Roberto Lopez Moreno
Expediente 367/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Roberto Lopez Moreno
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de treinta de mayo del año en curso, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, treinta de mayo de dos mil diecinueve. I. Se tiene por no presentada la demanda. Vista la constancia de notificación levantada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado de Distrito, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que la directa quejosa Alma Raquel Ramos García, no ratifica la demanda de amparo promovida a su favor por Roberto López Moreno. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintinueve de mayo del presente año; se tiene por no presentada la demanda de amparo, conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta de mayo de dos mil diecinueve. I. Se tiene por no presentada la demanda. Vista la constancia de notificación levantada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado de Distrito, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que la directa quejosa Alma Raquel Ramos García, no ratifica la demanda de amparo promovida a su favor por Roberto López Moreno. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintinueve de mayo del presente año; se tiene por no presentada la demanda de amparo, conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo y escrito de ampliación presentados por Roberto López Moreno, en favor de Alma Raquel Ramos García, contra los actos de las autoridades denominadas: Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, con asiento en esta ciudad. Comandante o Jefe de la Partida de la base 38 de la Policía Ministerial, cuya denominación correcta es Comandante de Policía de Investigación del Estado, con residencia en esta ciudad. Vicefiscal de la Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad. Director del Centro Penitenciario "El Castillo", con sede en esta ciudad. Creación del expediente Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 367/2019 e intégrese expediente electrónico. Suspensión de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que se reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, tortura y malos tratos, de que se dice es objeto la directa quejosa Alma Raquel Ramos García. Ahora bien, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, para los siguientes efectos: Cesen de inmediato la incomunicación, tortura y malos tratos de que se dice es objeto la directa quejosa Alma Raquel Ramos García. Cese cualquier acto degradante de la dignidad humana e imagen de la persona privada de su libertad. En cuanto a la privación ilegal de la libertad, fuera de procedimiento, que señala la quejosa es objeto, por encontrarse dentro de las conductas establecidas por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para los efectos siguientes: Si la detención de la quejosa fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede para el efecto que sin dilación alguna sea puesta a disposición del Ministerio Público, y éste determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo sexto del artículo 16 constitucional lo permite, o bien, su consignación ante el juez correspondiente. Si la detención de la quejosa no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesta en libertad. Si la detención de la quejosa es con motivo de una falta administrativa, la suspensión se concede para efectos de que la autoridad administrativa competente fije la multa correspondiente que se deba cubrir, para que esté en posibilidad de obtener su libertad personal. Si la detención de la quejosa es en cumplimiento a una orden de detención, la suspensión se concede para efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o consignada ante el juez penal correspondiente, según sea el caso. Si la quejosa se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición; asimismo, en caso distinto de los mencionados en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la quejosa, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o consignada al Juez correspondiente. En el entendido, que en caso, de que no se localice a la agraviada Alma Raquel Ramos García, se considerará la desaparición forzada de personas y se proveerá en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas informen a este juzgado, la forma y términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias que integren el expediente de origen; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo. IV. Diligencia judicial. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente señala en la demanda que la directa quejosa Alma Raquel Ramos García, se encuentra en las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, cuya denominación correcta es Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en dicho lugar, una vez que la localice, la requiera para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efecto el presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor; apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Materia y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. Asimismo, en caso de que fedatario público no encuentre a la directa agraviada en las instalaciones de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, deberá trasladarse al Centro Penitenciario "El Castillo", con sede en esta ciudad, a realizar la búsqueda encomendada; lo anterior toda vez que del escrito de ampliación de demanda, el promovente de amparo señaló que tuvo conocimiento extraoficial de que la quejosa Alma Raquel Ramos García fue trasladada a ese lugar. De igual forma, se le autoriza para que, en caso de no encontrar a la quejosa en las citadas dependencias y tenga conocimiento por cualquier medio diverso lugar en el que pueda encontrarse se traslade al mismo y lleve a cabo la diligencia encomendada, sin previo acuerdo. En el entendido que deberá dar fe de la integridad física y de las condiciones en que se encuentra la agraviada Alma Raquel Ramos García; de igual manera, se ordena al actuario de la adscripción para que cuestione a la directa agraviada si ha sido objeto de incomunicación, tortura y malos tratos o si se encuentra en una situación que afecte su integridad física o sujeta a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en mutilación, marca, azotes, palos o tormentos de cualquier especie. De igual manera, ordenar, sin necesidad de acuerdo previo, a la autoridad que la tenga a su disposición, en caso de presentar lesiones o tener conocimiento de su provocación, con el carácter de urgente la asistencia médica que requiera la persona detenida, quien realizará las certificaciones médicas pertinentes. V. Orden de acceso para inspección. Se ordena a las autoridades responsables, así como a las personas subordinadas a ésta y a quienes se encuentren de guardia, para que permitan al Actuario Judicial adscrito el acceso a las instalaciones del lugar en que se encuentran detenidos los directos quejosos, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con apercibimiento que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que dice: "JUEZ DE DISTRITO, OBLIGACIÓN DEL, PARA QUE NO QUEDEN PARALIZADOS LOS JUICIOS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 Y 209 DE LA LEY DE AMPARO. Una recta interpretación de los artículos 157 y 209 de la Ley de Amparo, permite establecer que los órganos de control constitucional de primer grado tienen la obligación de cuidar por todos los medios a su alcance que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando el acto combatido atenta contra la libertad de las personas; de tal manera que las autoridades responsables que se resistan a dar cumplimiento a sus mandatos y órdenes pueden incurrir en conductas delictivas reguladas por el Código Penal Federal y, en tales hipótesis, puede y debe dar vista al fiscal federal de su adscripción para que proceda con arreglo a sus atribuciones". (Novena Época; Registro: 202122; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Materia(s): Común; Tesis: XIX.1o.2 K; Página: 859). VI. Domicilio y autorizado. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; así como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Cristerna Peraza, mas no así José Roberto Ramírez Zamora, Juan Alberto Cristerna Páez e Ildefonso Cristerna Peraza, a quien se tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, en razón de que, como se advierte de la certificación de cuenta, no tienen registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. VII. Incidente de suspensión. En lo que respecta a la tramitación del incidente de suspensión respecto de la "orden de aprehensión o detención", emitida por la autoridad judicial, este órgano jurisdiccional se reserva a proveer lo relativo hasta en tanto la directa agraviada manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. IX. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley.
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