Roberto Marcelo Reyna Alcantara
Expediente 151/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Roberto Marcelo Reyna Alcantara
Actuaciones
- Principal
ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción IIdel Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supl toria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, ha quedado firme
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ***********, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, concede en esta ciudad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 151/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. De la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por su parte, el dispositivo en que se funda la causa actualizada establece que será improcedente el juicio de amparo indirecto contra los actos en los que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de anularlo, revocarlo o modificarlo, es decir, implica que previo al ejercicio de la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado, para cumplir el principio de definitividad del juicio de amparo. Dicho principio que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir insubsistencia del acto que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Así, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se vislumbra el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo biistancial, pues de considerarse lo contario el amparo se convertiría en un recurso ordinario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Séptima Época, registro 257209, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 12, Sexta Parte, página 37, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN MPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De tal modo, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia mencionada, toda vez que de la lectura del escrito inicial de demanda, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".reclamo la ilegal notificación de la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio agrario 319/2018." En ese sentido, una vez precisado lo anterior, se conoce que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo, ya que de estimar ilegal la notificación realizada en autos del juicio agrario de origen, es susceptible de ser impugnada a través del incidente de nulidad de notificaciones en términos del artículo 319, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, cuyo texto se transcribe: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." De acuerdo a lo que establece el artículo en comento, el promovente debió seguir las reglas establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, y plantear la nulidad de la notificación reclamada, pues de acuerdo a la interpretación del artículo 319 del Código referido, el citado incidente resulta procedente respecto del acto reclamado en la presente demanda de amparo, ya que con la interposición de ese medio ordinario de defensa pudo obtener la anulación, modificación o revocación de los actos reclamados, y al no haber agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de amparo, se concluye que el acto reclamado carece de definitividad, actualizándose, por tanto la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto es así, en virtud que de las manifestaciones realizadas por el quejoso, se advierte es parte demandada en autos del juicio de origen, además, no comparece a este juicio como tercero extraño a juicio por equiparación. Así, ante el reconocimiento del propio agraviado de ser parte contendiente dentro del juicio origen, entonces resulta claro que no podría equipararse a persona extraña a juicio, ya que solo tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio de origen o quienes siendo parte, la falta de emplazamiento o la inexistencia del mismo le impidieron conocer la existencia del juicio seguido en su contra, por tanto, al ser parte de la referida Litis, estaba legitimado para reclamar dicha medida mediante el recurso ordinario, pues no se ubica en tales hipótesis. En ese sentido, la circunstancia de que el acto reclamado pudiera incidir en la afectación de derechos sustantivos de la parte quejosa, no constituye una excepción al principio de definitividad, pues se trata de presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. A lo anterior se añade que si bien el acto reclamado puede ocasionar un gravamen irreparable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que aun tratándose de actos reclamados que puedan revestir el carácter de irreparables, es necesario que, previo a la promoción del juicio constitucional, se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio. Por lo que por mayoría de razón tal criterio es aplicable cuando al acto no le reviste la calidad de irreparable. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, la parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraño dentro del juicio de origen. Tiene aplicación al caso, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, dadas las circunstancias extraordinarias decretadas a efecto de atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, se ordena hacer del conocimiento los autos que surjan en el presente asunto a la parte quejosa a través de los correos electrónicos que proporciona. También, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere a las personas señaladas en el libelo de cuenta, en atención a que se trata de un asunto en materia agraria, y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y para los efectos de oír y recibir notificaciones a las personas propuestas. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten de la tramitación del expediente en físico, hacia la actuación electrónica, de modo que el presente juicio de amparo puede continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se puede acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o cuente con firma electrónica vigente (FIEL o FIREL), se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado de Distrito por medio de escrito electrónico, y además, se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente, se informa que, a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar acudir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, ha puesto a disposición del público en general una aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "firma electrónica" y acceder desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien, iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, para lo cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). También se informa que para obtener directamente el nombre de usuario bajo el cual deberá solicitarse la consulta del expediente electrónico y la autorización para la práctica de notificaciones vía electrónica, puede realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 1°, 3°, 8°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1°, 34, 35, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Por último, con apoyo en el artículo 3º, de la Ley de Amparo, se ordena registrar la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: AGRARIA. DESECHA DEFINITIVIDAD. Notifíquese personalmente, privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas disponibles y, en su caso, observando estrictamente las medidas de higiene y salud contempladas en los protocolos del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo acordó el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la Secretaria Isela Jayme Salas, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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