Roberto Javier Mendoza Borges

Expediente 434/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
434/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Roberto Javier Mendoza Borges

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 12103/2022, de treinta de marzo de dos mil veintidós, con el cual se le remitió el original del juicio de amparo 434/2022-5, del índice de este juzgado; asimismo, informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Yuli Rosa Álvarez Martínez, en representación de Roberto Javier Mendoza Borges, Claudia Licea Cala, Elaine Blanca Cala González, Fidel Alejandro Fleitas Verdecia y Zaily Nieves Tamayo, contra actos de la Delegación Regional y Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, el Delegado del Instituto Nacional de Migración Delegación Regional Villahermosa, Tabasco, y el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez de Villahermosa, Tabasco, quedando registrado con el número de expediente 450/2022-II-2, de su índice. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso i), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, refiere que su representada se encuentra impedida para cumplir con la exhibición de los títulos de crédito en favor de los aquí quejosos TRINIDAD RODRÍGUEZ SOSA, ÁNGEL GONZÁLEZ MORALES, ABSALÓN CORREA ASCENCIO Y CESAR AUGUSTO HEMÁNDEZ MAYO, que asciende en total a la suma de $222,865.37 (doscientos veintidós mil ochocientos sesenta y cinco pesos 37/100 moneda nacional), en virtud de que mediante acta de cabildo de la VIII Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco de diecisiete de diciembre pasado, se aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto de egresos del municipio, así como el operativo anual del ejercicio fiscal 2022, e indica que será destinado un monto de $1,248,321.00 (un millón doscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional), para hacer frentes a las sentencias condenatorias de pagos de laudos laborales. De igual forma en relación a la estimación fiscal de los ingresos de fondo municipal de participaciones contempladas en la Ley de Ingresos del municipio de Jalapa, Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2022, se destinará un monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) de las ministraciones otorgadas para hacer frente a las sentencias condenatorias de pagos de laudos laborales, por lo que concluye que para la partida presupuestal de OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES se destinó la cantidad de $1,448,321.00 (un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional). Luego de ello, en el Acta de Cabildo de la II Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se aprobó un monto determinado para hacer frente a laudos de diversos expedientes por una suma de $1,068,710.26 (un millón sesenta y ocho mil setecientos diez pesos 26/100 moneda nacional), por lo que no existe suficiencia presupuestal para realizar los pagos en el presente expediente. De lo anterior se toma conocimiento y se puede advertir su actuar contumaz, en virtud de que como bien refiere la cantidad que se solicita para expedir los títulos de crédito en favor de los aquí quejosos TRINIDAD RODRÍGUEZ SOSA, ÁNGEL GONZÁLEZ MORALES, ABSALÓN CORREA ASCENCIO Y CESAR AUGUSTO HEMÁNDEZ MAYO, resulta en total de $222,865.37 (doscientos veintidós mil ochocientos sesenta y cinco pesos 37/100 moneda nacional), y no obstante ello, omiten dentro de su programación de pagos al expediente laboral de origen que motivó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, y sus reformas contenidas en los diversos 25/2020 al 1/2022, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a las responsables a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles, remita copia certificada de las constancias de las cuales se desprenda el requerimiento a la demandada Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, a fin de que den cumplimiento a exhibir los títulos de crédito que amparen las sumas de: TRINIDAD RODRÍGUEZ SOSA por la suma de $35,282.61 (treinta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos 61/100 moneda nacional). ANGEL GONZÁLEZ MORALES por $11,885.17 (once mil ochocientos ochenta y cinco pesos 17/100 moneda nacional). ABSALÓN CORREA ASCENCIO por la cantidad de $117,727.06 (ciento diecisiete mil setecientos veintisiete pesos 06/100 moneda nacional). CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ MAYO por la suma de $57,970.53 (cincuenta y siete mil novecientos setenta pesos 53/100 moneda nacional). BALTAZAR PINTO SARRACINO por $3,110,544.72 (tres millones ciento diez mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional). Asimismo, con apoyo en los numerales citados, en relación con el 197 de la ley de la materia, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, como órgano colegiado (integrado por sus síndicos y regidores), así como a cada uno de los funcionarios públicos que lo integran, a saber: Fernando Emilio Priego Zurita, Primer Regidor y Presidente Municipal. María Elena Lora Pérez, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda. Eva Leticia López Andrade, Tercer Regidor. Carla Yuridia Rodríguez Pérez. Cuarto Regidor por el Principio de Representación Proporcional. Guadalupe Méndez Torres, Quinto Regidor por el Principio de Representación Proporcional. José Antonio Hernández Hernández, Director de Finanzas. Luis Enrique Pérez Alvarado, Director de Programación. Marco Antonio Silván Hernández, Director de Administración. Para que dentro del plazo de CINCO DIAS HÁBILES, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remitan copia certificada de las constancias con las cuales se acrediten los trámites necesarios para la continuación de la expedición y exhibición de los restantes títulos de crédito en favor de los quejosos BALTAZAR PINTO SARRACINO y otros, por las sumas referidas en la presente determinación. Con el apercibimiento a las autoridades responsable y vinculadas, que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará efectiva la medida de apremio decretada en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, esto es, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. No obstante lo anterior, si finalizado el lapso que les fue otorgado, éstas no efectúan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se continuará con el trámite respectivo, previsto en la Ley de Amparo y el Acuerdo 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que deben realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, aplique los apercibimientos referidos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo". Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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