Roberto Iván Quintero Martínez

Expediente 711/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
711/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Iván Quintero Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se ordena la devolución de un tomo de prueba, que envió el Juez en cuanto autoridad responsable como complemento a su informe justificado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ... para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó a su informe justificado el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. Al respecto, el juez provee: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: En razón que ninguna de las partes los hicieron valer, se tiene por precluido el derecho a formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Roberto Quintero del Ángel, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que estimó violatorios del artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito en el Estado, por lo que en auto de treinta de junio de dos mil veintidós (foja 7), se ordenó su registro y admitió a trámite con el número 711/2022; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le competey se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. Posteriormente, el tres de agosto de dos mil veintidós (foja 23), se reconoció como tercero interesado a Ernesto Aguirre Soto, por figurar como actor dentro del juicio sumarísimo civil de origen. Finalmente, seguido el juicio por su cauce legal, el tres de agosto de la anualidad que transcurre (foja 23) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a diversas autoridades que residen dentro de los límites territoriales del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Roberto Quintero del Ángel reclama a las autoridades, lo siguiente: Actos reclamados: a) La orden de desalojo del inmueble ubicado en Boulevard Juan Pablo II, esquina con calle Río Usumacinta, Colonia San Rafael de La Piedad, Michoacán, pronunciada en el juicio sumario civil 43/2022, que sobre terminación de contrato escrito de arrendamiento promovió Ernesto Aguirre Soto, frente a María Guadalupe Martínez Olivares y a Jorge Efraín Quintero Martínez, así como su ejecución material; y, b) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y su ejecución material. Los cuales atribuyó a las siguientes autoridades: *Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. *Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán; y, *Director de Seguridad Pública Municipal de La Piedad, Michoacán. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y su ejecución material, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados que obran en las fojas 16 y 20, en el sentido que no se giró mandamiento de captura en contra del quejoso. Con dichos comunicados se les dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido; pese a ello, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además que la existencia de los actos reclamados a las autoridades indicadas, fue negada de forma lisa y llana, dichas aseveraciones tampoco generaron motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a tales autoridades a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ellas atribuido, porque la naturaleza de su aseveración las liberó de la carga probatoria y la trasladó a la inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de esos entes de gobierno, por eso a ésta correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades mencionadas en el presente considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Existencia de los actos reclamados. El Juez y el actuario responsables al rendir su informe justificado conjunto, refirieron que son ciertos los actos reclamados, consistentes en la orden de desalojo del inmueble ubicado en Boulevard Juan Pablo II, esquina con calle Río Usumacinta, Colonia San Rafael de La Piedad, Michoacán, pronunciada en el juicio sumario civil 43/2022, que sobre terminación de contrato escrito de arrendamiento promovió Ernesto Aguirre Soto, frente a María Guadalupe Martínez Olivares y a Jorge Efraín Quintero Martínez, así como su ejecución material. Determinación de certeza que se impone hacer extensiva al Director de Seguridad Pública Municipal de La Piedad, Michoacán, pese a la negativa manifestada en su informe justificado (foja 20), tomando en cuenta que de las constancias del juicio de origen se desprende que en auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, el Juez responsable le giró oficio para que asignara elementos para que auxilien en el desalojo. Lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañó el juez responsable a su informe, deducidas del juicio sumarísimo civil número 43/2022, sobre terminación de contrato escrito de arrendamiento, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán. Constancias que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinta. Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia invocadas por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, una vez analizadas las constancias existentes en autos se advierte que procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: Tratándose del interés jurídico: Es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo: Se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2ª./J. 51/2019 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el caso concreto, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclama actos provenientes de una autoridad judicial. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica, uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, relativo a la titularidad de la parte quejosa en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester analizar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso la parte quejosa reclama la orden de desalojo del inmueble ubicado en Boulevard Juan Pablo II, esquina con calle Río Usumacinta, Colonia San Rafael de La Piedad, Michoacán, pronunciada en el juicio sumario civil 43/2022, que sobre terminación de contrato escrito de arrendamiento promovió Ernesto Aguirre Soto, frente a María Guadalupe Martínez Olivares y a Jorge Efraín Quintero Martínez, así como su ejecución material. Lo anterior, bajo el argumento que dicho bien es de su propiedad y porque además, al interior del mismo hay bienes materiales de los que también es propietario. Luego, para una mejor comprensión del caso en estudio se estima necesario relatar brevemente los antecedentes del acto reclamado: I. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, Ernesto Aguirre Soto por conducto de sus apoderados jurídicos, promovió en la vía sumarísima civil demanda sobre terminación de contrato escrito de arrendamiento de bien inmueble y otras prestaciones, frente a María Guadalupe Martínez Olivares y Jorge Efraín Quintero Martínez; II. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite el juicio en la vía sumarísima civil, y ordenó el debido emplazamiento a la parte demandada; III. El ocho y nueve de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte demandada Jorge Efraín Quintero Martínez y María Guadalupe Martínez Olivares, contestando la demanda planteada en su contra y oponiendo defensas y excepciones; IV. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia judicial y se dictó sentencia definitiva; V. En proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado jurídico de la parte demandada, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva; VI. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, a petición del apoderado jurídico de la parte actora, se ordenó realizar los trámites correspondientes a la ejecución de sentencia; y, VII. En proveído de nueve de mayo del multicitado año, señaló las diez horas del quince de junio del presente año, para poner en posesión real y material de la parte actora el inmueble ubicado en el Boulevard Juan Pablo Segundo, número 300, colonia San Rafael de la ciudad de La Piedad, Michoacán; y autorizó el uso de la fuerza pública y empleo de cerrajero; así como el auxilio de los elementos que están a cargo del Director de Seguridad Pública de La Piedad. Expuestos los antecedentes procesales del juicio de origen, concluimos que la parte quejosa Roberto Quintero del Ángel es persona extraña autentica al procedimiento del que emanan los actos reclamados, ya que no es parte material en el mismo, es decir, no figura como actor ni como demandada, ni en su contra se dictó la sentencia que en definitiva resolvió el juicio que reclama, situación que también informó el juez responsable. Además, de la lectura integral de la demanda de amparo es posible advertir que la parte quejosa acude a esta vía constitucional alegando y afirmando la transgresión a la posesión que dice deriva de su calidad de propietario, ya que dice es su domicilio el ubicado en el boulevard Juan Pablo II, esquina con calle Río Usumacinta, colonia San Rafael de La Piedad, Michoacán, dado que es el dueño del negocio desde hace tiempo y vive en esa casa. Así es, dado que el quejoso no resiente la calidad de parte procesal y por ende, adquiere la calidad de tercero extraño a la controversia de origen, que es precisamente, con la que se ostenta en la presente contienda constitucional; sin embargo, tal calidad resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico indispensable para instar a la presente controversia constitucional. En efecto, para que los terceros a la relación jurídica procesal puedan promover eficazmente el juicio de amparo deben demostrar su respectivo interés jurídico; en el caso, acreditar la posesión del inmueble del que se dice se ordenó la entrega y desocupación, conforme a la causa generadora o derecho que la justifique, así como el poder de hecho en que la misma se traduce. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues determinó que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Así, la parte quejosa, para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional debió justificar dos extremos: a) Que por virtud de un título que se sustenta en una figura jurídica o precepto legal (contrato de promesa de venta y recibos de pago) es poseedora del inmueble referido en la demanda de amparo; y, b) Que el inmueble del que dice ser poseedora guarda identidad con aquel que es objeto de afectación por virtud de los actos que se reclaman. Sin embargo, el impetrante del amparo no ofreció ni anexó documento alguno para acreditar su legitimación para acudir a esta vía constitucional. Apoya lo anterior, la tesis 2a. LIII/97, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." Por tanto, debido a que la parte quejosa, se abstuvo de aportar medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar la propiedad del inmueble del que ostenta como tal, el cual fue materia de la litis en el juicio de origen; consecuentemente, es incuestionable que tampoco acreditó su interés jurídico, por ende, este juzgador se encuentra impedido para analizar el fondo del asunto, aunado a que al solicitante de amparo le corresponde la carga probatoria de acreditar el interés que dice tener. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En las apuntadas condiciones, si el quejoso no acreditó el derecho de ser llamado a juicio a deducir sus derechos al no acreditar la posesión que dice tener sobre el bien inmueble materia de la litis en el contradictorio natural, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio para la protección de derechos fundamentales, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del citado ordenamiento. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de la que se ha dado noticia y se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a este juzgador para efectuar al análisis de los conceptos de violación planteados. Siendo aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento de que se trata, se hace extensivo a los actos de ejecución igualmente reclamados a las autoridades ejecutoras, toda vez que los mismos no se combaten por hechos propios, sino que su inconstitucionalidad depende de los reclamados a la autoridad ordenadora. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Sin que sea óbice para asumir la presente decisión judicial, la circunstancia relativa a que en su demanda el quejoso, aduzca infringido el interés superior de su menor hija, de quien no señaló su nombre ni edad, al señalar en esencia que si se le despoja del predio, ésta quedaría desamparada y sin un hogar a donde ir. Lo anterior, porque la aplicación del referido principio de protección a su menor hijo, no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Pag. 772, Décima Época, registro 2006485, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la diversa tesis aislada XXVII.3o.129 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia Constitucional, Común, Página 2389, Décima Época, Registro 2018163, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UN MOTIVO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA PROTECCIÓN DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE UN MENOR. El numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el párrafo séptimo del artículo 4o. constitucional dispone que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. En este contexto, si en el juicio de amparo el representante legal de un menor invoca el principio del interés superior de la niñez y afirma, subjetivamente, que el acto reclamado (consistente en el embargo de un inmueble), le generará daños a su bienestar, desarrollo y al derecho de contar con una vivienda, sin demostrar que el infante es titular de un derecho legítimamente tutelado, ello es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, ya que la aplicación de dicho principio no implica inobservar los requisitos para la procedencia del juicio, ni constituir derechos a favor del menor." Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 35, 37, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Quintero del Ángel, por propio derecho, contra actos de las autoridades precisadas en el resultando primero y por las razones expuestas en las consideraciones tercera y quinta de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, en específico de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que Ernesto Aguirre Soto es la parte contraria en el juicio de origen al del aquí quejoso; por tanto, con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada, quien puede ser emplazada en el domicilio ubicado en calle 5 de mayo número 255, letra "A", de la ciudad de La Piedad, Michoacán. En consecuencia, con el fin de emplazar a la parte tercera interesada al presente juicio, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para hoy y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. En tal virtud, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, se ordena girar atento despacho al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, para que en auxilio de las funciones de este juzgado comisione personal a su digno cargo para que realice lo siguiente: a) Se constituya en legal y debida forma en el citado domicilio y con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento del tercero interesado Ernesto Aguirre Soto, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar al tercero interesado o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio y de la presente determinación, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber que se fijaron las once horas con cincuenta minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza al actuario adscrito para que tome las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y h) Por último, hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sin que obste para llevar a cabo la diligencia encomendada, el hecho de que al recibir la comunicación oficial respectiva haya transcurrido la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en ese supuesto este Juzgado Federal proveerá lo conducente en relación con su diferimiento, el cual se notificará por lista. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se solicita al juzgado auxiliar para que acuse recibo de la comunicación oficial correspondiente por vía fax al número 01 44 33 21 54 41, o al correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, se requiere a la autoridad auxiliar, para que realizado el emplazamiento, verifique que la diligencia se haya llevado a cabo de conformidad con los lineamientos en los incisos que anteceden, tomando como base los preceptos legales que en ellos se contienen, ya que de no ser así, deberá ordenar que se realice nuevamente e informarlo de manera inmediata a este juzgado por vía acelerada. Una vez realizada la diligencia requerida, de inmediato deberá enviar a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que acrediten lo encomendado, o bien, informar el impedimento legal o material que haya surgido para no realizarla, con el apercibimiento que de no hacerlo de acuerdo con el artículo237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista y mediante despacho al tercero interesado. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez y la Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que anexa en apoyo a su informe. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y con dichas documentales se ordena formar un tomo de prueba. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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