Roberto Lozano Rubio
Expediente 537/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/02/2023
Partes del expediente
- Roberto Lozano Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que mediante determinación de trece de febrero de dos mil veintitrés, se realizó una nueva valoración respecto del destino del cuaderno original del incidente de suspensión, ordenándose su destrucción, de conformidad con el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el pleno del consejo el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Por otra parte, vista la consulta recibida el veinte de febrero de dos mil veintitrés, remitida vía correo institucional por la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal relativa a la aplicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, quien determinó, que de conformidad con el artículo cuarto transitorio de dicho acuerdo, "los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo General de 25 de marzo de 2020, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental", esto es, con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, atendiendo a que el destino del cuaderno original del incidente de suspensión debe determinarse conforme a la normativa aplicable al momento de su valoración, con apoyo en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento para el efecto de que prevalezca la evaluación realizada en auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por lo que, con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo del acuerdo general conjunto, procédase a su depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio en los términos precisados en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia Federal no ampara ni protege a********************y********************ambas sociedades anónimas de capital variable, por los actos y motivos expresados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese, personalmente a las quejosas.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con folio 27955, remitido por el director general de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual remite la constancia de la que se advierte el cumplimiento a la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo que lo acompaña, dese vista a la quejosa y requiérasele, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo exhibido por la autoridad oficiante, lo anterior para que este juzgado de Distrito se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese, y vía electrónica a la quejosa con copia del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós y su anexo.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado actual de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes a quien pudiera causarle perjuicio, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Ahora bien, cabe precisar que en la sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión en los siguientes términos: (.) "Así, lo expuesto con antelación, conlleva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." (.)" REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Atendiendo a los efectos de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: Informe si a la quejosa Combustibles del Sureste, sociedad anónima de capital variable, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Todo lo anterior, en el entendido de que: Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues, de lo contrario, se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, a la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se le apercibe que se realizará lo siguiente: Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Finalmente, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto, infórmese al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, que el registro federal de contribuyentes de la quejosa respecto de quien debe acatar el fallo protector, es el siguiente: QUEJOSA RFC ******** Notifíquese, personalmente a la quejosa.
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