Roberto López Maya
Expediente 200/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 04/07/2016
Partes del expediente
- Roberto López Maya
- ARMANDO DIAZ LEAL TORRES y Otros.
- Armando Diaz Leal Torres
- Jorge Díaz Leal Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1", en suplencia de la Administradora, a través del cual informa que la sanción impuesta a *******, quedó registrada en el Sistema Modelo de Administración Tributaria, con resolución determinante 922-II, con el fin de llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito queda debidamente enterado de dicha circunstancia, para los efectos legales conducentes.
- Principal
ii.-Cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de trece de junio del año en curso (foja 163), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, por lo que este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. Análisis de las constancias que obran en autos. Roberto López Maya, por derecho propio, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Señalo como Autoridades Responsables en su carácter de Ordenadoras: 1.- C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en calle Morelos Oriente número 1300, Colonia San Sebastián en Toluca, México. 2.- C. SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en calle Morelos Oriente número 1300, Colonia San Sebastián en Toluca, México. b).- Señalo como autoridades en su carácter de Ejecutora. 1.- C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, ADSCRITO AL PRIMER TURNO DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en carretera Toluca, Tenango del Valle Kilómetro 21.100. (sic)" "IV. ACTO RECLADO.- Reclamo del C. Subprocurador Regional del Valle de Toluca, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por sí y como representante de la Institución del Ministerio Público de Tenango del Valle, Estado de México, adscrito al primer número, el deliberado SILENCIO, TARDANZA Y OMISIÓN, para determinar la carpeta de investigación número 120120380032214 instaurada en contra de JORGE DÍAZ LEAL TORRES, MIGUEL DÍAZ LEAL TORRES, MIGUEL LEAL VALDEZ, ARMANDO DÍAZ LEAL TORRES, MARTÍN DÍAZ LEAL TORRES, por la comisión de los delitos de despojo y daño en los bienes, ya que la Responsable a la fecha ha omitido determinar que existen elementos suficientes que acreditan el despojo y el daño en los bienes, cometidos en contra del suscrito, por lo que tomando en consideración que la denuncia inició en fecha 10 de marzo del año dos mil catorce, no es posible que a la fecha no exista determinación alguna de dicha denuncia, transcurriendo casi dos años de iniciada la misma, además de que si se realiza un estudio minucioso de las constancias que integran mi denuncia, existen elementos suficientes que acreditan la Responsabilidad penal en contra de los presuntos, ya que independientemente de que hayan manifestado que el inmueble que tenía en posesión antes de ser despojado del mismo, le pertenecía a la Señora Dolores Torres Mendoza, situación que es falsa, ya que independientemente de la propiedad del inmueble motivo del presente juicio, el despojo tutela la posesión y no la propiedad permitiéndome transcribir el siguiente criterio jurisprudencial:.. [se transcribe] (sic)." Trámite del juicio. Por razón de turno, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, conoció de la demanda en cuestión; el dieciséis de febrero del año en curso la registró con el número 200/2016-II, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y, señaló día y hora para la audiencia constitucional. Sentencia. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 108 a 125), se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Agente del Ministerio Publico adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, en un plazo razonable, dentro de la carpeta de investigación 120120380032214, debería: 1. Con libertad de jurisdicción, emitir un acuerdo en que señalara de manera clara y precisa los datos de prueba que han ofrecido las partes y que faltan por desahogar, asimismo, determinara si son o no necesarios para la integración de la carpeta, así como las que considere necesarios para el logro de la investigación, es decir, para emitir resolución sobre ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o alguna otra determinación con la que deba culminarse la investigación; 2. En caso de que considerara que faltaban datos de prueba por desahogar (ya sea ofrecidos por las partes o que la autoridad considerara necesarios de oficio), debería ordenar la práctica de todas aquellas diligencias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, debiendo emitir los acuerdos, oficios y citaciones correspondientes para su logro, con las formalidades del caso, y con los apercibimientos de ley, así como vigilar el exacto cumplimiento de sus disposiciones, debiendo tomar en consideración que conforme a su agenda de labores, debería designar una fecha para el desahogo de tal diligencia, en corto plazo, no mayor de treinta días, hecho lo anterior, resolver sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o sobre el dictado de cualquier otra determinación, con la que deba darse por concluida la investigación. 