa penal ******************** de donde emana el acto reclamado, dado que esas actuaciones son indispensables para resolver este medio extraordinario de defensa y para advertir a qué víctima o víctimas les resulta el carácter de terceros interesados, así como el domicilio o los domicilios en los que podría ordenarse realizar su emplazamiento a este juicio de protección de los derechos fundamentales, porque la información que hasta este momento se obtiene de los instrumentos aportados es insuficiente para advertir de manera fehaciente los aspectos señalados. Se apercibe a la citada autoridad que de no atender la prevención indicada se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $103.74 (cien tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad conforme a lo previsto por el ordinal 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.

  2. Incidental

    RESOLUCIÓN Mediante la que se falla el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 809/2023 promovido por ******************** en contra del acto y la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De los hechos que la parte quejosa manifestó en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto reclamado y del informe previo rendido por la responsable Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca se advierte que el veinticinco de abril de dos mil once, el inconforme fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada en la causa penal ******************** que se le instruye por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y de alevosía perpetrado en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de ********************, que en ese procedimiento criminal se decretó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que en la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en ese procedimiento criminal dicho órgano jurisdiccional declaró improcedente el incidente de revisión de esa medida cautelar y determinó que ésta última debía continuar, por lo que dispuso la secuencia de ese proceso hasta su conclusión y que en la actualidad está privado de su libertad personal, porque se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Varonil, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, en esta entidad federativa. El justiciable estima que la actuación reclamada vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Carta Magna. II. TRÁMITE La demanda de amparo se presentó el nueve de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien la turnó a este Juzgado Federal registrándose bajo el expediente 809/2023. El quejoso ******************** señaló como autoridad responsable y como acto reclamado los siguientes: Del Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca combate: La resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ******************** en la que declaró improcedente el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra y determinó que esa medida debía continuar, por lo que dispuso la secuencia de ese proceso hasta su conclusión. En el proveído de trece de octubre del año en curso, se admitió a trámite el escrito inicial y se ordenó tramitar el incidente de suspensión, donde se concedió la suspensión provisional solicitada respecto del acto impugnado por las consideraciones expuestas en la determinación de esa data dictada en esta incidencia. La audiencia incidental se celebró en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver sobre la suspensión definitiva solicitada conforme a lo dispuesto por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. EXISTENCIA DEL ACTO COMBATIDO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Es cierto el acto reclamado al Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca, porque así lo reconoció en su informe previo, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la certeza de esa actuación. Ahora, es necesario precisar que el quejoso ******************** reclama del órgano jurisdiccional responsable la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ******************** en la que declaró improcedente el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra y determinó que esa medida debía continuar, por lo que dispuso la secuencia de ese proceso hasta su conclusión. Por otro lado, se tiene en cuenta que en el escrito inicial y en el informe previo se indica que el veinticinco de abril de dos mil once, el inconforme fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por esa autoridad judicial en la causa penal ******************** que se le instruye por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y de alevosía perpetrado en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de ********************, que en ese procedimiento criminal se decretó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que en la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en ese procedimiento criminal dicho órgano jurisdiccional declaró improcedente el incidente de revisión de esa medida cautelar y determinó que ésta última debía continuar, por lo que dispuso la secuencia de ese proceso hasta su conclusión y que en la actualidad está privado de su libertad personal, porque se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Varonil, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, en esta entidad federativa. Ahora, el inconforme solicita que se conceda la suspensión definitiva con efectos restitutorios para obtener una tutela anticipada y que se restablezca en el goce de su libertad. Al respecto, este órgano jurisdiccional reitera la decisión adoptada en el acuerdo de trece de octubre del año en curso, en donde se concedió la suspensión provisional, porque aún existen razones similares para otorgar la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. En ese contexto, se tiene en cuenta que cuando el acto reclamado implique una afectación a la libertad ambulatoria del quejoso con motivo de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el ordinal 163 de la Ley de Amparo establece que si la protección constitucional se pide contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 del ordenamiento citado, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento. En ese sentido, la finalidad de la suspensión tanto provisional como la definitiva es asegurar que en el caso de que se niegue el amparo o se sobresea en el juicio constitucional se garantice la presencia del inculpado en el procedimiento penal que se siga en su contra, la cual no podría lograrse si se le permite que con motivo de dicha medida cautelar pueda obtener su libertad y sustraerse a la acción de la justicia, porque ello daría lugar a la imposibilidad material para continuar con el proceso de origen, el cual es de orden público e interés social, por lo que debe substanciarse hasta su resolución, sin que pueda ser paralizado. En este punto, se destaca que el efecto establecido en el numeral 163 de la ley de la materia en cuanto al otorgamiento de la suspensión no constituye una medida que implique una afectación al derecho humano a la libertad personal reconocido por la Constitución Federal, porque conforme a ese precepto el solicitante del amparo no se encontraría interno con motivo de la suspensión otorgada en términos de la aludida norma, sino en virtud de un diverso acto emitido por la autoridad jurisdiccional responsable. Además, el precepto 163 del citado