Roberto Javier Lozano Guerra

Expediente 1064/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1064/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/01/2019

Partes del expediente

  • Roberto Javier Lozano Guerra

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el proveído por el que se desechó la demanda, por lo que ha causado estado, en consecuencia, archívese; haciendo del conocimiento de las partes que es susceptible de depuración.

  2. Principal

    (CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1064/2018. La parte quejosa señaló como acto reclamado: ".LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO *, ILEGALMENTE INCOADA EN MI CONTRA POR LA POSIBLE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL.las consecuencias y efectos jurídicos inherentes al acto reclamado." Y como autoridad responsable al "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LICENCIADO MANUEL GALLEGOS GUZMÁN, TITULAR DE LA UNIDAD SIN DETENIDO NÚMERO 01 (UNO) DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL CUH-07, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) y DIRECTOR DE CONSIGNACIONES PENALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL". Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama el pliego de consignación de la averiguación previa *; acto que, se estima, no supone una afectación cierta e irreparable a sus derechos sustantivos. Lo anterior es así, pues en términos del arábigo 21 constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, quien en ejercicio de ella, practica diligencias dentro de la averiguación previa a fin de probar la comisión del injusto penal, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que por sí mismas no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, ya que son de orden público; desde luego, siempre y cuando con éstas no se ordene la privación de su libertad, posesiones o derechos. Por lo que si el inconforme indica como acto la consignación de la aludida pesquisa, de acuerdo al criterio del suscrito, dicho acto no le irroga perjuicio y menos aún viola sus derechos fundamentales, puesto que el Ministerio Público, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los ordinales 21 y 102 de la Carta Magna, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, ejercer o no la acción penal; hecho este último que por sí mismo no transgrede la esfera jurídica del inconforme, ya que con su sola consignación no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, ya que al juez del proceso le corresponderá, en todo caso, resolver sobre el pedimento del representante social, y la determinación que se emitiera es la que podría vulnerar aquéllos. En tal virtud, con fundamento en el precepto 113 de la ley reglamentaria se desecha la demanda, debido a que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo.

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