3. Caso contrario, esto es, de considerarse innecesario el desahogo de diversos datos de prueba de los que ya obran en la carpeta de investigación, de inmediato determinara si es procedente o no el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o sobre el dictado de cualquier otra determinación, con la que debería darse por concluida la investigación. En la inteligencia que el plazo fijado en el referido segundo efecto de la resolución, es el que se considera prudente en el caso concreto, luego de que la responsable ha mantenido abierta la integración de la indagatoria, contados desde la fecha de su radicación; plazo que además ha sido fijado de manera discrecional, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. Ejecutoria. El dos de junio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 136 a 138). Forma en que la autoridad dio cumplimiento. Por oficio recibido el diez de junio de dos mil dieciséis (foja 144), el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, remitió copia certificada del proveído que emitió el ocho de junio del año en curso, en la carpeta de investigación 120120380032214, del cual se advierte analizó los datos de prueba existentes, mencionando cada uno de ellos. Asimismo, de dicho proveído se colige que el representante social, precisó lo siguiente: La carpeta de investigación fue iniciada el diez de marzo de dos mil catorce, mediante querella presentada por Roberto López Maya, por el delito de despojo, cometido en su agravio y en contra de Jorge, Miguel, Armando y Martín, todos de apellidos Díaz Leal Torres, así como de Miguel Díaz Leal Valdés. Dolores Torres Mendoza, en entrevista recabada el ocho de diciembre de dos mil catorce, manifestó que celebró contrato de compraventa con Mayolo Carmona Jaimes. Que existe el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, relativo al interdicto de retener la posesión, promovido por Dolores Torres Mendoza en contra de Roberto López Maya, mediante la cual la parte actora reclama la declaración judicial en el sentido de que tiene derecho a la posesión material y jurídica sobre el inmueble que es materia de la carpeta de investigación en comento. El denunciare Roberto López Maya, refiere ser propietario y poseedor del inmueble del cual adujó ser despojado; asimismo, los indiciados y su testigo Dolores Torres Mendoza, de igual forma se ostentan como poseedores del citado inmueble. Concluyendo que considerando los puntos anteriores, era necesario establecer la calidad con que cada una de las partes se ostentaba, para determinar si existe despojo o no por parte de los indiciados o se cumplía el requisito de procedibilidad que establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, situación que estaba siendo ventilada en el expediente 380/2014. Motivo por el cual el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, acordó lo siguiente: "(.) Suspender la presente investigación hasta en tanto se resuelva el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, relativo al Interdicto de retener la posesión, promovido por DOLORES TORRES MENDOZA, en contra de ROBERTO LÓPEZ MAYA y otro.(.)" Vista con informes. Con lo anterior, por auto de trece de junio de dos mil dieciséis (foja 163), se dio vista las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Análisis del cumplimiento. Establecido el cuadro procesal, se procede al análisis del cumplimiento de la sentencia. El artículo 196, de la Ley de amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; el suscrito procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por la responsable de la contienda natural. De la comparación de los efectos de la concesión del amparo con las constancias remitidas por la autoridad responsable, en lo que interesa, se advierte: EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORÍA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA "(.)el Agente del Ministerio Publico adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, en un plazo razonable, dentro de la carpeta de investigación 120120380032214, debería: 1. Con libertad de jurisdicción, emitir un acuerdo en que señalara de manera clara y precisa los datos de prueba que han ofrecido las partes y que faltan por desahogar, asimismo, determinara si son o no necesarios para la integración de la carpeta, así como las que considere necesarios para el logro de la investigación, es decir, para emitir resolución sobre ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o alguna otra