Roberto Jose Eusa Feregrino

Expediente 1094/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1094/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
11/01/2019

Partes del expediente

  • Roberto Jose Eusa Feregrino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia con fecha de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, remítase al Juez Municipal de lo Penal y Civil de San Andrés Cholula, Puebla, las constancias que anexó como justificante de su informe (anexo I). Solicitándole que en el término de tres días, constados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo correspondiente; apercibida que de no cumplir con lo ordenado en el término fijado se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO... SEGUNDO.- PUBLIQUESE...

  3. Incidental

    Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto. Y EN LO QUE INTERESA EL AUTO DE 27/11/2018 DICE: [...] EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO AL JUEZ MUNICIPAL DE LO PENAL Y CIVIL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. SUSPENSIÓN CONCEDIDA: EFECTOS. Ahora bien, respecto al acto reclamado atribuido al juez penal responsable, consistente en la orden de búsqueda, aprehensión y detención, así como su ejecución material por parte de las autoridades responsables ejecutoras, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, que la parte quejosa no sea privada de su libertad personal. Lo anterior siempre y cuando el delito que se le imputa, no se trate de aquellos que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, o bien si dicha orden ya se ejecutó, pues en esos casos el único efecto de la suspensión será que lograda la detención' ésta quede a disposición del suscrito en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal, y a disposición del juez de la causa penal instaurada en su contra para la continuación de la misma. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD La suspensión concedida surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa no cumple con lo siguiente: I. Se ordena a la parte impetrante comparecer ante el juez de la causa y/o agente del Ministerio Público y ponerse a su disposición, con el fin de rendir su declaración preparatoria y/o desahogar diligencias ministeriales; lo anterior, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que conozca el informe previo en el cual se reconozca la existencia del acto reclamado. XXXX XXX II.Con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, deberá otorgar garantía a disposición de este juzgado de distrito, por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, ante y a satisfacción de este juzgado, lo que deberá hacer dentro del plazo de tres días. En el entendido de que el monto de la garantía se fija de manera discrecional, además de que de la lectura íntegra de la demanda no se desprenden los elementos que prevén las tres fracciones del artículo 168 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior que el último párrafo del referido artículo, señale que no se exigirá cuando la suspensión únicamente tenga como efecto que la parte quejosa quede a disposición de este juzgador por lo que hace a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. Sin embargo, en el presente caso la suspensión tiene mayores efectos a los señalados en el artículo 163 de la referida ley, puesto que se ordena a la directa parte quejosa que comparezca ante el juez responsable para continuar el procedimiento y no se prive de su libertad personal en los términos establecidos en el diverso 166 del mismo ordenamiento legal. b) Con fundamento en los artículos 166 y 168 de la Ley de la Materia, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena a la parte impetrante comparecer dentro del término de TRES DÍAS o en el día y hora señalados, ante el juez de la causa y ponerse a su disposición, con lo cual se le harán saber sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad, y se le dará la oportunidad de declarar. c) Presentarse ante el órgano judicial responsable para la continuación del procedimiento o procedimientos penales seguidos en su contra, cuantas veces se le requiera para ello. d) Así mismo, la parte quejosa queda obligada a acreditar dentro del término de cinco días, el exacto cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) que antecede. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LA ORDEN DE ARRESTO RECLAMADA AL JUEZ MUNICIPAL Y CIVIL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. En otro sentido, respecto a las consecuencias del acto reclamado consistente en la orden de arresto, las cuales se traducen también en la privación de la libertad de la parte quejosa, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, esto es, no se ejecute la orden de arresto hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente de suspensión. Así mismo, se hace la aclaración que el otorgamiento de la suspensión provisional se encuentra sujeta a las condiciones siguientes: El acto reclamado no provenga de un procedimiento o autoridad distinta a la señalada como responsable, o se haya emitido con motivo de una orden de aprehensión dictada por autoridad judicial competente en su contra, pues de ser así la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la medida suspensional concedida a su favor no surtirá efecto si las ordenes privativas de libertad libradas en su contra son materia de diverso juicio de amparo o ésta se encuentra gozando de la medida cautelar decretada en diverso incidente de suspensión. Ahora bien, para el caso de que ya se haya ejecutado la orden de arresto, lo procedente es, en términos del artículo 162 de la ley de la materia, decretar la suspensión definitiva a favor del quejoso Roberto José Eusa Feregrino, para el efecto de que cese inmediatamente el acto reclamado hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente de suspensión, esto es, las autoridad responsable, ponga en inmediata libertad al citado quejoso, siempre y cuando se encuentre privado de su libertad con motivo de una orden de arresto decretada como medida o corrección disciplinaria; en la inteligencia de que dicha medida suspensional no surtirá efectos si RXXXX, se encuentra privado de la libertad por encontrarse sujeto a un expediente o proceso de naturaleza distinta o si la orden fue emitida por distinta autoridad a la señalada como responsable ordenadora, pues en tal caso deberá permanecer recluido. No se fija garantía para que surta efectos la medida suspensional concedida, en virtud de que del análisis integral de la de manda de amparo no se advierte la causa generadora de la emisión de la orden de arresto reclamada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega aXXX la suspensión definitiva X---- SEGUNDO. Se concede XXX la suspensión definitiva sXX

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Juez Municipal de lo Penal y Civil de San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, fórmese por separado el anexo I derivado de este expediente, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación que antecede, de la que se desprende que ya obran los informes justificados de las autoridades que fueron señaladas como responsables en el presente sumario; así como que la audiencia constitucional originalmente está prevista para las nueve horas con doce minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, debe atenderse a lo ordenado por el artículo 17 constitucional el cual establece que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, el cual dispone que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado; por ende, con independencia de que no lo soliciten las partes, este órgano jurisdiccional estima que procede diferir de manera anticipada la audiencia constitucional para que transcurra el referido plazo, lo que permitirá a las partes imponerse del contenido del informe justificado y estar en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlos o en su caso, ampliar su demanda, lo cual implica la exacta aplicación de los mandatos constitucional y legal supra invocados. En consecuencia, se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Queda sin efectos la fecha de audiencia originalmente prevista.

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