Roberto Lezama Lopez
Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ROBERTO LEZAMA LOPEZ y Otros.
- Roberto Lezama Lopez
- ALMADELIA LERDO DE SANTIAGO y Otros.
- Almadelia Lerdo de Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, y atento a su contenido, se acusa de recibo el oficio el oficio III-218/2021, de catorce de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado el veintinueve de abril de la presente anualidad, en el recurso de queja 139/2020 de su índice; así como el juicio de amparo 366/2020 del índice de este Juzgado. Notifíquese mediante oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los registros de audio y video, que remitió el juez responsable, en atención a su informe justificado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y Ejecución de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera); cinco discos versátiles digitales (DVD´S), que contienen los registros de audio y video de las audiencias, celebradas dentro de la carpeta judicial administrativa: 785/2020/PUEBLA de su índice; lo anterior, previa certificación de desglose. No ha lugar a solicitar el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran los sobres que contiene los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a los terceros interesados Luis Enrique Jiménez Díaz y Antonio Gonzaga Hernández, ambos elementos adscritos a la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por oficio a las autoridades responsables; a las autoridades tercero interesadas (vía correo electrónico a las foráneas, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción); y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A los terceros interesados Luis Enrique Jiménez Díaz y Antonio Gonzaga Hernández, ambos elementos adscritos a la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, EL AUTO DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los registros de audio y video, que remitió el juez responsable, en atención a su informe justificado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y Ejecución de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera); cinco discos versátiles digitales (DVD´S), que contienen los registros de audio y video de las audiencias, celebradas dentro de la carpeta judicial administrativa: 785/2020/PUEBLA de su índice; lo anterior, previa certificación de desglose. No ha lugar a solicitar el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran los sobres que contiene los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a los terceros interesados Luis Enrique Jiménez Díaz y Antonio Gonzaga Hernández, ambos elementos adscritos a la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por oficio a las autoridades responsables; a las autoridades tercero interesadas (vía correo electrónico a las foráneas, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción); y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintisiete de mayo pasado, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que hayan desahogado la aludida vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el treinta de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Roberto Lezama López y José Martín Acevedo Olivier, para los efectos siguientes: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Roberto Lezama López y José Martín Acevedo Olivier, para el efecto de que 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y Ejecución de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), realice lo siguiente: Deje sin efectos la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de veintiséis de abril de dos mil veinte, dentro de la causa penal 785/2020/PUEBLA, por la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 312, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de Luis Enrique Jiménez Díaz. Señale fecha para la continuación de la audiencia inicial, en la que primero reiterará todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la presente sentencia y con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de los quejosos, pudiendo presentarse únicamente dos hipótesis: 1) aquélla en la que se reclasifique el delito por el cual se emitió el auto de vinculación a proceso reclamado y se inicie la etapa de investigación complementaria por diverso ilícito cometido; o bien, 2) que no esté en condiciones de reclasificar porque ello implicaría variar los hechos que fueron materia de la imputación, en cuyo caso podrá dictar auto de no vinculación a proceso. En el supuesto de que la juez de control considere procedente el primer supuesto, deberá especificar de qué manera se establece la existencia del hecho con apariencia del delito que estime actualizado, precisando las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se ejecutó, así como el grado de ejecución de los intervinientes -por cuanto a la probable responsabilidad-, para lo cual deberá tomar en consideración los datos de prueba expuestos en audiencia inicial. Asimismo, quedará libre de resolver lo que en derecho corresponda a la solicitud, que en su caso se formule, respecto a la modificación o sustitución de medidas cautelares, así como al plazo para el cierre de la investigación complementaria. En el caso de que la juez de control estime procedente el segundo supuesto, deberá