Roberto Lazcano Mellado

Expediente 813/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
813/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2017

Partes del expediente

  • Roberto Lazcano Mellado

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a quince de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta sus efectos legales procedentes a través del cual la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informe que ha causado estado el acuerdo de uno de agosto del año en curso, mediante el cual se desechó de plano el recurso de revisión interpuesto; en tales condiciones, al no haber promoción pendiente que acordar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido del licenciado Cesar David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual acusa recibo el oficio 8548/2017, e informa que el recurso de revisión fue DESECHADO DE PLANO; circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Roberto Lazcano Mellado, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra del proveído de siete de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio de derechos en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como copias certificadas del acto reclamado, su notificación y de las constancias que lo motivaron. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Pachuca, Hidalgo, siete de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Roberto Lazcano Mellado, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil y Familiar del distrito Judicial de Apan, Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículo 4, 14 y 16 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 813/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora bien, el Juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de derechos y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo aplicable; visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO" Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el imperativo del artículo 113 de referencia, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Así, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, del que se desprende que reclama el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete dictado dentro del expediente 1082/2016, relativo al juicio familiar, en relación con la petición de cambio de custodia de su menor hijo J.A.L.M. Así, contra dichos actos reclamados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defesa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos, se deduce como requisito indispensable para promover el juicio de derechos, el atender al principio de definitividad que rige al Juicio de Amparo, consistente en que el gobernado, previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que le causa perjuicio. Ello es así, ya que el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que tiene por objeto proteger al individuo de los actos arbitrarios de autoridad que afecten su esfera de derechos. Así, cuando ello ocurre y existen medios de impugnación previstos en la ley que rige el acto, el quejoso debe agotarlos, pues con ello puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que vulnera su esfera jurídica, lo que de ser así, haría innecesario acudir a la instancia constitucional. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. En efecto, del análisis de la demanda, se desprende que el promovente reclama un auto catorce de junio de dos mil diecisiete, dentro del expediente 1082/2016, en relación con la custodia de su menor hijo J.A.L.M. De ahí, que la demanda resulta notoriamente improcedente, puesto que la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad que rige el juicio de derechos antes de venir ante las instancias judiciales federales, mediante la interposición del recurso idóneo o medio de defensa legal que para tal efecto señala el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, en su artículo 382; esto es, la interposición del recurso de apelación. Al particular es aplicable la Jurisprudencia visible en la página 217, Sexta Parte, Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que es del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO" Bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia en comento, porque en las leyes ordinarias que rigen el juicio natural de que se trata, se prevé el recurso de apelación, mismo que se encuentra regulado, entre otros, en los numerales 382, 390, 391, 392, 394, 395 y 399 del Código de Procedimientos Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Ahora bien, no debe perderse de vista que el acto reclamado consiste en auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, la cual recayó a la petición del aquí quejoso de cambio de custodia del menor hijo de iniciales J.A.L.M., cambio que no fue a favor del aquí quejoso, sino a favor de su otro hijo de manera provisional; por ende, sobre la base legal citada con antelación, se extrae que en contra de lo ahí acordado procede el recurso de apelación. En efecto, en términos del artículo 394 citado, procede el recurso de apelación en un solo efecto contra las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo, tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo; de ahí que en términos del primer párrafo del diverso 391, los autos e interlocutorias son apelables. Más aún, porque el auto reclamado de catorce de junio de dos mil diecisiete, establece en lo respectivo al cambio de custodia del menor hijo en favor del otro hijo, ambos del aquí quejoso, que se considera un acto que puede derivar una ejecución que cause un daño irreparable o de difícil reparación para la procedencia del recurso de apelación, en términos del artículo 395 del código citado. En consecuencia, si se considera que aquellas apelaciones que se admiten únicamente en efecto devolutivo, pueden causar un perjuicio de dificil reparación o irreparable, a petición del aquí quejoso, la misma pudo haberse admitido en ambos efectos, y producir los mismo efectos que el juicio que aquí se reclama. Por lo tanto, es inconcuso que la ley que rige el juicio de origen prevé un recurso a través del cual es factible combatir el acto tildado de inconstitucional, consistente en lo resuelto en el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, que en la parte conducente establece custodia provisional del menor hijo de las partes en favor del otro hijo del aquí quejoso. De modo que, en contra de lo ahí acordado, el impetrante Roberto Lazcano Mellado, quien acude por derecho propio y en representación del mencionado infante, estaba obligado a interponer el aludido medio de impugnación antes de promover la presente instancia, empero, al no haber actuado en ese sentido, el proveído combatido no puede ser catalogado como definitivo para efectos del juicio de amparo. Además, no operan las excepciones que derivan del principio de definitividad, pues no se trata de ninguno de los actos que limitativamente marca la Ley de Amparo. En este punto, es menester destacar que no se soslaya que en la controversia primigenia se determinó de manera provisional la guarda y custodia del menor en favor de su otro hijo, lo cual entraña un acto de imposible reparación; sin embargo, la referida circunstancia no constituye por si misma una excepción al principio de definitividad, pues la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad -derivada de las normas aplicables- de que el interesado renuncie a ellos, mientras que la irreparabilidad se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable, sin que el interés superior del infante constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Ilustra lo antes expuesto, la jurisprudencia 113/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de dos mil trece, página trescientos cincuenta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En suma, el presente juicio de amparo indirecto resulta improcedente en contra de lo resuelto en el auto de mérito, pues al determinarse en dicho auto la negativa al cambio de custodia del infante en favor del aquí quejoso la cual procedió a favor de su otro hijo, en su contra se debió interponer previamente el recurso de apelación, en acatamiento al principio de definitividad, ya que la legislación que rige la contienda natural regula la posibilidad de que se suspenda dicho acto - en los términos indicados -; por lo que se estima que dicho recurso de apelación es idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto combatido y en su caso alejar al menor de una situación de vulnerabilidad, amén de que no se advierten que existan datos objetivos del riesgo alegado por el inconforme y que con ello se afecten los derechos sustantivos del infante, o se le cause un daño psicológico o emocional al estar al lado de su progenitora y la pareja de esta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro esv"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al ser parte en el procedimiento de origen, está obligado a agotar los recursos y medios de defensa que se establecen en los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra de los actos reclamados, previa a esta vía que combate, haya hecho valer el recurso de apelación, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales, y además con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones, el que señala por así haberlo solicitado. DERECHO A OPONERSE A LA PUBLICACIÓN DE DATOS En cumplimiento a lo establecido en el numeral 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con el ordinal 8o. del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha Ley Federal, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo, se publicará la sentencia que se dicte en este juicio y que haya causado ejecutoria íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el Reglamento en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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