Roberto Juárez Hernández
Expediente 897/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Roberto Juárez Hernández
- Roberto Juárez Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Roberto y María Cristina ambos de apellidos Juárez Hernández, hubiesen recurrido el proveído de once de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. . Finalmente, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, devuélvanse los autos originales del juicio de nulidad TJ/I-5001/2018 en un tomo del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y el recurso de apelación RAJ. 9306/2019 en un tomo a la Sala Superior de dicho Tribunal, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, ya que se tomará como tal el sello de recibo del oficio que al efecto se ordena girar. Notifíquese.
- Principal
En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que dice: Se tiene por recibido el oficio del índice del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo directo 37/2020, en atención a la solicitud hecha por este órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo de estilo vía electrónica Sentido de la determinación Ahora bien, consecuentemente del estudio integral de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Roberto Juárez Hernández y María Cristina Juárez Hernández, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Antecedentes relevantes. 1. El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, Roberto Juárez Hernández y María Cristina Juárez Hernández, por propio derecho interpusieron juicio de nulidad señalando como actos impugnados: La resolución emitida en el oficio GCDMX-SEDEMA- SACMEX-DG-DJ-SL-JUDJA-1064713/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete. El citatorio de seis de diciembre de dos mil diecisiete. El acta circunstanciada de siete de diciembre de dos mil diecisiete. La restricción de suministro de agua a los quejosos desde el veintiséis de julio de dos mil siete, en su domicilio ubicado en Callejón Tlatempa nu´mero 11, colonia Cuadrante de San Francisco, alcaldía Coyoaca´n, código postal 04320. El tra´mite realizado por la Oficina de Atencio´n al Pu´blico Churubusco que efectuo´ el cambio de nombre de usuario y nu´mero de cuenta, mediante el movimiento de patro´n nu´mero 84003128 a partir del bimestre 3/12. El cual refieren nunca les fue notificado, no obstante ser el promovente Roberto Jua´rez Herna´ndez, el titular de la cuenta anterior el poseedor y propietario del predio, del cual se les provei´a del li´quido vital para su subsistencia, desconociendo dicho tra´mite, el cual refirieron les causa perjuicios de imposible reparacio´n, toda vez que a esa fecha careci´an de suministro de agua e inclusive sen~alaron que fueron incluidos en el censo 00415390 an~o dos mil ocho. Impugnaron adema´s el oficio de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual quien dio contestacio´n a su solicitud, le informo´ que esa autoridad es incompetente para dar solucio´n a su problema´tica por el suministro de agua, pues el actor solicito´ la individualizacio´n de la toma de agua del domicilio ubicado en el Callejo´n Tlatempa nu´mero 11, colonia Cuadrante de San Francisco, alcaldi´a Coyoaca´n, co´digo postal 04320, derivado de que refirio´ se le restringio´ del suministro de la misma (fojas 1 a 24 del juicio TJ/I-5001/2018). 2. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se admitio´ a tra´mite la demanda emplaza´ndose a la demandada a fin de que en te´rminos de ley emitiera su respectiva contestacio´n y seguidos los trámites procesales de ley: 3. El trece de agosto de dos mil dieciocho, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, emitio´ la sentencia respectiva, de cuyos puntos resolutivos se desprende que declaró la nulidad del acto impugnado consistente en el oficio nu´mero GCDMX-SEDEMA-DG-DJ-SL-JUDJA-1064713/2017 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete. 6. Contra esa determinacio´n, Gerardo Gutie´rrez Gamin~o, en su cara´cter de apoderado general de la Administracio´n Pu´blica y del Sistema de Aguas de la Ciudad de Me´xico, interpuso recurso de apelacio´n del cual correspondio´ conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, registrandoló con número RAJ. 9306/2019, quien por resolucio´n emitida el diez de julio de dos mil diecinueve, en el aludido expediente, resolvio´ revocar la sentencia emitida el trece de agosto de dos mil dieciocho por la Primera Sala Ordinaria en el juicio de nulidad TJ/I-5001/2018; ordenando reponer el procedimiento. La reposicio´n del procedimiento citado, obedecio´ a que la Sala de apelacio´n advirtio´ una violacio´n al procedimiento, consistente en la omisio´n del emplazamiento a Ca´ndido A´ngel Jua´rez Silva, como tercero interesado, por lo que con apoyo en el arti´culo 117 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, ordeno´ al Magistrado Instructor de la Sala del Conocimiento, ordenara emplazar al nombrado, de conformidad con el arti´culo 37, fraccio´n III, de la aludida legislacio´n; hecho lo anterior, transcurridos los te´rminos de ley, en el momento procesal oportuno y sin que existiera alguna actuacio´n pendiente de tra´mite, dictara la sentencia que conforme a derecho proceda. El anterior punto constituye el acto reclamado en esta sede constitucional. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 170, fracción I y 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, éste último aplicado en sentido contrario, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede:--- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Razones de la improcedencia. En el arti´culo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en e´l se sen~alan supuestos especi´ficos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fraccio´n XXIII, se preve´ la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposicio´n, ya sea de la Constitucio´n o de la misma ley. Con dicha fraccio´n, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentacio´n a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos sen~alados en las otras veintido´s fracciones del arti´culo 61 de la Ley de Amparo. De los artículos citados anteriormente se advierte que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el juicio de amparo directo siempre y cuando tales violaciones afecten derechos sustantivos de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. El contenido del artículo 107 fracción V en concordancia con el diverso 170 ambos de la Ley de Amparo, demuestra que la constitucionalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional debe ser analizada, en principio, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, siempre que respecto de los mismos se haya agotado el principio de definitividad en las materias en donde sea exigible esta disposición o, inmediatamente a través del juicio de amparo indirecto cuando afecten derechos sustantivos del quejoso, pues en esos casos, existen criterios que consideran a tales actos como de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, por excepción, el juicio de amparo indirecto era procedente si los efectos de los actos procesales reclamados fueran de imposible reparación, considerando como tales a aquellos actos en que sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate. De no actualizarse dicho supuesto, el juicio de amparo biinstancial será improcedente y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo disponen los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". Ello aun cuando pudiera considerarse que los actos reclamados causen una afectación en grado predominante o superior pues no dejan de ser violaciones procesales que pueden ser reparadas obteniendo una sentencia favorable, además de que son impugnables a través del amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, en caso de que sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa. Se cita como apoyo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 1539, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". El artículo 107, fracción III inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley de Amparo, en el artículo 107 fracción V, define los actos de imposible reparación, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, entre otros, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos o el arresto. Ese criterio fue sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Bajo esa premisa, en el presente asunto los promoventes reclama de manera destacada la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve pronunciada en el recurso de apelación RAJ. 9306/2019, derivado del juicio de nulidad TJ/I-5001/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, mediante la cual, se revocó la resolución recurrida y se ordenó la reposición del procedimiento del juicio de nulidad, para lo siguientes efectos: Emplazar a Ca´ndido A´ngel Jua´rez como tercero interesado, en el expediente TJ/I- 5001/2018, del rubro de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico. Hecho lo anterior, transcurridos los te´rminos de ley, en el momento procesal oportuno y sin que existiera alguna actuacio´n pendiente de tra´mite, dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. Por tanto, la resolución que ordena la reposición del procedimiento no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de los quejosos de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse, pues los promoventes pudieran obtener una resolución favorable a sus intereses, ya que se trata de cuestiones procesales inherentes a la tramitación del juicio en el que es parte y donde tendrá la oportunidad de promover los medios ordinarios de defensa en contra de las actuaciones que consideren les afectan y no implica dejar sin efecto algún medio de prueba que se hubiera desahogado u ordene el desahogo de medios de convicción que por su naturaleza no sea posible llevar a cabo su desahogo. Tampoco se trata de una violación que se haya consumado irreparablemente, pues una vez que se lleve a cabo todo lo que ordenó la Sala responsable, lo cual no se relaciona con derechos sustantivos sino procesales, todavía existe la posibilidad de que los quejosos puedan obtener una resolución favorable a sus intereses al final del juicio; en consecuencia, al no tratarse de una violación que no pueda ser remediada con el dictado de una sentencia favorable, el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues cualquier violación que pudiese acaecer con la reposición del procedimiento puede hacerla valer como violación al procedimiento al impugnarse