determinación con la que deba culminarse la investigación; 2. En caso de que considerara que faltaban datos de prueba por desahogar (ya sea ofrecidos por las partes o que la autoridad considerara necesarios de oficio), debería ordenar la práctica de todas aquellas diligencias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, debiendo emitir los acuerdos, oficios y citaciones correspondientes para su logro, con las formalidades del caso, y con los apercibimientos de ley, así como vigilar el exacto cumplimiento de sus disposiciones, debiendo tomar en consideración que conforme a su agenda de labores, debería designar una fecha para el desahogo de tal diligencia, en corto plazo, no mayor de treinta días, hecho lo anterior, resolver sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o sobre el dictado de cualquier otra determinación, con la que deba darse por concluida la investigación. 3. Caso contrario, esto es, de considerarse innecesario el desahogo de diversos datos de prueba de los que ya obran en la carpeta de investigación, de inmediato determinara si es procedente o no el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o sobre el dictado de cualquier otra determinación, con la que debería darse por concluida la investigación. En la inteligencia que el plazo fijado en el referido segundo efecto de la resolución, es el que se considera prudente en el caso concreto, luego de que la responsable ha mantenido abierta la integración de la indagatoria, contados desde la fecha de su radicación; plazo que además ha sido fijado de manera discrecional, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. (.)" Por oficio recibido el diez de junio de dos mil dieciséis (foja 144), el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, remitió copia certificada del proveído que emitió el ocho de junio del año en curso, en la carpeta de investigación 120120380032214, del cual se advierte analizó los datos de prueba existentes, mencionando cada uno de ellos. Asimismo, de dicho proveído se colige que el representante social, precisó lo siguiente: La carpeta de investigación fue iniciada el diez de marzo de dos mil catorce, mediante querella presentada por Roberto López Maya, por el delito de despojo, cometido en su agravio y en contra de Jorge, Miguel, Armando y Martín, todos de apellidos Díaz Leal Torres, así como de Miguel Díaz Leal Valdés. Dolores Torres Mendoza, en entrevista recabada el ocho de diciembre de dos mil catorce, manifestó que celebró contrato de compraventa con Mayolo Carmona Jaimes. Que existe el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, relativo al interdicto de retener la posesión, promovido por Dolores Torres Mendoza en contra de Roberto López Maya, mediante la cual la parte actora reclama la declaración judicial en el sentido de que tiene derecho a la posesión material y jurídica sobre el inmueble que es materia de la carpeta de investigación en comento. El denunciare Roberto López Maya, refiere ser propietario y poseedor del inmueble del cual adujó ser despojado; asimismo, lo indiciados y su testigo Dolores Torres Mendoza, de igual forma se ostentan como poseedores del citado inmueble. Concluyendo que considerando los puntos anteriores, era necesario establecer la calidad con que cada una de las partes se ostentaba, para determinar si existe despojo o no por parte de los indiciados o se cumplía el requisito de procedibilidad que establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, situación que estaba siendo ventilada en el expediente 380/2014. Motivo por el cual el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, acordó lo siguiente: "(.) Suspender la presente investigación hasta en tanto se resuelva el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, relativo al Interdicto de retener la posesión, promovido por DOLORES TORRES MENDOZA, en contra de ROBERTO LÓPEZ MAYA y otro.(.)" De la comparación de los efectos de la concesión del amparo con las constancias remitidas por la responsable, se advierte que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, pues la autoridad responsable por auto de ocho de junio del año en curso, dictado en la carpeta de investigación 120120380032214, analizó los datos de prueba existentes por las partes y determinó que era procedente suspender la investigación hasta en tanto se resolviera el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, relativo al Interdicto de retener la posesión, promovido por Dolores Torres Mendoza, en contra de Roberto López Maya y otro, por los motivos expuestos en el mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto, debido a que de las constancias que obran en autos, se advierte que los efectos de la sentencia fueron cumplidos. Lo anterior, sin que pase desapercibido que por escrito presentado el dieciséis de junio del año en curso (foja 166), los terceros interesados Miguel Ángel, Jorge, Armando y Martín, todos de apellidos Díaz Leal Torres, hayan manifestado que estaban inconformes con la determinación de la autoridad responsable, dado que no existían elementos para acreditar el delito que se le imputa y si los suficientes para determinar el no ejercicio de la acción penal. Tampoco para desapercibido el contenido del escrito recibido el diecisiete de junio pasado (fojas 171 a 176), por medio del cual el quejoso Roberto López Maya, indicó que estaba inconforme con el cumplimiento dado por la responsable, en virtud de que el delito de despojo se lo atribuye a Miguel Ángel, Jorge, Armando y Martín, todos de apellidos Díaz Leal Torres, quienes no son propietarios ni poseedores el inmueble que defiende, y Dolores Torres Mendoza, solo es testigo dentro de la carpeta de investigación de la cual derivan los actos reclamados y el hecho de que exista un juicio civil no es motivo para suspender la investigación. Pues debe decirse que como se indicó anteriormente el agente del ministerio Público responsable el ocho de junio del año en curso, analizó los datos de prueba existentes y consideró que era necesario establecer la calidad con que cada una de las partes se ostentaba, para determinar si existía despojo o no por parte de los indiciados o establecer si se cumplía el requisito de procedibilidad que establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, situación que estaba siendo ventilada en el expediente 380/2014, por lo que era procedente suspender la investigación hasta en tanto se resolviera el mismo. Y los efectos de la sentencia de amparo fueron para que analizara los datos de prueba existentes y si faltaban por desahogar determinara si era o no necesarios y de ser así ordenara la práctica de las diligencias correspondientes a fin de desahogarlos, y determinara si es procedente o no el ejercicio de la acción penal o dictada cualquier otra determinación. Por tanto, este juzgado de Distrito no puede influir en el sentido de la determinación dictada por la autoridad responsable. Igualmente, quedan a salvo los derechos del solicitante de amparo y de los tercero interesados para que los hagan valer en la vía y forma que estimen convenientes. Archivo del Asunto. En tal contexto, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Depuración. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico. Notifíquese personalmente.
- Principal
I.ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN PRIMERA, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de trece de junio del año en curso (foja 163), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, por lo que este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. Análisis de las constancias que obran en autos. Roberto López Maya, por derecho propio, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Señalo como Autoridades Responsables en su carácter de Ordenadoras: 1.- C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en calle Morelos Oriente número 1300, Colonia San Sebastián en Toluca, México. 2.- C. SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en calle Morelos Oriente número 1300, Colonia San Sebastián en Toluca, México. b).- Señalo como autoridades en su carácter de Ejecutora. 1.- C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, ADSCRITO AL PRIMER TURNO DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en carretera Toluca, Tenango del Valle Kilómetro 21.100. (sic)" "IV. ACTO RECLADO.- Reclamo del C. Subprocurador Regional del Valle de Toluca, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por sí y como representante de la Institución del Ministerio Público de Tenango del Valle, Estado de México, adscrito al primer número, el deliberado SILENCIO, TARDANZA Y OMISIÓN, para determinar la carpeta de investigación número 120120380032214 instaurada en contra de JORGE DÍAZ LEAL TORRES, MIGUEL DÍAZ LEAL TORRES, MIGUEL LEAL VALDEZ, ARMANDO DÍAZ LEAL TORRES, MARTÍN DÍAZ LEAL TORRES, por la comisión de los delitos de despojo y daño en los bienes, ya que la Responsable a la fecha ha omitido determinar que existen elementos suficientes que acreditan el despojo y el daño en los bienes, cometidos en contra del suscrito, por lo que tomando en consideración que la denuncia inició en fecha 10 de marzo del año dos mil catorce, no es posible que a la fecha no exista determinación alguna de dicha denuncia, transcurriendo casi dos años de iniciada la misma, además de que si se realiza un estudio minucioso de las constancias que integran mi denuncia, existen elementos suficientes que acreditan la Responsabilidad penal en contra de los presuntos, ya que independientemente de que hayan manifestado que el inmueble que tenía en posesión antes de ser despojado del mismo, le pertenecía a la Señora Dolores Torres Mendoza, situación que es falsa, ya que independientemente de la propiedad del inmueble motivo del presente juicio, el despojo tutela la posesión y no la propiedad permitiéndome transcribir el siguiente criterio jurisprudencial:.. [se transcribe] (sic)." Trámite del juicio. Por razón de turno, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, conoció de la demanda en cuestión; el dieciséis de febrero del año en curso la registró con el número 200/2016-II, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y, señaló día y hora para la audiencia constitucional. Sentencia. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 108 a 125), se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Agente del Ministerio Publico adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, en un plazo razonable, dentro de la carpeta de investigación 120120380032214, debería: 1. Con libertad de jurisdicción, emitir un acuerdo en que señalara de manera clara y precisa los datos de prueba que han ofrecido las partes y que faltan por desahogar, asimismo, determinara si son o no necesarios para la integración de la carpeta, así como las que considere necesarios para el logro de la investigación, es decir, para emitir resolución sobre ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o alguna otra determinación con la que deba culminarse la investigación; 2. En caso de que considerara que faltaban datos de prueba por desahogar (ya sea ofrecidos por las partes o que la autoridad considerara necesarios de oficio), debería ordenar la práctica de todas aquellas diligencias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, debiendo emitir los acuerdos, oficios y citaciones correspondientes para su logro, con las formalidades del caso, y con los apercibimientos de ley, así como vigilar el exacto cumplimiento de sus disposiciones, debiendo tomar en consideración que conforme a su agenda de labores, debería designar una fecha para el desahogo de tal diligencia, en corto plazo, no mayor de treinta días, hecho lo anterior, resolver sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o sobre el dictado de cualquier otra determinación, con la que deba darse por concluida la investigación. 3. Caso contrario, esto es, de considerarse innecesario el desahogo de diversos datos de prueba de los que ya obran en la carpeta de investigación, de inmediato determinara si es procedente o no el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o sobre el dictado de cualquier otra determinación, con la que debería darse por concluida la investigación. En la inteligencia que el plazo fijado en el referido segundo efecto de la resolución, es el que se considera prudente en el caso concreto, luego de que la responsable ha mantenido abierta la integración de la indagatoria, contados desde la fecha de su radicación; plazo que además ha sido fijado de manera discrecional, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. Ejecutoria. El dos de junio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 136 a 138). Forma en que la autoridad dio cumplimiento. Por oficio recibido el diez de junio de dos mil dieciséis (foja 144), el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, remitió copia certificada del proveído que emitió el ocho de junio del año en curso, en la carpeta de investigación 120120380032214, del cual se advierte analizó los datos de prueba existentes, mencionando cada uno de ellos. Asimismo, de dicho proveído se colige que el representante social, precisó lo siguiente: La carpeta de investigación fue iniciada el diez de marzo de dos mil catorce, mediante querella presentada por Roberto López Maya, por el delito de despojo, cometido en su agravio y en contra de Jorge, Miguel, Armando y Martín, todos de apellidos Díaz Leal Torres, así como de Miguel Díaz Leal Valdés. Dolores Torres Mendoza, en entrevista recabada el ocho de diciembre de dos mil catorce, manifestó que celebró contrato de compraventa con Mayolo Carmona Jaimes. Que existe el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, relativo al interdicto de retener la posesión, promovido por Dolores Torres Mendoza en contra de Roberto López Maya, mediante la cual la parte actora reclama la declaración judicial en el sentido de que tiene derecho a la posesión material y jurídica sobre el inmueble que es materia de la carpeta de investigación en comento. El denunciare Roberto López Maya, refiere ser propietario y poseedor del inmueble del cual adujó ser despojado; asimismo, los indiciados y su testigo Dolores Torres Mendoza, de igual forma se ostentan como poseedores del citado inmueble. Concluyendo que considerando los puntos anteriores, era necesario establecer la calidad con que cada una de las partes se ostentaba, para determinar si existe despojo o no por parte de los indiciados o se cumplía el requisito de procedibilidad que establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, situación que estaba siendo ventilada en el expediente 380/2014. Motivo por el cual el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, acordó lo siguiente: "(.) Suspender la presente investigación hasta en tanto se resuelva el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, relativo al Interdicto de retener la posesión, promovido por DOLORES TORRES MENDOZA, en contra de ROBERTO LÓPEZ MAYA y otro.