Roberto José Arellano Crespo
Expediente 1381/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1381/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Roberto José Arellano Crespo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de seis de octubre de la anualidad que transcurre, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Como se hizo hace constar no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(IV)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(IV)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso...Ahora, en el particular, el acto reclamado consiste en el oficio emitido el quince de septiembre de dos mil diecisiete, por el Vice Fiscal de Investigación de Delitos de la Fiscalía General del Estado, en la carpeta de investigación CI/AGS/016572/08-17, en el que, en relación con la petición del aquí quejoso, determinó la improcedencia, por el momento, de señalar una cita para que se le reciba la entrevista ministerial al ahora promovente del amparo, con la consideración de que "se continúa con la investigación inicial y en todo caso, cuando así se requiera se le notificará conforme a derecho, pues al tenor de lo previsto en líneas que anteceden, esta pretensión en una facultad del Fiscal investiga los hechos". De igual manera, negó darle acceso a los antecedentes de la investigación y negó la expedición de copias certificadas. En mérito de lo expuesto, el acto reclamado no es susceptible de control constitucional, habida cuenta que no irroga perjuicio en la esfera de derechos del inconforme, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que el Ministerio Público determine citarlo para comparecer a la investigación y pretenda recabar su entrevista en dicha etapa inicial, en términos del artículo 218, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que forma parte de la facultad constitucional del Ministerio Público. Así es, de acuerdo con el marco normativo antes transcrito, mientras una persona que ha sido señalada o denunciada en una carpeta, no ha sido detenida ni ha sido citada para comparecer ante el juez de control ni se le ha pretendido recibir su entrevista, no tiene, por disposición de la Constitución Federal, el derecho a que se le faciliten los datos que integran esa carpeta de investigación inicial, pues hasta ese momento no se ha determinado su probable participación en el hecho considerado como delito por la ley. Orienta lo expuesto, la tesis I.7o.P.92 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, cuyo literal es: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso- hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación." Se suma que los datos que pudiera contener la carpeta de investigación aún no le irroga perjuicio al quejoso, pues no puede determinarse en este momento que se desembocará en un juicio en su contra, sino que, en todo caso, ello eventualmente acontecerá si se determina procedente la continuación de las etapas del proceso penal. Considerar lo contrario, implicaría entorpecer las facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público. Por lo anterior, como se dijo, la negativa de recabar en este momento la entrevista del quejoso, así como de negarle el acceso a los antecedentes de investigación y expedirle copia de los mismos, no le irroga perjuicio en la fase procesal que ocupa el asunto de origen, pues de lo narrado por el quejoso en la demanda de amparo, se advierte que el Ministerio Público no lo ha citado ni le ha dado intervención alguna, pues se encuentra aún en la etapa de investigación; manifestaciones del inconforme que constituyen confesión expresa en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por la esencia que la rige y por mayoría de razón, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, mayo de 2006, página 49, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Aunado a lo anterior, la integración de la carpeta de investigación reclamada no constituye una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos ni consiste en un resolución de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o de suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Ilustra lo antes expuesto, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, tomo IV, página 2592, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". Finalmente, en las condiciones del caso, los actos materia de reclamo, en modo alguno afectan el derecho de defensa del quejoso, pues los antecedentes de investigación o datos de prueba que llegare a obtener el Ministerio Público en la investigación inicial, no constituyen prueba y por tanto carecen de valor probatorio, de acuerdo con el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de lo anterior, una vez que el quejoso sea citado para recibir su entrevista o, en su caso para formularle imputación ante el Juez de Control, podrá controvertir aquellos antecedentes o datos recabados en la investigación; de ahí que ninguna afectación a la esfera de derechos del impetrante, le causa el solo hecho que el fiscal continúe con la investigación de los hechos denunciados, sin la participación del quejoso y de las personas a quien se atribuya participación en dichos hechos. Ante las relatadas circunstancias, como se dijo, se surte el motivo de improcedencia contenido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5°, fracción I, 6, y 107, fracción VII, este último interpretado en contrario sentido, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente.(IV)
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.(IV)
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