la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo. Además, tomando en consideración que el acto reclamado en el juicio consistió en una resolución de segunda instancia que determinó revocar la de primera para los efectos precisados, sin que tales efectos constituyan actos de ejecución irreparable o de imposible reparación al no afectar directamente los derechos fundamentales de los quejosos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales como acontece, pues la afectación que pudiera actualizarse quedaría destruida con el hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, y por ende, su reclamación se posterga a una violación procesal reclamable hasta la resolución que ponga fin al juicio, como podría ser la que resuelva el juicio natural. Amén que la dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la retramitación de un procedimiento judicial no son elementos que determinen la irreparabilidad de los actos en juicio, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Lo anterior demuestra que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto reclamado deja de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sin que se soslaye que en la resolución reclamada se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de nulidad de origen, para que el Magistrado Instructor de la Sala del Conocimiento, de conformidad con el arti´culo 37, fraccio´n III, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, ordene emplazar a Ca´ndido A´ngel Jua´rez como tercero interesado, hecho lo anterior, transcurridos los te´rminos de ley, en el momento procesal oportuno y sin que existiera alguna actuacio´n pendiente de tra´mite, dictar la sentencia que conforme a derecho proceda; pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio en el sentido de que para determinar la viabilidad del amparo indirecto, cuando alguna de las partes (quejosos) que intervino en un juicio se ve obligada a litigar de nueva cuenta por efecto de la reposición del procedimiento, debe establecerse casuísticamente si se producen efectos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VII, mayo de 1991, página 25, que indica: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo.". Ahora bien, la tesis precedente es vigente en cuanto a la regla de que en cada caso deben determinarse si las consecuencias de la reposición del procedimiento son o no de imposible reparación, esto es, debe establecerse si se está frente a la violación de derechos sustantivos o procesales. Así bajo los elementos ya aducidos en relación a la diferencia entre los derechos sustantivos o procesales, se estima que la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento para que el Magistrado Instructor de la Sala del Conocimiento, de conformidad con el arti´culo 37, fraccio´n III, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, ordene emplazar a Ca´ndido A´ngel Jua´rez como tercero interesado, hecho lo anterior, transcurridos los te´rminos de ley, en el momento procesal oportuno y sin que existiera alguna actuacio´n pendiente de tra´mite, dictar la sentencia que conforme a derecho proceda, no es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos de los quejosos; pues incluso, la retransmisión o reposición del procedimiento que se instaure tendrá por objeto que se respete en su favor el derecho de debida audiencia y se cumplan en el proceso las formalidades esenciales del procedimiento, sin que por tanto implique el desarrollo ocioso o inútil del mismo. Además que los efectos que produce la reposición del procedimiento impugnado, no afecta en forma material algún derecho sustantivo de los quejosos, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera; pues sus consecuencias producen únicamente efectos intraprocesales que son susceptibles de extinguirse sin haber originado afectación alguna en los derechos fundamentales de los promoventes, porque la violación alegada puede repararse posteriormente al reclamar la resolución final del juicio de origen; pues incluso, los efectos concretos que produjo la reposición del procedimiento impugnado, no implicó nulificar actuaciones como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podrían ser imposibles que se desahogaran nuevamente como por ejemplo, el fallecimiento de los testigos o la destrucción de documentos; ni tampoco se ordenó el desahogo de pruebas que constituyan en sí mismas, un acto de imposible reparación susceptible de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del individuo, tales como la pericial contable, la pericial psiquiatría o la pericial en genética. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 29/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo VII, mayo de 1998, página 150, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final.". La causal de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el arti´culo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena conviccio´n de algu´n hecho; es decir, que es evidente. Asi´, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando esta´ debidamente probada [no se infiere a partir de una presuncio´n], de tal forma que la substanciacio´n del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podri´a llegar a una conclusio´n distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestio´n no desvirtuable que no variara´ aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusio´n a la que ha llegado este o´rgano jurisdiccional tampoco podri´a cambiar. Conclusión. Consecuentemente, dado que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 170, fracción I y 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, éste último aplicado en sentido contrario, conduce a desechar de plano la demanda promovida, ya que de los efectos del acto que se reclama y se tiene como destacado, no se advierte alguna afectación de manera directa e inmediata, que impliquen una imposible reparación a la quejosa en alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Formación de tomo de pruebas Tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante mediante oficio 524/2020-2 de su índice, consistentes en el juicio de nulidad TJ/I-130406/2018 en un tomo y el recurso de apelación RAJ.50204/2019 derivado éste último, del índice de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, existe imposibilidad material para la digitalización de las mismas, motivo por el cual con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena mantener por separado las citadas constancias, identificadas como cuadernos auxiliares I y II; en el entendido que las subsecuentes actuaciones, se llevarán a cabo en el presente cuaderno principal. En ese orden, hágase del conocimiento de las partes que dichas constancias se encuentran a su disposición para consultarse físicamente en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, con las reservas correspondientes cuando se trate de información confidencial. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizado en términos amplios a Servio Tulio Martínez Sánchez, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. De igual forma, se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente y en atención a la certificación de cuenta. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, en las versiones púbicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese
- Principal
Se tiene por recibido el oficio del índice del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo directo 37/2020, en atención a la solicitud hecha por este órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo de estilo vía electrónica Sentido de la determinación Ahora bien, consecuentemente del estudio integral de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Roberto Juárez Hernández y María Cristina Juárez Hernández, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Antecedentes relevantes. 1. El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, Roberto Juárez Hernández y María Cristina Juárez Hernández, por propio derecho interpusieron juicio de nulidad señalando como actos impugnados: La resolución emitida en el oficio GCDMX-SEDEMA- SACMEX-DG-DJ-SL-JUDJA-1064713/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete. El citatorio de seis de diciembre de dos mil diecisiete. El acta circunstanciada de siete de diciembre de dos mil diecisiete. La restricción de suministro de agua a los quejosos desde el veintiséis de julio de dos mil siete, en su domicilio ubicado en Callejón Tlatempa nu´mero 11, colonia Cuadrante de San Francisco, alcaldía Coyoaca´n, código postal 04320. El tra´mite realizado por la Oficina de Atencio´n al Pu´blico Churubusco que efectuo´ el cambio de nombre de usuario y nu´mero de cuenta, mediante el movimiento de patro´n nu´mero 84003128 a partir del bimestre 3/12. El cual refieren nunca les fue notificado, no obstante ser el promovente Roberto Jua´rez Herna´ndez, el titular de la cuenta anterior el poseedor y propietario del predio, del cual se les provei´a del li´quido vital para su subsistencia, desconociendo dicho tra´mite, el cual refirieron les causa perjuicios de imposible reparacio´n, toda vez que a esa fecha careci´an de suministro de agua e inclusive sen~alaron que fueron incluidos en el censo 00415390 an~o dos mil ocho. Impugnaron adema´s el oficio de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual quien dio contestacio´n a su solicitud, le informo´ que esa autoridad es incompetente para dar solucio´n a su problema´tica por el suministro de agua, pues el actor solicito´ la individualizacio´n de la toma de agua del domicilio ubicado en el Callejo´n Tlatempa nu´mero 11, colonia Cuadrante de San Francisco, alcaldi´a Coyoaca´n, co´digo postal 04320, derivado de que refirio´ se le restringio´ del suministro de la misma (fojas 1 a 24 del juicio TJ/I-5001/2018). 2. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se admitio´ a tra´mite la demanda emplaza´ndose a la demandada a fin de que en te´rminos de ley emitiera su respectiva contestacio´n y seguidos los trámites procesales de ley: 3. El trece de agosto de dos mil dieciocho, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, emitio´ la sentencia respectiva, de cuyos puntos resolutivos se desprende que declaró la nulidad del acto impugnado consistente en el oficio nu´mero GCDMX-SEDEMA-DG-DJ-SL-JUDJA-1064713/2017 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete. 6. Contra esa determinacio´n, Gerardo Gutie´rrez Gamin~o, en su cara´cter de apoderado general de la Administracio´n Pu´blica y del Sistema de Aguas de la Ciudad de Me´xico, interpuso recurso de apelacio´n del cual correspondio´ conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, registrandoló con número RAJ. 9306/2019, quien por resolucio´n emitida el diez de julio de dos mil diecinueve, en el aludido expediente, resolvio´ revocar la sentencia emitida el trece de agosto de dos mil dieciocho por la Primera Sala Ordinaria en el juicio de nulidad TJ/I-5001/2018; ordenando reponer el procedimiento. La reposicio´n del procedimiento citado, obedecio´ a que la Sala de apelacio´n advirtio´ una violacio´n al procedimiento, consistente en la omisio´n del emplazamiento a Ca´ndido A´ngel Jua´rez Silva, como tercero interesado, por lo que con apoyo en el arti´culo 117 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, ordeno´ al Magistrado Instructor de la Sala del Conocimiento, ordenara emplazar al nombrado, de conformidad con el arti´culo 37, fraccio´n III, de la aludida legislacio´n; hecho lo anterior, transcurridos los te´rminos de ley, en el momento procesal oportuno y sin que existiera alguna actuacio´n pendiente de tra´mite, dictara la sentencia que conforme a derecho proceda. El anterior punto constituye el acto reclamado en esta sede constitucional. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 170, fracción I y 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, éste último aplicado en sentido contrario, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede:--- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Razones de la improcedencia. En el arti´culo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en e´l se sen~alan supuestos especi´ficos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fraccio´n XXIII, se preve´ la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposicio´n, ya sea de la Constitucio´n o de la misma ley. Con dicha fraccio´n, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentacio´n a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos sen~alados en las otras veintido´s fracciones del arti´culo 61 de la Ley de Amparo. De los artículos citados anteriormente se advierte que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el juicio de amparo directo siempre y cuando tales violaciones afecten derechos sustantivos de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. El contenido del artículo 107 fracción V en concordancia con el diverso 170 ambos de la Ley de Amparo, demuestra que la constitucionalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional debe ser analizada, en principio, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, siempre que respecto de los mismos se haya agotado el principio de definitividad en las materias en donde sea exigible esta disposición o, inmediatamente a través del juicio de amparo indirecto cuando afecten derechos sustantivos del quejoso, pues en esos casos, existen criterios que consideran a tales actos como de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, por excepción, el juicio de amparo indirecto era procedente si los efectos de los actos procesales reclamados fueran de imposible reparación, considerando como tales a aquellos actos en que sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate. De no actualizarse dicho supuesto, el juicio de amparo biinstancial será improcedente y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo disponen los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". Ello aun cuando pudiera considerarse que los actos reclamados causen una afectación en grado predominante o superior pues no dejan de ser violaciones procesales que pueden ser reparadas obteniendo una sentencia favorable, además de que son impugnables a través del amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, en caso de que sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa. Se cita como apoyo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 1539, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". El artículo 107, fracción III inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley de Amparo, en el artículo 107 fracción V, define los actos de imposible reparación, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, entre otros, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos o el arresto. Ese criterio fue sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Bajo esa premisa, en el presente asunto los promoventes reclama de manera destacada la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve pronunciada en el recurso de apelación RAJ. 9306/2019, derivado del juicio de nulidad TJ/I-5001/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, mediante la cual, se revocó la resolución recurrida y se ordenó la reposición del procedimiento del juicio de nulidad, para lo siguientes efectos: Emplazar a Ca´ndido A´ngel Jua´rez como tercero interesado, en el expediente TJ/I- 5001/2018, del rubro de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico. Hecho lo anterior, transcurridos los te´rminos de ley, en el momento procesal oportuno y sin que existiera alguna actuacio´n pendiente de tra´mite, dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. Por tanto, la resolución que ordena la reposición del procedimiento no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de los quejosos de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse, pues