(.)" Vista con informes. Con lo anterior, por auto de trece de junio de dos mil dieciséis (foja 163), se dio vista las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Análisis del cumplimiento. Establecido el cuadro procesal, se procede al análisis del cumplimiento de la sentencia. El artículo 196, de la Ley de amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; el suscrito procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por la responsable de la contienda natural. De la comparación de los efectos de la concesión del amparo con las constancias remitidas por la autoridad responsable, en lo que interesa, se advierte: EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORÍA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA "(.)el Agente del Ministerio Publico adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, en un plazo razonable, dentro de la carpeta de investigación 120120380032214, debería: 1. Con libertad de jurisdicción, emitir un acuerdo en que señalara de manera clara y precisa los datos de prueba que han ofrecido las partes y que faltan por desahogar, asimismo, determinara si son o no necesarios para la integración de la carpeta, así como las que considere necesarios para el logro de la investigación, es decir, para emitir resolución sobre ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o alguna otra determinación con la que deba culminarse la investigación; 2. En caso de que considerara que faltaban datos de prueba por desahogar (ya sea ofrecidos por las partes o que la autoridad considerara necesarios de oficio), debería ordenar la práctica de todas aquellas diligencias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, debiendo emitir los acuerdos, oficios y citaciones correspondientes para su logro, con las formalidades del caso, y con los apercibimientos de ley, así como vigilar el exacto cumplimiento de sus disposiciones, debiendo tomar en consideración que conforme a su agenda de labores, debería designar una fecha para el desahogo de tal diligencia, en corto plazo, no mayor de treinta días, hecho lo anterior, resolver sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o sobre el dictado de cualquier otra determinación, con la que deba darse por concluida la investigación. 3. Caso contrario, esto es, de considerarse innecesario el desahogo de diversos datos de prueba de los que ya obran en la carpeta de investigación, de inmediato determinara si es procedente o no el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o sobre el dictado de cualquier otra determinación, con la que debería darse por concluida la investigación. En la inteligencia que el plazo fijado en el referido segundo efecto de la resolución, es el que se considera prudente en el caso concreto, luego de que la responsable ha mantenido abierta la integración de la indagatoria, contados desde la fecha de su radicación; plazo que además ha sido fijado de manera discrecional, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. (.)" Por oficio recibido el diez de junio de dos mil dieciséis (foja 144), el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, remitió copia certificada del proveído que emitió el ocho de junio del año en curso, en la carpeta de investigación 120120380032214, del cual se advierte analizó los datos de prueba existentes, mencionando cada uno de ellos. Asimismo, de dicho proveído se colige que el representante social, precisó lo siguiente: La carpeta de investigación fue iniciada el diez de marzo de dos mil catorce, mediante querella presentada por Roberto López Maya, por el delito de despojo, cometido en su agravio y en contra de Jorge, Miguel, Armando y Martín, todos de apellidos Díaz Leal Torres, así como de Miguel Díaz Leal Valdés. Dolores Torres Mendoza, en entrevista recabada el ocho de diciembre de dos mil catorce, manifestó que celebró contrato de compraventa con Mayolo Carmona Jaimes. Que existe el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, relativo al interdicto de retener la posesión, promovido por Dolores Torres Mendoza en contra de Roberto López Maya, mediante la cual la parte actora reclama la declaración judicial en el sentido de que tiene derecho a la posesión material y jurídica sobre el inmueble que es materia de la carpeta de investigación en comento. El denunciare Roberto López Maya, refiere