Roberto Javier Cuaustumal Narváez y Otros.

Expediente 1309/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1309/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Roberto Javier Cuaustumal Narváez y Otros.
  • Roberto Javier Cuaustumal Narváez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, solicita le sean remitidos mayores datos de identificación del quejoso tales como, fecha de nacimiento (día, mes y año) y nacionalidad (CURP y/o RFC), a efecto de descartar las posibles homonimias. Fundamentación. Artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos, se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos, sin que se haga mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintiséis de junio pasado se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo cual causó estado el nueve de agosto siguiente. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Escrito. El promovente del amparo manifiesta que desconoce el lugar en que se encuentra el quejoso ya que "el familiar que lo contrató" no le contesta el teléfono, por ello, se desiste de la demanda. Fundamentación. Artículo 15, de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. I. Efectivo apercibimiento Se hace efectivo el apercibimiento al promovente del amparo, toda vez que no cumplió con el requerimiento realizado mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintitrés; esto es, que proporcionara el lugar donde puede ser localizada la persona de nombre en consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por II. Por no presentada la demanda respecto de los demás quejosos. Ahora bien, respecto a los quejosos se estima actualizada la hipótesis prevista en la parte final del párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, que al no haberse cumplido con la exigencia legal para la prosecución del juicio de amparo -ratificación de los directos quejosos-, ésta debe tenerse por no presentada. Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son parte agraviada las personas que han sufrido un agravio y se refiere, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses. Sobre este punto, es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PARTE AGRAVIADA, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Las palabras "parte agraviada" se contraen a las personas que han sufrido un agravio y se refieren, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses." Ahora, el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; y, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley. Como excepción a esa regla general, el artículo 15 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Precisa que, en esos casos, el órgano de amparo decretará la suspensión de los actos, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Empero, dispone que, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; y, precisa que si la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias. En el presente caso, al haberse corroborado que los quejosos sí estuvieron en la estación migratoria, pero se les otorgó salida el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, como lo refiere la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida a su favor, para los efectos legales correspondientes. Quedan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente, debiendo hacerse del conocimiento de las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese; y vía electrónica al promovente.

  4. Principal

    L. 5 San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. En atención a la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que exhibiera la garantía y continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada en interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la suspensión definitiva concedida a los quejosos********************ha dejado de surtir efectos, por lo que están en posibilidad de ejecutar el acto reclamado. Escrito. El tercero interesado ********************, solicita se certifique que el aquí quejoso no exhibió la garantía establecida en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil veintitrés; y seguido lo anterior, se le informe a la responsable que la suspensión definitiva ha dejado de surtir efectos. Dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en el que se proveyó lo conducente. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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