motivar las razones por las cuales los datos de prueba no son suficientes para establecer la existencia de un hecho con apariencia de delito o la responsabilidad de los imputados en su comisión; así también deberá dejar sin efectos las medidas cautelares impuestas a los imputados. En el entendido de que el auto de no vinculación a proceso que se dicte no necesariamente impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en esta sentencia se consideró que no se cumplieron requisitos de fondo establecidos en el artículo 19 Constitucional. Los efectos precisados cobran sustento en el criterio jurisprudencial establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis 103/2007-PS. En el entendido de que 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y Ejecución de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), deberá conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa de los imputados. En diverso aspecto, cabe puntualizar que la presente sentencia de amparo no surte sus efectos de manera inmediata, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la ley de la materia, por las consideraciones que enseguida se exponen. De la interpretación de dicha porción normativa, se obtiene que en asuntos del orden penal en que se reclamen medidas restrictivas de libertad, o bien, actos que condicionen y justifiquen su imposición, la sentencia que conceda el amparo para que el acto quede sin efectos por contener vicios que impidan su reiteración, surtirá efectos inmediatos, no obstante que la misma no se encuentre firme o confirmada por el Tribunal de Alzada, es decir, a pesar de que la misma no se haya declarado cosa juzgada. Para que se actualice ese supuesto, el legislador estableció dos condiciones, a saber: Que la concesión no se trate por vicios formales, esto es, que en el acto reclamado se haya encontrado un vicio de fondo que impida la reiteración del acto y, por ende, tenga como consecuencia su insubsistencia y, en algunos casos, la libertad de los quejosos. Que el delito que se impute a los quejosos no sea considerado como grave o que respecto del cual proceda la prisión preventiva oficiosa, conforme la legislación procedimental aplicable. Asimismo, actualizadas esas condicionantes, normó que para el supuesto de que el efecto de la sentencia sea la libertad de los quejosos, el juzgador de amparo deberá decretarla bajo las medidas de aseguramiento que estime necesarias, a fin de que éste no evada la acción de la justicia. Sentado lo anterior, como se vio en líneas precedentes, se destacó un vicio de fondo en el acto reclamado, pues se dijo que los datos de prueba no eran idóneos para establecer la existencia de hechos con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por el cual se vinculó a proceso a los ahora quejosos; sin embargo, en la concesión del amparo se reservó plenitud de jurisdicción al juez responsable para dictar auto de vinculación a proceso por delito reclasificado, o bien, auto de no vinculación a proceso. De ahí que no se cumplan los citados requisitos para los efectos inmediatos del amparo otorgado, al existir la posibilidad de que, en cumplimiento a este fallo, se emita una resolución en el mismo sentido a la reclamada. (.)" Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte (foja 49) se tuvo al tercero interesado Luis Enrique Jiménez Díaz y por la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Rubén Villanueva Gorgúa), interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente controvertido constitucional. Medio de impugnación que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, el cual registró bajo el R-139/2020, y por sesión de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma el fallo impugnado. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Lezama López y José Martín Acevedo Olivier en contra del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintisiete de abril de dos mil veinte, por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región judicial Centro de Puebla, en la carpeta judicial administrativa 785/2020/PUEBLA, en los términos precisados en la sentencia recurrida." (foja 401 vuelta) Con motivo de lo anterior, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y Ejecución de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera). Por oficios 17828/2021/JC y 179212021/JC (fojas 424, 425, 434 a 437) la citada autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestara lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien resuelve se avoca a su estudio, de acuerdo a lo ahí precisado. Mediante oficios 17828/2021/JC y 179212021/JC, la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y Ejecución de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), remitió diversas constancias que obran en autos de la causa penal 785/2020/PUEBLA, de su índice, de las cuales se advierte lo siguiente. * Resolución insubsistente y señala fecha para audiencia. Por auto de diecinueve de mayo de la presente anualidad, dejó insubsistente la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de veintiséis de abril de dos mil veinte, dentro de la causa penal 785/2020/PUEBLA, por la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 312, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de Luis