ser propietario y poseedor del inmueble del cual adujó ser despojado; asimismo, lo indiciados y su testigo Dolores Torres Mendoza, de igual forma se ostentan como poseedores del citado inmueble. Concluyendo que considerando los puntos anteriores, era necesario establecer la calidad con que cada una de las partes se ostentaba, para determinar si existe despojo o no por parte de los indiciados o se cumplía el requisito de procedibilidad que establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, situación que estaba siendo ventilada en el expediente 380/2014. Motivo por el cual el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Tenango del Valle, Estado de México, acordó lo siguiente: "(.) Suspender la presente investigación hasta en tanto se resuelva el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, relativo al Interdicto de retener la posesión, promovido por DOLORES TORRES MENDOZA, en contra de ROBERTO LÓPEZ MAYA y otro.(.)" De la comparación de los efectos de la concesión del amparo con las constancias remitidas por la responsable, se advierte que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, pues la autoridad responsable por auto de ocho de junio del año en curso, dictado en la carpeta de investigación 120120380032214, analizó los datos de prueba existentes por las partes y determinó que era procedente suspender la investigación hasta en tanto se resolviera el juicio 380/2014, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, relativo al Interdicto de retener la posesión, promovido por Dolores Torres Mendoza, en contra de Roberto López Maya y otro, por los motivos expuestos en el mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto, debido a que de las constancias que obran en autos, se advierte que los efectos de la sentencia fueron cumplidos. Lo anterior, sin que pase desapercibido que por escrito presentado el dieciséis de junio del año en curso (foja 166), los terceros interesados Miguel Ángel, Jorge, Armando y Martín, todos de apellidos Díaz Leal Torres, hayan manifestado que estaban inconformes con la determinación de la autoridad responsable, dado que no existían elementos para acreditar el delito que se le imputa y si los suficientes para determinar el no ejercicio de la acción penal. Tampoco para desapercibido el contenido del escrito recibido el diecisiete de junio pasado (fojas 171 a 176), por medio del cual el quejoso Roberto López Maya, indicó que estaba inconforme con el cumplimiento dado por la responsable, en virtud de que el delito de despojo se lo atribuye a Miguel Ángel, Jorge, Armando y Martín, todos de apellidos Díaz Leal Torres, quienes no son propietarios ni poseedores el inmueble que defiende, y Dolores Torres Mendoza, solo es testigo dentro de la carpeta de investigación de la cual derivan los actos reclamados y el hecho de que exista un juicio civil no es motivo para suspender la investigación. Pues debe decirse que como se indicó anteriormente el agente del ministerio Público responsable el ocho de junio del año en curso, analizó los datos de prueba existentes y consideró que era necesario establecer la calidad con que cada una de las partes se ostentaba, para determinar si existía despojo o no por parte de los indiciados o establecer si se cumplía el requisito de procedibilidad que establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, situación que estaba siendo ventilada en el expediente 380/2014, por lo que era procedente suspender la investigación hasta en tanto se resolviera el mismo. Y los efectos de la sentencia de amparo fueron para que analizara los datos de prueba existentes y si faltaban por desahogar determinara si era o no necesarios y de ser así ordenara la práctica de las diligencias correspondientes a fin de desahogarlos, y determinara si es procedente o no el ejercicio de la acción penal o dictada cualquier otra determinación. Por tanto, este juzgado de Distrito no puede influir en el sentido de la determinación dictada por la autoridad responsable. Igualmente, quedan a salvo los derechos del solicitante de amparo y de los tercero interesados para que los hagan valer en la vía y forma que estimen convenientes. Archivo del Asunto. En tal contexto, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Depuración. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico."
- Principal
II.-Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por el quejoso Roberto López Maya, por medio del cual, desahoga la vista que se le dio por auto de trece de junio del año en curso (foja 163) y al respecto realiza diversas manifestaciones. Atento a lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones del promovente, mimas que serán consideradas al momento de valorar si la sentencia de amparo fue cumplida o no por la responsable.
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