Roberto Jiménez Rodríguez

Expediente 1001/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1001/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Roberto Jiménez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales correspondientes del caso. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese; por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, en la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. EJECUTORA: Notificadora adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS Proveídos dictados el seis de julio y treinta y uno de julio del presente año, dictados en el incidente de rendición de cuentas ********************, mediante los cuales se ordenó el requerimiento de pago y embargo sobre bienes del quejoso, y su ejecución que se tradujo en el embargo de cuentas bancarias. RADICACIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 1001/2023-I. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambas interpretada a contrario sensu, y 217 de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De la fracción XXIII, del citado artículo 61, se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que, en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII, del artículo 61, en comento, vinculada en el caso con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, y 217, todos de la Ley de Amparo, este último en cuanto que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia. Por lo que, con base en tales preceptos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia P./J./32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la citada jurisprudencia, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. La última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, el acto reclamado consiste en lo siguiente: Proveídos dictados el seis de julio y treinta y uno de julio del presente año, dictados en el incidente de rendición de cuentas ********************, mediante los cuales, se ordenó el requerimiento de pago y embargo sobre bienes del quejoso, y su ejecución que se tradujo en el embargo de cuentas bancarias. Del contenido del citado acto, resulta evidente que no se trata de la última resolución dictada dentro del procedimiento de origen, para la procedencia del juicio de amparo indirecto que promueve la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado no constituye aquél que aprueba o reconoce el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni el que ordena el archivo definitivo del expediente. Es así porque, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en esencia el acto reclamado es el auto de seis de julio del año en curso, en el que se ordena el embargo sobre los bienes del quejoso, así como el diverso auto de treinta y uno del mismo mes y año, en el cual se turnaron los autos a la actuaria adscrita a la autoridad responsable para efecto de llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, y se tradujo en el embargo de cuentas bancarias del promovente del amparo, en el incidente de rendición de cuentas ********************. De ahí que, resulta evidente que el acto que por esta vía pretende combatirse no es la "última resolución", ni se trata de cuestiones inherentes al archivo definitivo del asunto. En consecuencia, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de origen, el juicio de amparo resulta improcedente. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a. VIII/98, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución En consecuencia, procede desechar toda vez que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contario sensu, y 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por el acto reclamado consistente en auto de diez de julio del presente año. DOMICILIO No obstante que el quejoso señaló para oír y recibir notificaciones un domicilio ubicado fuera de la residencia de este juzgado de distrito, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle ******************** y le haga del conocimiento el presente auto. Asimismo, deberá requerirle para que, en el momento de la diligencia respectiva o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a la persona que menciona, se tiene por autorizada en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. JUICIO EN LÍNEA En términos de lo que establecen los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. En ese sentido, téngase como medio alternativo de contacto el número telefónico que señala en su demanda para tales efectos. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye a la coordinadora de actuarios de este órgano jurisdiccional, capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, Fracción I, Inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés y por esta vía se notifica al quejoso Roberto Jiménez Rodríguez el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, el cual, en lo que interesa, señala: hora bien, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambas interpretada a contrario sensu, y 217 de la Ley de Amparo (.) En consecuencia, procede desechar toda vez que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contario sensu, y 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por el acto reclamado consistente en auto de diez de julio del presente año.

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