Roberto Lopez Villanueva
Expediente 947/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Roberto Lopez Villanueva
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de diez de septiembre del presente año, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial
- Principal
MESA III.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: Ciudad Madero, Tamaulipas, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo formulada por Pedro Gustavo Carrillo Castillo, en su carácter de apoderado legal de Roberto López Villanueva, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Tampico, Tamaulipas; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 947/2019-VI-A. PERSONALIDAD Con fundamento en el artículo 11, de la Ley de Amparo, la personalidad jurídica del apoderado legal de Roberto López Villanueva, para efectos de este juicio, se tiene por acreditada al tenor de las documentales que anexa a su escrito de cuenta. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es : DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD , se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de dictar la resolución incidental de competencia dentro del expediente laboral 215/2019, respecto de la audiencia celebrada el dos de septiembre de dos mil diecinueve. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. En ese sentido, en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, a su vez en concatenación con las Jurisprudencias con números de registro 2011580 y 2019400. Ahora bien, las normas jurídicas de fuente legislativa aludidas en el párrafo anterior, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." [.] De lo anterior, se advierte que la última fracción del artículo 61 citado, no establece un motivo concreto de improcedencia, pues requiere complementarse con otra norma jurídica, ya sea de fuente legislativa o de fuente jurisprudencial -lo que sucede con la fracción X del numeral 107 de la Ley de Amparo y con las Jurisprudencias con números de registro 2011580 y 2019400-. En ese contexto, en relación a la causal de improcedencia, conviene invocar la siguiente Jurisprudencia de rubro siguiente : DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. Del análisis de lo expuesto, tenemos que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose como tal, aquellos que son susceptibles de afectar directa o indirectamente derechos sustantivos, los cuales consisten en los bienes que se identifican con la vida, tales como los patrimoniales que surgen de las relaciones de la familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, entre otros; a diferencia de los denominados adjetivos, que son reglas para obtener del Estado la garantía del goce de aquellos bienes de la vida, pues tales derechos no tienen por sí mismos objeto propio de ejercicio. De ahí que las violaciones procesales no pueden impugnarse vía amparo indirecto, pues depende de que su violación llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, y es cuando éstas deben ser combatidas mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o auto que ponga fin al juicio. Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como último medio de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la siguiente norma jurídica jurisprudencial, de rubro : AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Derivado de la anterior Jurisprudencia, se estableció, como regla general, la notoria improcedencia del juicio de amparo en contra de omisiones para acordar alguna promoción o algún acuerdo que repercuta en la prosecución del juicio de origen, a menos que del contenido de la demanda de amparo, se advirtiera una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso el controvertido constitucional sería procedente. Bajo ese contexto, en la actividad jurisdiccional, quedó a criterio de los Juzgadores lo que debía entenderse por "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total"; sin embargo, a partir del cuatro de marzo del presente año, se considera de aplicación obligatoria, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro que se cita : AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. En tal virtud, queda de manifiesto que el Máximo Tribunal del país, en concreto su Segunda Sala, estableció que se actualiza la excepción referida en párrafos precedentes, esto es, la abierta dilación del procedimiento, cuando transcurran 45 días de calendario, contados desde el fenecimiento del plazo en el que se debió dictar el acto procesal cuya omisión se reclama. En ese orden de ideas, el promovente reclama la omisión de dictar la resolución incidental de competencia dentro del expediente laboral 2152019, respecto de la audiencia celebrada el dos de septiembre del año en curso, de lo cual este juzgado no advierte una dilación en el procedimiento o su paralización total. Para ello se trae a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 294, en la cual consideró lo siguiente: ".a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia número 2a./J 33/2019 (10a), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. En razón de lo antes expuesto, a la fecha existe criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuanto transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Luego, la omisión de que se duele la parte quejosa en el juicio laboral 215/2019, no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter de adjetivo pues no existe una dilación de procedimiento. Esto es así, ya que según señala la parte quejosa en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el dos de septiembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental de competencia, respecto de la cual la Junta no ha emitido la resolución correspondiente; sin embargo, al nueve de septiembre de este año, que es la fecha de presentación de la demanda de amparo, solamente han transcurrido seis días naturales, sin contar el plazo previsto por el artículo 703, de la Ley Federal del Trabajo, que tenía la Junta para resolver; por tanto, aun cuando existe la omisión de dictar la resolución correspondiente por parte de la Junta, dicha circunstancia no se puede estimar como una dilación excesiva, pues el lapso transcurrido entre esas fechas, acorde a lo establecido por el Alto Tribunal del país, no se considera que se haya paralizado totalmente el juicio o exista una abierta dilación del mismo, y por ende, violación al artículo 17 Constitucional. De lo expuesto con anterioridad, se advierte que no se surte el supuesto de que el acto reclamado resulte de imposible reparación, si se tiene en cuenta que dicho acto reclamado sólo tiene efectos adjetivos, pues no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa al quejoso, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que dicha afectación no se produce en forma independiente, sino dentro de un procedimiento en el que la parte quejosa es parte, sin que este órgano de control constitucional advierta de la demanda de garantías que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Pedro Gustavo Carrillo Castillo, en su carácter de apoderado legal de Roberto López Villanueva. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a la persona que señala en el escrito de demanda, dado que se trata de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente asunto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.
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