Roberto Maguirre Castillejos
Expediente 1406/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1406/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Maguirre Castillejos
Actuaciones
- Principal
"... Agréguese el oficio firmado electrónicamente, procedente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); a través del cual acusa recibo del diverso, con el que se le remitió la demanda de amparo promovida por ******, e informa que se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número de juicio de amparo 1299/2021-IV. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido; se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, en términos del artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y otras autoridades responsables. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1406/2021. Incompetencia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama destacadamente la omisión de vigilar, obligar a las autoridades condenadas, y agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, e interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento con fecha de notificación por Boletín Jurisdiccional de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en el juicio contencioso administrativo federal 2360/19-PC3-5, del índice de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En efecto, los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios siguientes: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. (.) COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. (.) La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. Ahora, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2018, detalló que los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Señaló que en el supuesto sometido a examen, la no emisión de sentencia en un proceso tenía naturaleza jurídica de omisión, pues no se cumplía con una obligación determinada, la cual se constituye, a su vez, como una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, previsto en el numeral 17 constitucional, siendo que al tenor del derecho de acceso a la justicia, se busca que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. Con base en lo anterior, definió que el no actuar trae aparejada una ejecución material, en la medida que, con la omisión del juez de dictar sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Sostuvo que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Esto último al ser una cuestión accidental, por lo que el conocimiento de la demanda en este tipo de asuntos corresponde al juez que ejerza su jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto aquel órgano jurisdiccional que ha omitido dictar la determinación correspondiente. Consideraciones que dieron origen, a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "MISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). (.) En el presente caso, la parte quejosa en vulneración a su derecho fundamental de administración pronta y expedita de justicia tutelado por el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, combate la omisión de vigilar, obligar a las autoridades condenadas, y agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, e interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento con fecha de notificación por Boletín Jurisdiccional de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en el juicio contencioso administrativo federal 2360/19-PC3-5, del índice de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ahí que, se estime que al combatirse una afectación al derecho de tutela judicial, la cual se desenvuelve en varios sectores, que constituyen sus principios, entre ellos, el derecho a la plena ejecución de las resoluciones que dicten los órganos que impartan justicia, que consiste en que el sujeto a quien se obligue cumplir una sentencia no puede eximirse de tal situación. Es claro que la omisión impugnada se trata de un acto omisivo con efectos positivos con impacto en el lugar de la autoridad ordenadora que ha omitido vigilar el cumplimiento de la sentencia de conocimiento. Ello, pues no se han efectuado las acciones necesarias para lograr el acatamiento de la sentencia definitiva e interlocutoria de queja en el juicio administrativo con el número de expediente 2360/19-PC3-5, del índice de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lugar donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa con motivo de la omisión impugnada, y que deriva de un deber constitucional al que se encuentra obligada. Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto combatido. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 764, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, dela Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. (.) De ahí, que debe atenderse al lugar en que tendrá ejecución la aplicación del rubro impugnado, a saber, el que la autoridad ha sido omisa en dar cumplimiento a la sentencia definitiva e interlocutoria de queja en el juicio administrativo con el número de expediente 2360/19-PC3-5, del índice de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y como dicha autoridad responsable en el presente expediente se ubica en la circunscripción territorial del Estado de México; por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde pueda materializarse el acto reclamado, dado que resulta incuestionable que conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control de regularidad constitucional carece de competencia por razón de territorio para continuar conociendo de la demanda de amparo en cuestión. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de México, con residencia en Toluca, en turno, conocer de los juicios de amparo que tendrán ejecución en dicho territorio, donde se ejecutará el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, se dispone remitir la presente demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de México, con residencia en Toluca, para que por su conducto se turne al Juez de Distrito que corresponda, a quien se estima competente para conocer del presente asunto, por razón de territorio. Se solicita acuse de recibo correspondiente. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del presente juicio para debida constancia. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado con las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Benítez Toledo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así a Ana Rosa García Sandoval y Norma Angélica García Sandoval, a quienes únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones. Tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; con independencia de lo anterior, se tiene a la parte quejosa señalando los correos electrónicos pensionesoaxaca2021@hotmail.com, juiciospensiones2021@hotmail.com, pensionesmerida2021@gmail.com, para oír y recibir notificaciones. Medios electrónicos. Ahora, en atención a la solicitud de permitirle el empleo de medios electrónicos; dígasele que toda vez que es parte en el presente juicio, se autoriza su uso. En el entendido que las reproducciones que se obtengan a través de medios electrónicos no tendrán validez de documento público, conforme con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consulta y notificación electrónica Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario "jatoledo" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en tal virtud, se le autoriza los referidos usuarios, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es así, habida cuenta que conforme al numeral 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa, a través del usuario proporcionado, por así solicitarlo expresamente. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia. Finalmente, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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