ordenamiento solo establece el efecto de la medida suspensional que se llegue a decretar tratándose de actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal y es el diverso artículo 166, fracción I, de la ley de la materia el que indica el efecto concreto que la suspensión producirá cuando el acto reclamado implique prisión preventiva oficiosa, que es propiamente que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación, disposiciones que en el caso cobran vigencia, dado que mediante la resolución reclamada la autoridad judicial responsable declaró improcedente el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del disidente y determinó que esa medida debía continuar, por lo que dispuso la secuencia de ese proceso hasta su conclusión y esa actuación impugnada afecta la libertad ambulatoria del justiciable en la medida que lo obliga a soportar las consecuencias de tal determinación al continuar vigente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra en la causa penal de origen. Así, se tiene en cuenta que el quejoso ******************** reclama del Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ******************** en la que declaró improcedente el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra y determinó que esa medida debía continuar, por lo que dispuso la secuencia de ese proceso hasta su conclusión; además, que ese procedimiento criminal se le instruye por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y de alevosía perpetrado en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de ********************. En este punto, se precisa que el delito de homicidio calificado está considerado como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo establecido por los numerales 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese contexto, la medida suspensional solicitada solo puede tener los efectos que establecen los numerales 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido por los ordinales 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva solicitada sólo para el efecto de que el justiciable quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiere a su libertad personal en el centro penitenciario en el que se encuentra recluido y a disposición del Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca para la continuación de la causa penal ******************** que se instrumenta en su contra por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y de alevosía perpetrado en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de ********************. Aunado a lo anterior, el sentido de la presente determinación obedece que hasta el momento no se tienen elementos objetivos que permitan establecer que ese acto combatido sea inconstitucional es sí, sino que en todo caso el examen de su regularidad constitucional se hará hasta la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del juicio de amparo de donde deriva este incidente. Por otra parte, con fundamento en el último párrafo del artículo 168 de la Ley de Amparo no se fija garantía para que surta efectos la medida suspensional, toda vez que ésta únicamente tiene los efectos a que se refieren los numerales 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia ejecutoriada que se llegue a dictar en el juicio de amparo de donde emana este incidente de suspensión. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ******************** respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado IV de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte lo siguiente: a) el oficio 20488/2023 dirigido a la responsable Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que actualmente se denomina Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca que contiene la inserción del auto admisorio de trece de octubre del año en curso, mediante el cual se emplazó a dicha autoridad a este juicio constitucional y se requirió su informe justificado fue entregado a su destinataria el ocho de noviembre de la presente anualidad; y, b) la información anterior se constató al consultar la liga de la página de Internet de la empresa de mensajería acelerada "********************" siguiente https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo que arroja la fecha indicada como aquella en la que se realizó la entrega del citado comunicado, relativo a la correspondencia registrada con el código de rastreo ********************y la guía ********************, circunstancia que se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena glosar al expediente en el que se actúa una impresión del documento electrónico en donde consta el dato indicado que aparece en la página de Internet señalada para obre como constancia. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis I.3o.C.35 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que informa: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Por otro lado, con base en la información anterior se advierte que transcurre el plazo de quince días previsto por el ordinal 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que actualmente se denomina Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca rinda su informe justificado, por lo que esa situación impide la celebración de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración a las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte lo siguiente: a) el oficio 20444/2023 dirigido a la autoridad responsable Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que actualmente se denomina Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca, que contiene la inserción del auto inicial de trece de octubre del año en curso, dictado en este incidente de suspensión, al cual se adjuntó un ejemplar de la demanda de amparo no se ha entregado a su destinataria aun cuando se encuentra en proceso de entrega desde el dieciocho de octubre pasado; y, b) la información anterior se constató al consultar la liga de la página de Internet de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA" siguiente: https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo que arroja los datos precisados, relativa a la correspondencia registrada con el código de rastreo 0578861368, con la guía 401501554824A508509165, circunstancia que se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena glosar al expediente en el que se actúa una impresión del documento electrónico en donde constan los datos indicados que aparecen en la página de Internet señalada. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis I.3o.C.35 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que informa: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese contexto, a efecto de evitar mayores dilaciones, gírese un nuevo comunicado con la inserción de este proveído y del diverso de trece de octubre de dos mil veintitrés, a la autoridad responsable Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que actualmente se denomina Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca, el cual deberá notificarse por la vía más eficaz, con la precisión de que a esa misiva deberá adjuntarse copia fotostática simple del escrito inicial para que dicha entidad pública tenga conocimiento de las resoluciones judiciales indicadas y esté en aptitud de rendir el informe previo requerido. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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