los promoventes pudieran obtener una resolución favorable a sus intereses, ya que se trata de cuestiones procesales inherentes a la tramitación del juicio en el que es parte y donde tendrá la oportunidad de promover los medios ordinarios de defensa en contra de las actuaciones que consideren les afectan y no implica dejar sin efecto algún medio de prueba que se hubiera desahogado u ordene el desahogo de medios de convicción que por su naturaleza no sea posible llevar a cabo su desahogo. Tampoco se trata de una violación que se haya consumado irreparablemente, pues una vez que se lleve a cabo todo lo que ordenó la Sala responsable, lo cual no se relaciona con derechos sustantivos sino procesales, todavía existe la posibilidad de que los quejosos puedan obtener una resolución favorable a sus intereses al final del juicio; en consecuencia, al no tratarse de una violación que no pueda ser remediada con el dictado de una sentencia favorable, el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues cualquier violación que pudiese acaecer con la reposición del procedimiento puede hacerla valer como violación al procedimiento al impugnarse la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo. Además, tomando en consideración que el acto reclamado en el juicio consistió en una resolución de segunda instancia que determinó revocar la de primera para los efectos precisados, sin que tales efectos constituyan actos de ejecución irreparable o de imposible reparación al no afectar directamente los derechos fundamentales de los quejosos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales como acontece, pues la afectación que pudiera actualizarse quedaría destruida con el hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, y por ende, su reclamación se posterga a una violación procesal reclamable hasta la resolución que ponga fin al juicio, como podría ser la que resuelva el juicio natural. Amén que la dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la retramitación de un procedimiento judicial no son elementos que determinen la irreparabilidad de los actos en juicio, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Lo anterior demuestra que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto reclamado deja de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sin que se soslaye que en la resolución reclamada se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de nulidad de origen, para que el Magistrado Instructor de la Sala del Conocimiento, de conformidad con el arti´culo 37, fraccio´n III, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, ordene emplazar a Ca´ndido A´ngel Jua´rez como tercero interesado, hecho lo anterior, transcurridos los te´rminos de ley, en el momento procesal oportuno y sin que existiera alguna actuacio´n pendiente de tra´mite, dictar la sentencia que conforme a derecho proceda; pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio en el sentido de que para determinar la viabilidad del amparo indirecto, cuando alguna de las partes (quejosos) que intervino en un juicio se ve obligada a litigar de nueva cuenta por efecto de la reposición del procedimiento, debe establecerse casuísticamente si se producen efectos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VII, mayo de 1991, página 25, que indica: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo.". Ahora bien, la tesis precedente es vigente en cuanto a la regla de que en cada caso deben determinarse si las consecuencias de la reposición del procedimiento son o no de imposible reparación, esto es, debe establecerse si se está frente a la violación de derechos sustantivos o procesales. Así bajo los elementos ya aducidos en relación a la diferencia entre los derechos sustantivos o procesales, se estima que la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento para que el Magistrado Instructor de la Sala del Conocimiento, de conformidad con el arti´culo 37, fraccio´n III, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de Me´xico, ordene emplazar a Ca´ndido A´ngel Jua´rez como tercero interesado, hecho lo anterior, transcurridos los te´rminos de ley, en el momento procesal oportuno y sin que existiera alguna actuacio´n pendiente de tra´mite, dictar la sentencia que conforme a derecho proceda, no es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos de los quejosos; pues incluso, la retransmisión o reposición del procedimiento que se instaure tendrá por objeto que se respete en su favor el derecho de debida audiencia y se cumplan en el proceso las formalidades esenciales del procedimiento, sin que por tanto implique el desarrollo ocioso o inútil del mismo. Además que los efectos que produce la reposición del procedimiento impugnado, no afecta en forma material algún derecho sustantivo de los quejosos, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera; pues sus consecuencias producen únicamente efectos intraprocesales que son susceptibles de extinguirse sin haber originado afectación alguna en los derechos fundamentales de los promoventes, porque la violación alegada puede repararse posteriormente al reclamar la resolución final del juicio de origen; pues incluso, los efectos concretos que produjo la reposición del procedimiento impugnado, no implicó nulificar actuaciones como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podrían ser imposibles que se desahogaran nuevamente como por ejemplo, el fallecimiento de los testigos o la destrucción de documentos; ni tampoco se ordenó el desahogo de pruebas que constituyan en sí mismas, un acto de imposible reparación susceptible de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del individuo, tales como la pericial contable, la pericial psiquiatría o la pericial en genética. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 29/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo VII, mayo de 1998, página 150, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final.". La causal de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el arti´culo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n ha sostenido que por "manifiesto" debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena conviccio´n de algu´n hecho; es decir, que es evidente. Asi´, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando esta´ debidamente probada [no se infiere a partir de una presuncio´n], de tal forma que la substanciacio´n del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podri´a llegar a una conclusio´n distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestio´n no desvirtuable que no variara´ aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusio´n a la que ha llegado este o´rgano jurisdiccional tampoco podri´a cambiar. Conclusión. Consecuentemente, dado que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 170, fracción I y 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, éste último aplicado en sentido contrario, conduce a desechar de plano la demanda promovida, ya que de los efectos del acto que se reclama y se tiene como destacado, no se advierte alguna afectación de manera directa e inmediata, que impliquen una imposible reparación a la quejosa en alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Formación de tomo de pruebas Tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante mediante oficio 524/2020-2 de su índice, consistentes en el juicio de nulidad TJ/I-130406/2018 en un tomo y el recurso de apelación RAJ.50204/2019 derivado éste último, del índice de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, existe imposibilidad material para la digitalización de las mismas, motivo por el cual con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena mantener por separado las citadas constancias, identificadas como cuadernos auxiliares I y II; en el entendido que las subsecuentes actuaciones, se llevarán a cabo en el presente cuaderno principal. En ese orden, hágase del conocimiento de las partes que dichas constancias se encuentran a su disposición para consultarse físicamente en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, con las reservas correspondientes cuando se trate de información confidencial. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizado en términos amplios a Servio Tulio Martínez Sánchez, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. De igual forma, se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente y en atención a la certificación de cuenta. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, en las versiones púbicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el oficio 524/2020 signado por la Actuaria del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio correspondiente a la resolución emitida en el juicio de amparo directo DA 37/2020 del que se advierte que la Superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Este tribunal es legalmente INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo promovida por Roberto Juárez Hernández y María Cristina Juárez Hernández. - - - SEGUNDO. Remítase el presente juicio de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de correspondencia Común los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." En ese sentido, remitió los autos del juicio de nulidad TJ/I-5001/2018 del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y los diversos del recurso de apelación 9306/2019 del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en un tomo cada uno. Acúsese el recibo de estilo vía interconexión. Integración del expediente Fórmese el expediente 897/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Se toma conocimiento de la determinación emitida por la superioridad; sin embargo, previo a proveer sobre la incompetencia declinada es necesario destacar que de la lectura integral del testimonio que se remite, se advierte a foja once de la sentencia en comento se ordenó que fueran remitidos los autos originales del juicio de amparo 37/2020 de su índice, donde consta el original del escrito de demanda de amparo directo y sus anexos, hecho que no aconteció, tal y como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En tales condiciones, a fin de proveer lo conducente, se solicita atentamente al Magistrado Presidente del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que sean remitidos los autos originales del juicio de amparo directo DA 37/2020, con el propósito de que este Juzgado Federal se encuentre en aptitud de emitir la determinación correspondiente. Notifíquese.
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