Enrique Jiménez Díaz. En el mismo auto, ordenó la reposición del procedimiento y señaló las nueve horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la continuación de la audiencia inicial (fojas 424 a 424). Con lo cual se tiene por cumplido el punto en el cual la responsable debe dejar insubsistente la resolución analizada en esta instancia constitucional y señala nueva fecha para la celebración de la continuación de la audiencia inicial. * Continuación de la audiencia inicial Así, en el día y hora señalada para la continuación de la audiencia, una vez que se declaró abierta dicha audiencia, se individualizó a las partes, a saber: - El agente del Ministerio Público (Rubén Villanueva Gorgua); - El defensor particular Samuel León Pérez; - Los imputados José Martín Acevedo Olivier y Roberto Lezama López (DVD archivo A_140525, minuto 01:00 a 1:52). * Reiteración La resolutora de instancia precisó que se señaló esa fecha, para que tuviera verificativo esa audiencia inicial, asimismo, reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de la formulación de imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria (DVD archivo A_140525, minuto 5:31 a 5:57). De igual forma, se tiene por cumplido el punto de la ejecutoria en el cual, se le indicó que debería reiterar lo demás expuesto en la audiencia inicial. * Resuelve situación jurídica En seguida la jueza de Control, con base en las consideraciones expuestas en la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción resolvió la situación jurídica de los imputados, tomando en consideración los efectos siguientes: Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la presente sentencia y con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de los quejosos, pudiendo presentarse únicamente dos hipótesis: 1) aquélla en la que se reclasifique el delito por el cual se emitió el auto de vinculación a proceso reclamado y se inicie la etapa de investigación complementaria por diverso ilícito cometido; o bien, 2) que no esté en condiciones de reclasificar porque ello implicaría variar los hechos que fueron materia de la imputación, en cuyo caso podrá dictar auto de no vinculación a proceso. Así, una vez que precisó los puntos que se debían analizar en esa audiencia, emitió una nueva resolución en la cual resolvió la situación jurídica de los imputados Roberto Lezama López y José Martín Acevedo Olivier, en los términos siguientes: Primero, estableció la competencia por razón de territorio, para que esa juzgadora de conocer del asunto. Segundo, a efecto de dictar de auto de vinculación a proceso precisó que se requería verificar los requisitos establecidos en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el diverso 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, una vez que verificó dichos supuestos, e indicó el cuadro fáctico expuesto por el agente del Ministerio Público, estableció que contrario a lo expuesto por ese representante social los datos de prueba que fueron señalados en la audiencia no fueron idóneos ni suficientes para establecer la existencia de un hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, en grado de tentativa previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II, 328 y 331, todos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, sino en su caso, de un diverso, que puede ser determinado en cuanto a su existencia por esa Juzgadora, ello acorde a la ejecutoria de amparo. Ello, porque de la interpretación de dichos numerales de obtenía que el homicidio calificado en grado de tentativa, debía entenderse como cualquier acción dolosa indirecta e inmediata de privar de la vida a otro, el cual no se consumó por causas ajenas al activo. La jueza de Control, siguió refiriendo que de la exposición del Fiscal se desprendía que uno de los sujetos activos José Martín Acevedo Olivier, tomó el arma y le apuntó a la cabeza del pasivo, al momento que otro elemento estatal trató de impedir dicha conducta el segundo de los imputados Roberto Lezama López, se interpuso y forcejeó con éste para impedirlo; sin embargo, opuesto a lo señalado inicialmente por esa Juzgadora en la vinculación a proceso que se dejó sin efectos, ello era insuficiente para considerar que hubo la intensión de privar de la vida al elemento estatal Luis Enrique Jiménez Díaz, ya que no existía evidencia que demostrara que después de haber empuñado el arma de fuego, José Martín Acevedo Olivier, hubiera realizado alguna detonación a fin de consumar tal conducta y que por causas ajenas a su voluntad no se hubiera consumado. También indicó que de acuerdo a la mecánica de hechos expuestos por el Fiscal para tener actualizada la conducta de homicidio calificado en grado de tentativa, era menester que se hubiera aportado dato de prueba idóneo, para establecer que el quejoso José Martín Acevedo Olivier, tuvo la intensión de privar de la vida a Luis Enrique Jiménez Díaz, como pudiera ser, si realizó algún disparo y por causas ajenas a la voluntad no acertó en el blanco, o que esa arma que se pretendió accionar, pero que tenía puesto el seguro o el mal funcionamiento no hubiera percutido el proyectil o que no tuviera puesto el cargador, a manera de ejemplo. La resolutora expuso que los datos de prueba no eran idóneos para la existencia de un hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa pues el solo hecho que José Martín Acevedo Olivier, le hubiera apuntado a la cabeza a Luis Enrique Jiménez Díaz, que era insuficiente para considerar que tuvo la intención de matarlo puesto que el tiempo para ejecutar tal acción privar de la vida a la víctima la tuvo desde el momento que tuvo el arma de fuego y apuntar al pasivo, máximo que Roberto Lezama Martínez al interponerse y forcejar con el diverso elemento policiaco José Martín Acevedo Olivier, le otorgó tiempo suficiente para consumar su acto, sin embargo, al no disparar no ejecutó un acto tendiente de privarlo de la vida. Siguió exponiendo, que bajo esa óptica, si bien los datos adminiculados entre sí, y valorados por esa juzgadora, en términos de las disposiciones aplicables, resultaban aptos y suficientes para demostrar hasta ese momento procesal que no eran constitutivos del homicidio calificado en grado de tentativa, sino probablemente de uno diverso, que debería ser determinado en cuanto a su existencia por esa jueza en ejercicio de reclasificar el delito en lo previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, concluye la resolutora que los datos de prueba que fueron proporcionados por el agente del Ministerio Público, de ninguna manera podían ser constitutivos del hecho con apariencia del delito de homicidio en grado de tentativa. Por cuanto hacía a lo señalado en la ejecutoria de amparo, atinente a que se estableciera algún otro hecho constitutivo de delito, esto es, que reclasificara el delito por el que dictó auto de vinculación a proceso, se advertía que podía estar acreditado el hecho que la ley señala como ataques peligrosos, para ello, expuso los argumentos respectivos, pero no se justificaba la existencia de ese hecho con apariencia de delito y expuso los motivos correspondientes. La jueza indicó que, si se estableciera que se dio por acreditado el tipo penal de disparo de arma de fuego, como ataque peligroso, ello motivaría variar los hechos, lo que no tenía permitido, pues el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que lo único que se puede en su caso, es reclasificar el hecho, pero no variar el mismo, por ello no se podía tomar en consideración esa circunstancia. De igual forma, indicó que atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, no impedía que el agente del Ministerio Público realizara mayores investigaciones y en su caso, volver a solicitar formular imputación en contra de los mismos, únicamente precisaba que para ese momento procesal no se contaba con datos bastantes, suficientes y pertinentes que permitieran analizar ese hecho con apariencia de delito de ataques peligrosos previsto y sancionado por el artículo 344 del Código Penal del Estado de Puebla. La resolutora siguió exponiendo que bajo ese sentido al no acreditarse el hecho con apariencia de delito, resultaba ocioso entrar al estudio de la probable autoría o coautoría de los imputados en la comisión de ese hecho ilícito. Bajo esas premisas resolvió: Primero. Siendo las quince horas con cuarenta minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de Roberto Lezama López y José Martín Acevedo Olivier, al considerar que no se encontraba acreditado el hecho con apariencia de delito de homicidio en grado de tentativa, con agravante de haberse realizado contra funcionario público, ilícito previsto y sancionado en los artículos 207, 312, 323, 326, fracción II, 328, 331, relacionados con los diversos 13, 20, 21, fracción I, y 94, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de Luis Enrique Jiménez Díaz. Segundo. Se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de Roberto Lezama López y José Martín Acevedo Olivier, por el hecho con apariencia de delito de ataques peligrosos, previsto y sancionado por el artículo 344 en relación con los numerales 13, 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Luis Enrique Jiménez Díaz. Tercero. Como consecuencia, se ordena la inmediata libertad de Roberto Lezama López y José Martín Acevedo Olivier. Cuarto. Se ordena girar atento oficio con el disco versátil digitar que contiene dicha audiencia, al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, en el juicio de amparo 366/2020 (DVD archivo A_140525, minuto 15:54 a 52:11). Como se aprecia la jueza responsable con libertad de jurisdicción, resolvió la situación jurídica de los quejosos, estableciendo que los datos aportados por el agente del Ministerio Público, no eran constitutivos del hecho con apariencia del delito de homicidio en grado de tentativa, y no podía hacer una reclasificación de los hechos con apariencia del delito, porque ello motivaría variar a los hechos, lo que no tenía permitido, con lo cual se tiene por cumplido este punto. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a los terceros interesados Luis Enrique Jiménez Díaz y Antonio Gonzaga Hernández, ambos elementos adscritos a la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por oficio a las autoridades responsables; a las autoridades tercero interesadas (vía correo electrónico a las foráneas, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción); y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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